PUNTO Y COMA; Cantinas sin control, salud sin autoridad Entresemana.mx
ROGER LAID
TUXTLA GUTIÉRREZ, Chiapas. En Chiapas, la regulación sanitaria parece ir a la zaga de la realidad. Basta recorrer ciudades y municipios para advertir una percepción que se repite: hay más cantinas que farmacias… y, en algunos casos, más que iglesias. El crecimiento desordenado de bares y expendios de alcohol no es solo un asunto comercial; es un problema de salud pública.
La responsabilidad recae en la Dirección de Protección contra Riesgos Sanitarios, área de la Secretaría de Salud encabezada y dirigida por Rodolfo Tovar Rodríguez. Sin embargo, los señalamientos apuntan a una operación débil, intermitente y, peor aún, selectiva. Se habla de permisos que fluyen con facilidad, de inspecciones que no llegan y de un esquema donde algunos intereses pesan más que la norma.
Cuando la autoridad regula por conveniencia y no por ley, el resultado es predecible: proliferación sin control, riesgos sanitarios y un entorno donde lo irregular se normaliza. Y desde luego que pone en el ojo del huracán al secretario de Salud doctor Omar Gómez Cruz quien ha nadado como un Salmon en esa secretaria, el trabajo del titular ha sido puntual y con resultados positivos.
El consumo sin vigilancia, la venta fuera de horarios y la falta de condiciones adecuadas en muchos establecimientos no son hechos aislados; son síntomas de una supervisión que no está funcionando y de la apertura de cantinas sin control.
La pregunta es directa: ¿quién regula a quienes deberían regular? Porque si la DIPRIS no actúa con firmeza, la consecuencia no será solo administrativa. Será social. Y entonces el costo lo pagarán, como siempre, los ciudadanos. El secretario de salud doctor Omar Gómez Cruz tendrá que verse obligado en realizar cambios o ajustes en esa área ya que no creo quiera oscurecer su labor o permitir que por errores ajenos su imagen ante el gobernador chiapaneco quien ya le reconoció su esfuerzo.
Puntos Suspensivos…
La tragedia provocada por la aplicación de un “suero vitaminado” que derivó en muertes abre una pregunta incómoda para el Estado: ¿dónde estaba la autoridad sanitaria? Porque más allá del dolor de las familias, lo que emerge es un vacío de regulación que permitió que prácticas médicas sin sustento ni supervisión circularan con total libertad. Ojo en Chiapas se observa.
La exigencia de justicia no es menor. Las familias no solo reclaman responsabilidades penales, también exigen garantías de no repetición. Y ahí es donde el gobierno federal tiene una prueba de fuego: investigar a fondo, sancionar sin titubeos y, sobre todo, cerrar la puerta a quienes lucran con la desesperación de la gente.
Pero el problema no termina ahí. En paralelo, proliferan en redes sociales en todo el país ofertas de “tratamientos” con células madre, promocionados como soluciones milagro, sin claridad sobre su aval científico o autorización sanitaria. Otra vez ojo Chipas y la secretaria de Salud, El riesgo es evidente: se repite el mismo patrón, promesas extraordinarias, controles inexistentes y pacientes expuestos.
La autoridad no puede limitarse a reaccionar cuando ya hay víctimas. Debe anticiparse. Regular, supervisar y, si es necesario, clausurar. Porque en materia de salud, la omisión también mata.
Si no se actúa ahora, lo ocurrido no será un caso aislado, sino el inicio de una cadena de negligencias toleradas. Y entonces la pregunta dejará de ser qué pasó… para convertirse en quién lo permitió.
Porque cuando la salud se deja en manos del mercado informal, la tragedia deja de ser accidente y se convierte en consecuencia. En Chiapas quizá estamos a tiempo, aunque ya han existido algunos accidentes. Esperemos la respuesta.
Ese es el punto. Y también la coma.
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Miembro del PUCH
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