Expresidente boliviano Arce recurrirá a CIDH si no le conceden juicio de responsabilidades Infobae
La Paz, 8 abr (EFE).- El expresidente de Bolivia Luis Arce, recluido de forma preventiva desde el pasado 10 de diciembre, acusado de corrupción, recurrirá a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) si la Justicia de su país no acepta su petición de un juicio de responsabilidades en lugar de seguir sometido a un proceso penal ordinario, informó su abogado.
El jurista Fernando Rivadeneyra dijo a EFE que una Sala Constitucional de la ciudad de El Alto debe pronunciarse sobre una demanda de "amparo constitucional" presentada a finales de marzo, en la que argumenta que Luis Arce (2020-2025) merece un juicio de responsabilidades.
Dicho procedimiento especial consiste en un juzgamiento con la autorización e intervención del Parlamento y del Tribunal Supremo de Justicia, lo que implicaría dejar sin efecto el proceso penal que derivó en su detención por la vía ordinaria.
"Si no vamos a encontrar justicia de parte de instancias nacionales vamos a recurrir a instituciones internacionales a través de una demanda ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos", advirtió.
El argumento es que el supuesto delito del que se acusa a Arce, "incumplimiento de deberes", se produjo en 2010, cuando era ministro de Economía y Finanzas del entonces presidente Evo Morales (2006-2019), y estaba vigente una ley que permite la aplicación de un juicio especial para los titulares de los ministerios.
La Fiscalía General afirma que Arce autorizó la transferencia de recursos del Fondo de Desarrollo Indígena Originario Campesino y Agropecuario (Fondioc) a cuentas particulares de dirigentes campesinos para proyectos e inversiones que en muchos casos resultaron fallidos.
El abogado reconoció que el juicio de responsabilidades o "caso de corte" ha sido rechazado en dos instancias de la justicia ordinaria, pero está confiado en que una sala constitucional tendrá una opinión diferente.
"Los rechazos de la justicia ordinaria son sistemáticos, esperemos que o sea así en la justicia constitucional. Presumimos que hay una posición gubernamental que repercute en los jueces", acusó Rivadeneyra, en alusión a una supuesta presión de parte de autoridades nacionales sobre la justicia.
Según el jurista, Arce autorizó la transferencia de recursos a cuentas particulares cumpliendo lo establecido en dos leyes, una sobre el manejo de recursos del Estado y otra sobre el funcionamiento del fondo, por lo que él no podía haberse opuesto al cumplimiento de normas aprobadas por el Parlamento de esa época.
El expresidente denunció esta semana en una carta pública la supuesta violación de sus derechos en el penal y exigió el respeto al debido proceso y que los jueces y fiscales actúen "sin presiones políticas". EFE
