LA MITAD DEL CIELO/ La Ley de Herodes: corrupción, violencia política e impunidad en Iguala, Guerrero Entresemana.mx
MURIEL SALINAS DÍAZ
SemMéxico, IGUALA, Guerrero. María del Rosario Bustillos Muñoz (PAN), regidora municipal de Iguala de la Independencia, Guerrero, ha denunciado públicamente desde hace tiempo presuntos actos de corrupción: desvío de recursos, simulación y presupuestos inflados en obras públicas a cargo del Ayuntamiento, actualmente presidido por Erick Catalán Rendón, alcalde por la alianza Morena–PT–PVEM.
Posteriormente, la regidora denunció al presidente municipal por posible violencia política en razón de género, pues, derivado de sus acusaciones, comenzó a ser objeto de amenazas, acoso político y obstrucción en el ejercicio de su cargo. En su denuncia solicitó medidas de protección, argumentando que teme por su seguridad y por su vida.
En febrero de 2026 la regidora solicitó el acompañamiento del Nodo Región Norte para Prevenir y Atender la Violencia Política contra las Mujeres en Razón de Género, coordinado por la Red para el Avance Político de las Mujeres Guerrerenses, para dar seguimiento a su denuncia.
Ese mismo mes la Red sostuvo una reunión con titulares de la Secretaría General de Gobierno, el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Guerrero, el Tribunal Electoral del Estado de Guerrero y la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales, en la que se acordó firmar un convenio para formalizar la articulación del modelo de Nodos Regionales de cara al proceso electoral que se avecina. En la reunión estuvo presente la regidora de Iguala, quien volvió a exigir a las autoridades la inmediata adopción de las medidas de protección solicitadas, por temor a por su vida. La respuesta oficial de la Secretaría de Seguridad Pública a la autoridad electoral fue que no cuentan con personal suficiente para atender dicha petición, por lo que la regidora permanece sin protección y en una situación de riesgo que se agrava.
El pasado 9 de abril, la Sala Regional Ciudad de México del TEPJF emitió la sentencia SCM-JDC-36/2026, mediante la cual confirmó la resolución previa del Tribunal Electoral Local, declarando inexistente la violencia política contra las mujeres en razón de género denunciada por la regidora en contra del presidente municipal de Iguala.
Dicha resolución ha venido como anillo al dedo al alcalde igualteco, que no solo la ha asumido como una victoria política, sino que, en el contexto municipal y estatal, envía un mensaje de impunidad y coloca a la parte denunciante en una posición aún más crítica de riesgo.
La regidora ha continuado denunciando en distintos medios que las amenazas en su contra han aumentado y que teme por su vida, mientras las autoridades estatales siguen sin otorgarle las medidas de protección solicitadas.
Por si fuera poco, el pasado 9 de abril, en una sesión de Cabildo, el Presidente Municipal de Iguala, junto con la mayoría de las y los ediles, aprobaron una reforma al reglamento interno del Ayuntamiento, mediante la cual se restringe a los integrantes del Cabildo para que no puedan informar sobre las decisiones relacionadas con el manejo del presupuesto y la obra pública municipal. Medida que resulta anticonstitucional y violatoria del derecho de la ciudadanía a estar informada sobre las decisiones del gobierno municipal.
Lo más preocupante es la gran cantidad de autoridades municipales que desconocen y desacatan sus obligaciones, tomando decisiones abyectas y anticonstitucionales que ponen de manifiesto prácticas de corrupción y simulación en el manejo de los recursos públicos, así como el creciente ejercicio de la violencia política que ejercen los presidentes municipales en agravio de sus opositores y contra quienes denuncian la opacidad y la corrupción.
El INAFED y la Coordinación General de Fortalecimiento Municipal del gobierno del estado de Guerrero deben reforzar su labor y trabajar con las autoridades municipales en capacitación constante para evitar la reproducción de prácticas como estas y la violación de derechos humanos. No obstante, estas instituciones han quedado en el olvido y no son prioridad ni para el gobierno federal ni para las entidades federativas, mientras la descomposición de los gobiernos municipales y su cooptación por personajes corruptos y grupos criminales avanza.
Sin duda, el principal desafío que enfrenta hoy la vida democrática de nuestro país es limpiar de corruptos y criminales la representación política en todos los niveles, pero muy especialmente en el ámbito municipal.
En lo referente a la labor de las autoridades jurisdiccionales electorales, resulta preocupante la cantidad de resoluciones que concluyen que no se acredita la violencia política contra las mujeres en razón de género. De acuerdo con el Índice sobre Violencia Política contra las Mujeres en Razón de Género y Acceso a la Justicia Electoral en el Estado de Guerrero (Tribunal Electoral del Estado de Guerrero, Centro de Investigación y Proyectos para la Igualdad de Género, A.C., 2026), el 57.78% de las sentencias emitidas por el Tribunal Electoral del Estado de Guerrero determinan que no se acredita esta violencia denunciada, lo que indica que el umbral probatorio para acreditar este tipo de infracciones electorales se vuelve cada vez más complejo de superar. Ello se debe, entre otros factores, a que la violencia política contra las mujeres —especialmente en el ámbito municipal— ocurre en contextos donde prevalece la violencia criminal, un clima de violencia política generalizada asociado a la polarización entre fuerzas políticas, y contextos de violencia feminicida, lo que complica acreditar los elementos de género en los casos de VPMRG.
Por último, resulta urgente fortalecer con más elementos y recursos a la Secretaría de Seguridad Pública del estado de Guerrero, pues hay un incontable número de casos de violencia política contra las mujeres en razón de género que se encuentran en un nivel de riesgo crítico, como lo es la Regidora de Iguala, María del Rosario Bustillos, en virtud de que esta institución no ha sido capaz de garantizar las medidas de protección que se le solicitan para las víctimas de presuntos actos de VPMRG, pues argumenta que no tiene personal suficiente, dejándolas en un estado de indefensión.
Bibliografía
Tribunal Electoral del Estado de Guerrero, Centro de Investigación y Proyectos para la Igualdad de Género, A.C. (2026). Índice de Violencia Política contra las Mujeres en Razón de Género y Acceso a la Justicia Electoral en el Estado de Guerrero. Chilpancingo, Guerrero: Tribunal Electoral del Estado de Guerrero.
