¿El Gobierno quitará dinero de tu Afore por reforma de inversión en infraestructura? El Financiero

La recién aprobada Ley para el Fomento de la Inversión en Infraestructura Estratégica no representa un riesgo para los ahorros de los trabajadores, sino que brinda un marco jurídico para financiar obras, aseguró la Asociación Mexicana de Administradoras de Fondos para el Retiro (Amafore).

Lo anterior, luego de que el Senado de la República aprobó, con 84 votos a favor y 28 en contra, la Ley para el Fomento de la Inversión en Infraestructura Estratégica, la cual menciona el potencial que tienen los recursos que gestionan las Administradoras de Fondos para el Retiro (Afores) para obras productivas.

“Las Afores invertirán en infraestructura cuando los proyectos sean rentables, estén bien estructurados y pasen los filtros técnicos y de riesgo que exige su mandato. Tal como se ha hecho desde hace 29 años”, afirmó la Amafore.

Detalló que toda inversión que realizan las Afores se realiza conforme a la normatividad vigente, bajo supervisión de la Comisión Nacional de Sistema de Ahorro para el Retiro (Consar) y desde octubre de 2024 se actualizó el régimen de inversión para ampliar el límite en instrumentos estructurados hasta el 30 por ciento de los activos según la Siefore.

“La nueva ley no lo modifica, no lo amplía ni lo hace obligatorio: opera dentro de ese marco. Los comités de inversión de cada Afore analizan cada proyecto de forma independiente y profesional. El deber fiduciario es indeclinable: proteger los recursos de las y los trabajadores, asegurando seguridad y rentabilidad”.

¿Qué dice la Ley para el Fomento de la Inversión en Infraestructura Estratégica?

De acuerdo con un comunicado, la mesa directiva turnó al Ejecutivo Federal el dictamen, con el que se crea un ordenamiento de 141 artículos que busca regular los mecanismos de inversión que sirvan para fomentar el desarrollo y ejecución de proyectos de infraestructura pública estratégica, a través de la participación de los sectores público, privado y social.

De hecho, el dictamen mencionó que, como parte de los trabajos preparatorios, se realizó durante meses la consulta institucional a la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes como principal ejecutora de proyectos, así como al Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos (Banobras) como principal financiador.

De lado del sector privado, se consultó a la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC), Consejo Coordinador Empresarial (CCE) y Asociación Mexicana de Capital de Inversión (Amexcap).

En el análisis legal a la Barra Nacional de Abogados y en política pública al Centro de Política e Investigación (CIPPS) y la Asociación Mexicana de Afores (Amafore), que administran más de seis billones del ahorro de 73 millones de trabajadores mexicanos.

Según el dictamen, uno de los objetivos estratégicos más relevantes es la creación de condiciones para canalizar el ahorro interno hacia proyectos productivos de infraestructura.

Enfatizó que actualmente apenas entre el 8.0 y 9.0 por ciento de los recursos que gestionan las Afores se invierte en infraestructura, por medio de instrumentos como Certificados de Capital de Desarrollo (CKDs) y Certificados de Proyectos de Inversión (CERPIs), cuando el límite regulatorio permite hasta 30 por ciento.

“La brecha entre el límite permitido y la inversión efectiva no obedece a falta interés sino a falta de certidumbre jurídica, acto que se atiende con la ley que de se busca expedir”, aclaró el documento. De hecho, aseguró que hay el potencial de incrementar esta inversión hasta 25 por ciento.

Lo anterior, indicó, permitiría canalizar entre 1.2 y 1.5 billones de pesos adicionales hacía infraestructura productiva, “lo que se alinea con lo previsto en más del doble de los 722 mil millones de pesos que el Plan de Inversión en Infraestructura para el Desarrollo con Bienestar contempla como inversión adicional y que de forma conjunta, cumple con la Agenda 2030 y el Plan Nacional de Desarrollo 2025-2030”.

Con la Ley para el Fomento de la Inversión en Infraestructura Estratégica, se afirmó, se incluyen los Vehículos de Propósito Específico que permiten aislar riesgos y emitir instrumentos bursátiles; el régimen de distribución de riesgos, la protección del equilibrio económico y la gobernanza corporativa.

Así invierten las Afores en infraestructura

El 25 de octubre de 2024 se publicaron en el Diario Oficial de la Federación (DOF) las modificaciones y adiciones a las disposiciones de carácter general que establecen el régimen de inversión al que deberán sujetarse las Sociedades de Inversión Especializadas de Fondos para el Retiro.

Lo anterior permitió actualizar los límites de inversión en instrumentos estructurados, tales como CKDs y CERPis, FIBRAS y Vehículos de Inversión Inmobiliaria. Todo esto a fin de fomentar la actividad productiva nacional, una mayor generación de empleo, la construcción de vivienda, el desarrollo de la infraestructura estratégica del país y el desarrollo regional.

El límite de inversión pasó de 20 por ciento a 30 por ciento; sin embargo, datos de la Consar señalan que las inversiones de las Afores en estos instrumentos está por debajo de dicho nivel.

Al cierre de febrero de 2026, la inversión en instrumentos estructurados promedió 7.64 por ciento, aunque la mayor exposición la tuvo la Afore Coppel, con 11.39 por ciento. En cambio, en Profuturo apenas alcanzó el 4.36 por ciento.

A detalle, en la SIEFORE Básica 80-84 el nivel de inversión en instrumentos estructurados promedió 9.29 por ciento, especialmente las gestionadas en Sura y Banorte. Le siguió la SIEFORE Básica 75-79, con 9.20 por ciento; y la SIEFORE Básica 85-89, con 9.03 por ciento.

En cambio, la inversión en valores gubernamentales representan 52.03 por ciento. También destacó la inversión en renta variable internacional, con 13.49 por ciento; y la inversión en deuda privada nacional, con 11.80 por ciento.

Finalmente, el dictamen de la Ley para el Fomento de la Inversión en Infraestructura Estratégica abundó en que el costo financiero de la incertidumbre regulatoria podría representar entre 56 mil y 168 mil millones de pesos en costos adicionales de financiamiento a lo largo del sexenio.

“La certidumbre que esta ley genera contribuye a reducir esa prima y garantiza a las y los inversionistas privados, piso parejo, reglas claras, transparencia y un marco regulatorio acorde con las necesidades del mercado”.