Desaparición forzada: tolerancia y ocultamiento Re-evolucion.mx
México está gobernado por un régimen que encubre al delincuente y abandona a la víctima.
El rechazo que hizo Sheinbaum del informe publicado por Naciones Unidas sobre la crisis de Desaparición Forzada que existe en el país lo ejemplifica perfectamente.
Ante ese crimen humanitario atroz el gobierno ha tenido una posición de disimulo y ocultamiento.
México ocupa el indignante primer lugar en desaparición de personas en el mundo. Cada día hay 30 hijos, madres o hermanos que no regresan a sus casas y terminan formando parte de los cementerios clandestinos.
Una Presidenta de verdad, una verdadera demócrata comprometida con los derechos humanos, una mujer empática con el dolor de miles de madres que no encuentran a sus hijos habría dado una respuesta más inteligente a la ONU.
Habría utilizado el reporte como una gran oportunidad para resolver una tragedia inaceptable y colocar a México a la vanguardia en la defensa de la vida y la seguridad.
El gobierno respondió de acuerdo a su gen intolerante y autocrático: acusó a Naciones Unidas de ser sesgada, mentirosa e interesada.
La Cuarta Transformación demostró por enésima vez que gusta más de estar del lado de la ilegalidad, del delincuente que desaparece personas que de la ley y la verdad.
El 99% de impunidad que existe en la materia convierte a la autoridad en el principal promotor de un crimen, sólo permitido y tolerado en gobiernos que admiten y normalizan la aniquilación.
El desprecio y la descalificación de un reporte que recomienda resolver una emergencia humanitaria sólo puede entenderse cuando un régimen llega al poder de la mano del crimen y se ve obligado a defender sus intereses.
Los corifeos de la 4T son políticamente frígidos. No tienen emociones. No sienten nada por la tragedia y al igual que en el comunismo o en el nazismo las víctimas son cifras que no deben manchar el prestigio oficial.
Sheinbaum presentó en marzo un desglose mafufo de porcentajes para ocultar la gravedad de las desapariciones. La señora presidenta siempre está más interesada en lavarle la cara sucia a su administración que en atacar un delito de lesa humanidad.
Sí, un delito de lesa humanidad —aunque se molesten en Palacio Nacional— porque no solo se comete cuando el Estado es cómplice sino cuando niega el hecho, se es omiso y se termina por ser corresponsable.
La organización Artículo 19 lleva contabilizadas 43 madres y padres asesinados por buscar en los cementerios clandestinos los restos de sus hijos sin apoyo gubernamental.
Ojalá Sheinbaum y sus secretarios de Estado gritaran y patalearan con la misma fuerza cada vez que se reporta una desaparición forzada.
Si el reporte llega a la Asamblea General de Naciones Unidas 193 naciones votaran para aprobar o rechazar el informe. Si es aprobado México será puesto a prueba y tendrá que decirle al mundo de qué lado está: de la legalidad o del crimen.
Sólo un régimen que está a favor del delito, interesado en proteger a narco políticos puede considerar la obligación de acabar con uno de los crímenes más atroces como un insulto a su soberanía.
