Juez vincula a proceso a 13 soldados por el asesinato de las niñas Alexa y Leidy en Sinaloa; desestima el argumento del “nerviosismo” militar para justificar el ataque El Imparcial
SINALOA, México.- Un juez de control con sede en Los Mochis, Sinaloa, dictó el auto de vinculación a proceso contra 13 elementos del Ejército Mexicano por el asesinato de dos hermanas de 11 y 7 años de edad, identificadas como Alexa y Leidy, así como por la tentativa de homicidio de otros cuatro integrantes de su familia.
De acuerdo con la información difundida por el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh) mediante un comunicado oficial, la resolución judicial, emitida el 6 de abril de 2026 por el juez Josué Noé Egure Yáñez, desestimó el argumento de la defensa castrense que pretendía justificar la agresión bajo un supuesto estado de “alerta y nerviosismo”.
La determinación del juez federal se produjo después de que el pasado 31 de marzo se notificara a las víctimas sobrevivientes la ejecución de las órdenes de aprehensión contra los 13 militares implicados en los hechos ocurridos en la comunidad de La Cieneguilla durante mayo de 2025.
La reconstrucción de los hechos presentada por la Fiscalía General de la República (FGR), a través de la Fiscalía Especial de Investigación de Casos Complejos (FECOR), establece que la mañana de aquel día, la familia viajaba en una camioneta particular con dirección a la escuela.
Según el relato documentado por el Centro Prodh, el vehículo civil se topó con un camino bloqueado, por lo que el conductor realizó una maniobra de retorno sobre la misma carretera.
En ese momento, un convoy de tres vehículos oficiales del Ejército Mexicano, que circulaba en el carril contrario, abrió fuego contra la unidad.
El ataque ocurrió sin que mediara una orden de alto, una advertencia o una justificación legal que respaldara el uso de armas de fuego.
La madre de las menores ha mantenido una postura firme respecto a la causa de la tragedia.
En sus declaraciones, recuperadas por la organización defensora, la mujer sostuvo que los soldados se equivocaron de objetivo: “Le arrebataron la vida a mis pequeñas... confundieron el automóvil en el cual mi familia viajaba y empezaron a disparar hasta acabar con la vida de mis niñas”.
La narrativa que circuló extraoficialmente en los días posteriores a la tragedia intentó encuadrar el caso como un “fuego cruzado” entre militares y civiles armados.
El Centro Prodh subraya en su informe que esta explicación inicial “nunca fue desmentida ni corregida públicamente por las autoridades”.
Durante la audiencia de vinculación, los agentes del Ministerio Público Federal presentaron datos de prueba contundentes que acreditaron el uso letal de la fuerza de manera injustificada y dolosa.
Se determinó que los soldados no observaron los protocolos establecidos en la Ley Nacional de Uso de la Fuerza
De acuerdo con el testimonio del Centro Prodh, entre los abogados que representaron a los elementos castrenses se encontraba personal de la Defensoría de Oficio Militar, adscrita a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).
La defensa conjunta intentó justificar la acción de los soldados argumentando que estos se encontraban desplegados en Sinaloa bajo un contexto de alta violencia, lo cual generaba un “estado de alerta y nerviosismo”.
El juez Josué Noé Egure Yáñez rechazó este argumento.
En su resolución del 6 de abril, emitida dentro del plazo de duplicidad constitucional, el juzgador fue enfático al señalar que los soldados poseen adiestramiento y formación profesional en el manejo de armas y control de situaciones de riesgo.
La resolución judicial, citada por el Centro Prodh, determina que existía “una alta previsibilidad del resultado letal” y que no se actualizó ninguna causal de exclusión de responsabilidad penal. El delito fue tipificado bajo la figura de dolo eventual.
Durante la audiencia en Los Mochis, a la que asistieron los padres de Alexa y Leidy, los familiares pudieron expresar directamente ante el juez el impacto irreparable de este acto en el curso de sus vida.
Para el Centro Prodh, esta vinculación a proceso representa un avance, pero también impone retos mayúsculos al Estado mexicano. La organización defensora advierte que ahora corresponde a la FGR fortalecer la investigación complementaria y al Poder Judicial demostrar independencia en casos que involucran a las Fuerzas Armadas.
En su comunicado oficial, el Centro Prodh enfatizó el contexto político actual: “Ante un caso tan grave ocurrido durante el actual gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum, la expectativa es que todas las instituciones estén a la altura del desafío que implica garantizar verdad y justicia”, se lee en el comunicado.
La organización también advierte que el caso de Leidy y Alexa visibiliza los efectos más lesivos de la política de despliegue militar en comunidades vulnerables sin controles civiles efectivos.
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