Jueza frena ingreso de buques metaneros del Proyecto Saguaro al Golfo de California por riesgo a ballenas El Imparcial
SONORA.— Una jueza en Sonora ordenó suspender el ingreso de buques metaneros vinculados al Proyecto Saguaro al Golfo de California, como parte de las medidas cautelares otorgadas dentro de un juicio de amparo promovido en septiembre de 2025 a nombre de las ballenas que habitan en la región.
La resolución establece que las autoridades responsables deberán suspender y abstenerse de permitir el acceso de buques de gas natural licuado (GNL) asociados al proyecto mientras se emite una sentencia definitiva sobre el caso.
Así lo dio a conocer Nuestro Futuro y organizaciones locales en una conferencia de prensa y la difusión de su boletín oficial.
La demanda, impulsada por la organización Nuestro Futuro y colectivos locales, busca la revocación de las autorizaciones ambientales del Proyecto Saguaro, el reconocimiento de las ballenas como sujetos de derechos en México y la declaratoria del Golfo de California como Hábitat Crítico para su protección.
Se ha conseguido la suspensión definitiva que impide el tránsito de buques de gas natural licuado por el Golfo de California vinculados al Proyecto Saguaro hasta que se emita la sentencia final. Hoy, esta región es una zona libre de la industria gasera de exportación, y tenemos que seguir luchando en tribunales para que así se mantenga”, señaló Nora Cabrera, Directora de Nuestro Futuro.
El Proyecto Saguaro contempla la construcción de una terminal de licuefacción de gas natural en Sonora, conectada mediante un gasoducto de aproximadamente 800 kilómetros desde Texas, con capacidad para exportar más de 15 millones de toneladas anuales de GNL hacia mercados asiáticos. La operación del proyecto implicaría el tránsito frecuente de buques metaneros de más de 300 metros de longitud por el Golfo de California.
Especialistas advierten que el aumento del tráfico marítimo representaría una amenaza para las más de 31 especies de cetáceos que habitan o migran por la región. Entre los principales riesgos se encuentran las colisiones con embarcaciones, el incremento del ruido submarino y alteraciones en rutas migratorias.
“La causa número uno de muertes de ballenas en el mundo es la colisión con megabuques de GNL. Estos barcos son tan grandes y tan pesados que si colisionan con una ballena, la tripulación ni lo siente. Permitir ese tránsito de gran escala, impactaría gravemente en la supervivencia de las ballenas y la del ecosistema entero”, afirmó el doctor en Ciencias de la Sostenibilidad, Omar García Castañeda, profesor de la Facultad de Ciencias de la Universidad Nacional Autónoma de México.
Organizaciones ambientales consideraron la resolución judicial como una decisión relevante y sin precedentes en tribunales mexicanos, aunque señalaron que la protección debería extenderse a otros proyectos de gas natural licuado que también contemplan operaciones en el Golfo de California.
Entre ellos mencionaron AMIGO GNL, un proyecto de exportación que implicaría igualmente el tránsito de buques metaneros por la zona y que, advierten, podría generar impactos acumulativos en el ecosistema marino.
“En el proceso de consulta de AMIGO GNL no hubo transparencia, no se exhibió toda la información. La manifestación de impacto ambiental hacía alusión a más de 14 anexos y ninguno de esos anexos se encontraba como parte de la manifestación de impacto ambiental”, señaló Nora Cabrera, directora de Nuestro Futuro.
Además, durante la conferencia de prensa se destacó que la medida cautelar abre la posibilidad de discutir la declaratoria del Golfo de California como Hábitat Crítico, una figura legal que permitiría reforzar la protección de este ecosistema marino.
Ante ello, las organizaciones hicieron un llamado a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) para ejercer esta facultad y garantizar la conservación de uno de los ecosistemas marinos más importantes del planeta.
La suspensión definitiva permanecerá vigente hasta que se resuelva el fondo del juicio, en medio de diversos procesos legales que actualmente cuestionan la viabilidad ambiental, social y económica del Proyecto Saguaro.
