Retos de la coordinación fiscal El Financiero
Los avances de nuestro Sistema Nacional de Coordinación Fiscal (SNCF) en los últimos años confirman la relevancia que tiene la coordinación gubernamental para hacer más eficientes las haciendas públicas en la recaudación de impuestos, el ejercicio eficaz y transparente del gasto estatal y un adecuado manejo de la deuda pública local.
Desde entonces, las transferencias vía participaciones y gasto federalizado no tienen precedente en la historia de la coordinación fiscal. También se perfeccionaron mecanismos de colaboración administrativa, transfiriendo a estados y municipios nuevas facultades y responsabilidades, como es el caso de la administración de los pequeños y medianos contribuyentes.
Y esto se profundizó durante los primeros años de este siglo, en donde colaboré con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).
Es evidente que lo anterior no es suficiente, ya que para pensar en términos de nación, tenemos que considerar también la dinámica de los ingresos estatales y municipales, la cual, en algunos de ellos, no ha sido la más óptima ni la más transparente.
Recuerdo que hace 20 años algunas entidades llegaron a cuestionar la calidad y veracidad de la información referida a la recaudación petrolera; afortunadamente, el Comité de Vigilancia del Sistema se abocó a revisar exhaustivamente el tema, con resultados positivos.
Los gobernadores de la época avalaron el procedimiento de cálculo y su satisfacción con los resultados en relación a los excedentes. Sin embargo, se han dado desde entonces conflictos, incluso demandas que me tocó recibir a mi paso por la SHCP a principios de este siglo.
Se crearon mecanismos institucionales para aclarar las diferencias, ya fueran temas de interpretación legal, de desconocimiento de la legislación o una violación a la ley por parte de alguna autoridad estatal o municipal.
Un ejemplo en esa época fue el conflicto que se presentó entre el municipio de Acapulco y el gobierno de Guerrero, en los tiempos en que el presidente municipal era Zeferino Torreblanca, después gobernador del estado.
Es interesante la controversia que presentó ante la Junta de Coordinación Fiscal, que se resolvió a favor del municipio cuando Torreblanca ya era gobernador del estado.
Fue un hito donde las entidades federativas asumieron un frente común y lograron resultados positivos; hubo más conciencia entre los estados, la Comisión Permanente de Funcionarios Fiscales (CPFF) y las autoridades hacendarias.
Hoy, el tema que puede suceder es que ha logrado un significativo avance en la fiscalización a nivel municipal; antes de 2018 solo se auditaban unos cuantos municipios y solamente un fondo.
Para esta fecha se auditan todos los fondos participables y se ha logrado avanzar casi a la mitad de los ayuntamientos del país.
Es una labor relevante en los últimos años, pero existen límites; por ejemplo, estados como Oaxaca, con cerca de 400 municipios, se rigen por un sistema de usos y costumbres, como sucede en diversos estados del sureste; sin embargo, los avances han sido importantes.
Lo anterior constituyó un avance relevante en la coordinación fiscal; su utilidad ha sido incuestionable. Es espacio de negociación y revisión de los diferentes foros de ejercicio de la transparencia y rendición de cuentas, pero más importante, es el trabajo coordinado de corresponsabilidad en materia fiscal.
En esa época se incentivó en muchas entidades la creación de sistemas estatales de coordinación fiscal; recuerdo particularmente relevantes los casos de Guerrero y Zacatecas, así como de otros estados en los que inclusive se contrataba la deuda pública municipal como fondo que se asignaba a aquellos municipios que tuvieran una solvencia para su pago, en un ejercicio de coordinación municipal que resultó relevante.
Y no solamente se avanzó en esos estados en el catastro, el registro público de la propiedad y los sistemas de agua potable, con la colaboración administrativa y la recaudación del predial.
También se avanzó en temas jurídicos referidos a la relación Estado-municipio, así como la transparencia y rendición de cuentas por medio de sus propios comités de vigilancia.
Todos temas importantes para la modernización de las agendas públicas municipales.
