Vinculan a 13 militares por homicidio de dos niñas en Sinaloa Sol Yucatán
Redacción / La Opinión de Sinaloa
Trece elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional fueron vinculados a proceso por el homicidio de dos niñas: Leidy y Alexa, de 11 y 7 años respectivamente y por tentativa de homicidio de cuatro personas más, entre ellas dos adolescentes, todos de la misma familia.
Fue el Juez de Control Josué Noé Egure Yáñez, adscrito al Centro de Justicia Penal Federal con sede en los Mochis, quien dictó el auto de vinculación a proceso por los delitos de homicidio calificado y homicidio calificado en grado de tentativa, bajo la figura del dolo eventual.
El resolutivo se derivo de que los elementos castrenses cuentan con adiestramiento y formación en el uso de la fuerza y existía una alta previsibilidad del resultado letal que ocasionaría el accionar sus armas en contra de la camioneta en la que transitaba la familia, además de no actualizarse alguna causal de exclusión de responsabilidad.
El Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh) informó en un comunicado que la vinculación de los elementos del Ejército ocurrió el 6 de abril, a 11 meses de que las dos niñas fueron privadas de la vida.
Los hechos sucedieron el 6 de mayo de 2025, en la comunidad de La Cieneguilla, en el estado de Sinaloa, cuando la familia transitaba en una camioneta por una carretera con dirección a la escuela.
Al darse cuenta de que el camino estaba bloqueado, retornó hacia su casa, cuando sin previo aviso o justificación alguna, un convoy de tres vehículos del Ejército mexicano que circulaba en el otro carril abrió fuego en contra del vehículo en el que transitaban. En un inicio, se anunció que se trató de un enfrentamiento, versión que nunca fue desmentida ni corregida públicamente por las autoridades.
La familia de las dos niñas, desde el momento de los hechos, denunció el uso ilegítimo y arbitrario de la fuerza y han impulsado frente a las instituciones de procuración de justicia y jurisdiccionales –acompañadas por el Centro Prodh– que se tomen acciones para acceder a la justicia.
Cabe resaltar, que contrario a la demora en la justicia civil, la jurisdicción militar abrió una investigación paralela sobre los hechos, contrario a lo que dictan los estándares internacionales sobre la indebida extensión del fuero militar en casos de violaciones graves a derechos humanos –lo que actualmente se encuentra bajo litigio.
Así, el pasado 31 de marzo de 2026, las víctimas fueron notificadas de que se habían ejecutado diversas órdenes de aprehensión en contra de 13 elementos del Ejército Mexicano.
Durante la audiencia las Agentes del Ministerio Público Federal adscritos a la Fiscalía Especial de Investigación y Litigación de Casos Complejos de la Fiscalía Especializada de Control Regional (FECOR) de la FGR presentaron diversos datos de prueba que acreditaban el uso letal de la fuerza de forma injustificada en contra de la familia, sin observar lo establecido en la Ley Nacional de Uso de la Fuerza y estableciendo, adecuadamente, que se trató de una actuación dolosa.
La defensa de los elementos –incluyendo una por parte la Defensa de Oficio Militar– entre otros argumentos señalaron que los militares actuaron en un contexto de violencia en el estado de Sinaloa, bajo un estado de alerta y nerviosismo.
Los padres y madres de Leidy y Alexa, presentes en la audiencia, manifestar cómo este evento de uso arbitrario de la fuerza letal destruyó irreparablemente su proyecto de vida, así como su interés en que la justicia sea diligente y expedita.
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