Caso Leyla Monserrat: El asesinato cometido por dos adolescentes que indigna a Sonora El Financiero
Leyla Monserrat, de 15 años, fue citada por dos adolescentes en Sonoyta, Sonora, sin saber que se trataba de un engaño. Le dijeron que le tenían preparada una sorpresa; la hicieron sentarse y le vendaron los ojos, y mientras ella reía y preguntaba qué pasaba, le pusieron una cuerda en el cuello hasta asfixiarla.
El crimen fue grabado con un teléfono celular por las propias agresoras y hasta este miércoles 8 de abril todavía circula en redes sociales.
El homicidio ocurrió el 25 de septiembre de 2025 en el ejido El Desierto, municipio de General Plutarco Elías Calles. De acuerdo con las investigaciones de la Fiscalía General de Sonora, la causa de muerte fue asfixia mecánica.
El cuerpo de Leyla fue localizado días después enterrado en el patio de la vivienda donde fue asesinada.
Tras el hallazgo, el video del homicidio fue enviado anónimamente a la madre de Leyla, el cual se integró a la carpeta de investigación como evidencia clave y resultó fundamental para identificar como responsables a ambas adolescentes.
Caso Leyla Montserrat: un engaño que terminó en asesinato
Las indagatorias establecieron que el crimen fue planeado.
Las adolescentes, antiguas amigas de Leyla, la llevaron al lugar bajo engaños. Una vez ahí, le pidieron que se sentara y le vendaron los ojos para hacerle creer que recibiría la sorpresa prometida. Ese momento de confianza fue aprovechado para atacarla.
Al no regresar, su familia reportó su desaparición. Días después, y luego de peritajes, entrevistas y revisión de cámaras, el cuerpo de Leyla fue hallado en el patio de un domicilio en el ejido El Desierto.
A partir de ese momento, las autoridades enfocaron la investigación en las dos adolescentes, quienes habían sido las últimas en verla. También se identificó que entre ellas existían conflictos previos, relacionados con problemas personales y presunto acoso.
En un inicio, las autoridades no descartaron la participación de un adulto identificado como Martín ‘N’, alias ‘El Kalusha’, pero hasta el momento ninguna fuente oficial ha confirmado esta hipótesis.
La grabación, que fue presentada como prueba ante el juez del caso y después difundida en redes, permitió confirmar la mecánica del crimen y se convirtió en una de las pruebas más contundentes del caso.
Mamá de Leyla Monserrat exige justicia
Carmen Becerra, madre de Leyla Monserrat, señaló que no vio todo el video que fue filtrado, donde se observa a las dos adolescentes al momento de cometer el asesinato.
“Es algo bien fuerte, no soportaría verlo, no estoy preparada. Yo sé que un día lo veré completo”, dijo en entrevista para el programa Me lo dijo Adela.
Además, la madre de Leyla comentó que ella acusó directamente a la joven de 15 años, Britani, por la desaparición de su hija.
El caso se procesó bajo el Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes, que establece límites en las penas para menores de edad.
En marzo de 2026, un juez dictó sentencia: la adolescente de 15 años fue condenada a 2 años y 10 meses de internamiento, mientras que la menor de 13 años recibió menos de un año de libertad asistida. También se fijó una reparación económica del daño de 5 mil 657 pesos.
El presidente del Supremo Tribunal de Justicia de Sonora, Rafael Acuña Griego, explicó que no es posible imponer prisión a las dos adolescentes responsables del asesinato de Leyla Montserrat.
“Las penas que se imputan a los menores... de 12 a 14 años, no se les puede imponer prisión. Y ante la propuesta que formuló el Ministerio Público, se llevó a cabo un juicio abreviado y el juez simplemente sancionó”, apuntó Acuña Griego en entrevista con Radio Fórmula, y destacó que las y los adolescentes no pueden ser juzgados como personas adultas.
Las sanciones indignaron a la madre de Leyla, debido a que considera que los castigos no corresponden a la gravedad del crimen.
La familia de la adolescente ha expresado su inconformidad y busca apelar la resolución. Mientras tanto, el caso sigue generando debate sobre los alcances de la ley frente a delitos graves cometidos por menores de edad.
