Juez abre proceso a 13 militares por homicidio de dos menores en el norte de México Infobae
Ciudad de México, 8 abr (EFE).- Trece militares mexicanos fueron vinculados a proceso por la muerte hace 11 meses de dos niñas, Leidy y Alexa, de 11 y 7 años, respectivamente, en el municipio de Badiraguato, en el estado norteño de Sinaloa, informó este miércoles el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, que apoya legalmente a las víctimas.
Según el comunicado, los uniformados de la Defensa Nacional fueron procesados también por “la tentativa de homicidio” de una adolescente de 14 años y otro de 12, y dos adultos más, “todos integrantes de una misma familia”.
El ataque, ocurrido el 6 de mayo de 2025 en la comunidad de la Cieneguilla, se dio mientras la familia se dirigía en una camioneta por una carretera con dirección a una escuela, pero, antes de llegar, encontraron un bloqueo en el camino.
De acuerdo a las pesquisas, un convoy de tres vehículos del Ejército disparó en más de cien ocasiones contra la unidad en la que viajaban, un ataque que inicialmente se calificó como un enfrentamiento, aunque sigue sin aclararse, pese a que Leidy y Alexa murieron en el acto.
La organización también explicó que la familia de las dos niñas denunció “el uso ilegítimo y arbitrario de la fuerza” para que se tomarán las acciones correspondientes y acceder a la justicia.
“Contrario a la demora en la justicia civil, la jurisdicción militar abrió una investigación paralela sobre los hechos, contrario a lo que dictan los estándares internacionales sobre la indebida extensión del fuero militar en casos de violencias graves de derechos humanos, lo que actualmente se encuentra bajo litigio”, advirtió.
Por ello, señaló, el pasado 31 de marzo, las víctimas “fueron notificadas de que se habían ejecutado diversas órdenes de aprehensión en contra de 13 elementos del Ejército”.
También agregó que durante la audiencia, agentes adscritos a la Fiscalía Especial de Investigación y Litigación de Casos Complejos de la Fiscalía Especializada de Control Regional presentaron pruebas que acreditaban “el uso letal de la fuerza de forma injustificada”, por lo que se trató de una “actuación dolosa”.
Entre los argumentos de la defensa de los militares, se destacó que los uniformados actuaron en “un contexto de violencia en el estado”, uno de los más peligrosos del país por la disputa entre carteles de la droga.
“La expectativa es que todas las instituciones estén a la altura del desafío que implica garantizar verdad y justicia en el homicidio de dos niñas a manos de elementos castrenses, en un contexto donde en casos de violaciones a derechos humanos cometidas por militares la constante es la impunidad”, advirtió la organización que asesora a los familiares de las víctimas.
Además, consideró que el caso de Leidy y Alexa “pone rostro a los efectos más lesivos y dolorosos de la política de despliegue militar”, una estrategia que ha sido defendida por el gobierno de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum.
