Del basurero de Cocula a las funerarias de Iguala El Sur de Acapulco

Centro de Derechos Humanos de la Montaña, Tlachinollan

El pasado 9 de marzo dos equipos interdisciplinarios de la Unidad Especial de Investigación y Litigio del Caso Ayotzinapa (UEILCA) iniciaron los trabajos de búsqueda en la funeraria Rueda cuyos terrenos colindan con las instalaciones del Servicio Médico Forense (Semefo) de Iguala. Cinco meses antes, en octubre de 2025 detuvieron a Rodolfo Rueda Sebastián y Rodolfo Rueda Mazón propietarios de las funerarias Rueda y El Ángel acusados por delincuencia organizada.
Con estas detenciones junto con la del nutriólogo Irvin Arroyo Aranda en el mes de noviembre y la del director de Tránsito y Vialidad Mauro Antonio Mosso, en marzo pasado, el fiscal Mauricio Pazarán, ignorando las líneas de investigación en las que reiteradamente han insistido las madres y padres, como la entrega de los 856 folios que están en manos de la Sedena y la relacionada con el paradero de 17 estudiantes que fueron retenidos en barandilla municipal, el funcionario federal ha focalizado todos los esfuerzos institucionales en las funerarias de Iguala.
Las madres y padres se sorprendieron de la invitación que hizo extensiva el presidente de la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia en el caso Ayotzinapa (Covaj), Arturo Medina, para que conocieran los hallazgos que el equipo de búsqueda en campo había tenido en una funeraria de Iguala. A las 9 de la mañana del 20 marzo acudieron a la cita con el subsecretario que llegó en helicóptero.
Les informaron de las detenciones realizadas y que habían asegurado la funeraria porque encontraron muchas irregularidades. No solo había cámaras frías con cuerpos de 2022, 2023 y 2024, los registros de los cuerpos en lugar de que estuvieran bajo custodia del Semefo, eran los dueños de la funeraria los que tienen el control. Les informaron que habían ubicado un crematorio clandestino y que cuando hicieron el cateo también encontraron una bolsa con restos de 2014. Los funcionarios no supieron explicar cómo llegó ahí. Uno de los padres cuestionó con dureza “hemos estado buscando a nuestros hijos por más de 11 años y ahora resulta que encontraron una bolsa con restos de aquel año. ¿Cómo les vamos a creer? Si antes en este lugar no estaba la funeraria. Antes aquí no había nada, los mismos mapas señalan que era un terreno baldío, ¿cómo nos van a decir que esa bolsa es auténtica? Antes necesitamos que la revisen nuestros expertos, las compañeras del equipo argentino, para saber de qué se trata”.
Algunos padres recordaron que en este lugar no había ninguna funeraria. Un hermano del joven Jhosivan Guerrero de a Cruz, uno de los tres normalistas identificados, relató los recorridos que realizó en varias colonias de Iguala y testificó cómo fue que caminó en varias ocasiones por estos parajes. “Antes no había nada en este lugar, por eso no confiamos en lo que nos dicen, porque ahora ya hablan de una bolsa con restos, sin que nos digan cómo los obtuvieron y quiénes fueron los que identificaron”.
Se sabe que la funeraria Ángel, cuya propietaria es la misma familia Rueda, tenía sus instalaciones cerca de una escuela, sin embargo, desde hace varios años tuvieron que cambiarla porque llegaba el olor a las niñas y niños. Por eso ahora la reubicaron como funeraria Rueda donde actualmente está el Semefo, a unos metros de la gasolinera.
La reunión se realizó en un espacio que sirve de estacionamiento de la funeraria. Las fachadas estaban remodeladas y en partes en obra negra. Las carrozas, rotuladas con “SEMEFO” permanecían en desuso, seguramente porque desde octubre de 2025 el inmueble fue asegurado. Los padres y madres escucharon con extrañeza la información que tanto el fiscal Pasarán como el subsecretario Arturo Medina les relataban. Los rostros de incredulidad eran muy evidentes, porque el relato no tenía lógica y tampoco se sostenía. Fueron pasajes que ya se abordaron en los informes del GIEI y que los familiares recorrieron en varias ocasiones por estos lugares y otros más.
Fue una reunión muy tensa, no solo porque el lugar no era el adecuado, sino porque la información era muy endeble. Aún así las autoridades invitaron a las madres y padres a recorrer el lugar para que vieran el estado en que se encuentran los crematorios, para que vieran las bolsas con cuerpos dentro de las cámaras frías y para que conocieran el crematorio clandestino que no aparece registrado en el mismo Semefo que maneja la familia Rueda.
En el recorrido las autoridades informaron los cambios que tuvieron las instalaciones de la funeraria desde 2014 hasta 2025. Lo más grave es que encontraron muchas irregularidades vinculadas con el Semefo. Con estas calamidades es increíble constatar el trato que les dan a las personas fallecidas. Son instituciones para delinquir, negocios redondos que florecen al amparo del poder. Funcionan como franquicias que establecen alianzas con grupos de la delincuencia para hacer que funcione la maquinaria de la muerte. ¿Qué garantías puede tener un familiar que quiere cremar a un ser querido con este tipo funerarias, que tiene crematorio clandestino y que tiene en sus cámaras a varios cuerpos abandonados?
Hasta después de 11 años se han dado cuenta las autoridades federales (porque las locales lo consentían) cómo funcionaban estas funerarias y en manos de quién estaba el Semefo. Cuántos crímenes se cometieron en este lugar, máxime que la gente del lugar comenta que había un camino de terracería donde entraban camionetas a tirar lo cuerpos en la barranca que colinda con la funeraria.
En este recorrido los familiares encontraron ropa, cuerpos que llevan años sin que se puedan entregar a sus familiares. Lo insólito fueron los crematorios en un estado sumamente desquiciante y un Semefo dado al traste como pasa con la mayoría de ellos en el estado. Funcionando de manera irregular, prestándose a negocios truculentos, trabajando para la delincuencia y haciendo más cruento el dolor de las personas que son víctimas de la violencia.
Los familiares nuevamente manifestaron su enojo porque los llamaron para darles noticias sin sustento. Esto mismo pasó hace varios meses cuando la Covaj los invitó a Iguala para que se les informara de las búsquedas que estaban haciendo en el rancho de el Gil. Al final no hubo algún hallazgo, más bien, se sintieron maltratados y ofendidos porque juegan con su dolor y su pena. Esta visita no solo los obligó a dar la vuelta desde sus comunidades, sino que además les siembran más dudas y desconcierto. Porque están regresando las autoridades a la línea de Peña Nieto, de que los 43 normalistas fue un asunto de la delincuencia local con la participación de policías y autoridades municipales. Una madre con mucha razón decía: “Tenemos experiencia de los engaños del gobierno”, y por eso las autoridades tienen la obligación de explicarnos cómo es que permaneció la bolsa de restos durante más de 11 años y cómo fue que la encontraron. Si no lo aclaran quiere decir que también están diciendo mentiras.
Con la reunión, aparte del coraje la situación se enreda más con las autoridades porque los padres y madres ven que no priorizan las líneas de investigación que las familias y el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) consideran claves.
Reclamaron que a pesar de que un juez ordenó que el Ejército entregue los 856 folios, no se ha atendido esa orden. Han dejado las líneas de investigación que las madres han insistido. Es necesario jalar todos los hilos, pero el hilo más grueso que es el Ejército, no lo han tocado.
“¿Cuándo van a hacer lo del GIEI? ¿Cuándo van a empezar con los folios? En 11 años que pasaron ya, ¿no creen que alguien en su momento haya limpiado?”, reclamó don Mario, padre de César Manuel González Hernández. El hermano de Joshivani reiteró “lo buscábamos en vida”, pero en el peor de los escenarios no vamos aceptar pequeños restos, sino “el cuerpo completo”. Ese es mi reclamo.
Las madres y padres con el deseo de tener más indicios sobre el paradero de sus hijos aceptaron hacer el recorrido de la funeraria y del Semefo. “Todo huele a muerto”, decían. Los cuerpos apilados, ropa ensangrentada. Espacios marcados con cinta amarilla. Bajaron unas escaleras donde la tierra tenía rastros de que habían quemado un colchón. En ese lugar las autoridades, los peritos y investigadores encontraron una prótesis y otros objetos.
Vieron un pozo bajo sospecha con varios puntos. En un filo pequeño permanecía el horno clandestino con el piso supuestamente con “grasa” propia de cuerpos humanos. A unos metros los peritos escarbaban la tierra y con cribadora meticulosamente revisaban si había algún indicio. A pesar del ambiente lúgubre no se puede decir o asegurar que haya algo objetivamente que lleve al paradero de los normalistas desaparecidos.
Las madres y padres se fueron desilusionados y enojados, porque notan que a las autoridades no les interesa su dolor y sufrimiento. Lo que quieren es quedar bien con la Presidenta, de presentarle resultados, de hacerle creer que se va avanzando en la investigación. Las autoridades están muy lejos de que se solidaricen y sientan en lo más hondo de su corazón lo que las madres y padres sufren. No hay empatía, más bien prevalece una relación ríspida dominada por un clima de desconfianza.
Lo más duro para las madres y padres es que con estos intentos que hace la Fiscalía, es una mala señal, porque quieren encontrar algún resto en la funeraria. Ya les enseñaron una bolsa con restos del 2014. Aunque nadie sabe quién la llevó, falta saber de quién son. La experiencia del basurero de Cocula les ha enseñado que ya no pueden confiar en el gobierno, que solo depositarán su confianza en personas expertas, para no repetir más el relato falaz de la verdad histórica

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