Encuentran un gato con vida dentro de un paquete en un centro de logística: el dueño acusa al cartero de robárselo Infobae
Un caso insólito ha sacudido a Viena (Austria) tras haber descubierto a una gata viva dentro de un paquete en un centro logístico. El suceso ha acabado con la condena de un joven de 20 años en la que ha obtenido una pena de seis meses de prisión condicional por maltrato animal. El incidente, recogido noe.ORF.at, se dio a conocer cuando los empleados de la oficina logística de Hagenbrunn, en el distrito de Korneuburg, notaron algo raro en una de las cajas.
Al asomarse, descubrieron que el envoltorio que debía contener una simple guitarra, se estaba moviendo sola, además de presentar claros daños. Por este motivo, los trabajadores decidieron abrir el paquete y lo que encontraron en su interior les dejó más que sorprendidos: dentro estaba Shana, una gata de raza British Shorthair muy asustada y en malas condiciones físicas.
“Los compañeros lo llevaron a la oficina y le dieron comida y agua”
Markus Leitgeb, portavoz de prensa de Correos de Austria, relató a noe.ORF.at que “nuestros empleados abrieron el paquete y descubrieron al gato. El animal parecía estar enfermo. Los compañeros lo llevaron a la oficina y le dieron comida y agua”. Posteriormente, Shana fue trasladada a un refugio de animales, según informó el diario Der Standard.
La investigación se centró rápidamente en el remitente del paquete. Un cartero indagó el origen y presentó una denuncia ante la Fiscalía de Viena. El Tribunal Penal Regional de Viena citó al joven responsable, residente en el distrito de Ottakring, quien tuvo que responder por el cargo de maltrato animal.
De esta forma, Christina Salzborn, vicepresidenta del tribunal, “en abril del año pasado, el acusado utilizó un servicio de recogida de paquetes para que los recogieran y enviaran desde su apartamento en el distrito 16 de Viena”. Durante el proceso judicial, el acusado renunció a su derecho a la defensa y negó los cargos. El joven aseguró: “Jamás enviaría a mi gato”. Además, argumentó que “quizás el cartero estaba molesto porque había pedido demasiados paquetes”.
El tribunal también consideró que el joven admitió haber atravesado un trastorno de estrés el año anterior. Aunque la condena establece seis meses de libertad condicional, la sentencia aún no adquiere carácter definitivo. Por ahora, Shana permanece bajo custodia en un refugio y no será devuelta a su dueño.
Cómo se penaliza el maltrato animal en España
La Ley 7/2023, de 28 de marzo, de protección de los derechos y el bienestar de los animales concibe que “cualquier conducta, tanto por acción como por omisión, que cause dolor, sufrimiento o lesión a un animal y perjudique su salud, o provoque su muerte, cuando no esté legalmente amparada” se considerará maltrato animal. Dependiendo de las acciones cometidas, la normativa concibe diferentes penas. En primer lugar, existen tres tipos de sanciones económicas, según la gravedad de los hechos. Las infracciones leves corresponden a omisiones o acciones que implican el incumplimiento de los cuidados legales sin que se produzcan daños físicos ni alteraciones en el comportamiento del animal. Estas conductas se sancionan con un apercibimiento o con multas de entre 500 y 10.000 euros.
Las infracciones graves incluyen el incumplimiento de obligaciones o la realización de prohibiciones que dan como resultado daño o sufrimiento para el animal, o que generan secuelas permanentes o lesiones graves, siempre que no provoquen la muerte ni constituyan un delito penal. En estos casos, las multas oscilan entre los 10.001 y los 50.000 euros. Por último, las infracciones muy graves abarcan conductas como la muerte del animal, el sacrificio no autorizado, la eutanasia practicada por personal no cualificado o con métodos inadecuados y el adiestramiento para peleas. Estas acciones se sancionan con multas de 50.001 a 200.000 euros.
Además de esto, la ley contempla sanciones accesorias que buscan prevenir la reincidencia. Entre ellas se encuentran la inhabilitación para la tenencia o el ejercicio de actividades relacionadas con animales, la intervención y traslado de los animales afectados a centros de protección, la clausura de establecimientos, el decomiso de bienes utilizados en la infracción y la pérdida de ayudas públicas. También puede imponerse la obligación de hacer trabajos en beneficio de la comunidad o cursar programas de reeducación. Asimismo, en casos de riesgo inminente, las autoridades pueden adoptar medidas provisionales urgentes, como la retirada temporal de los animales y el cierre cautelar de instalaciones. Por último, la responsabilidad civil y penal se mantiene, y las conductas que puedan constituir delito se remiten a la autoridad judicial, suspendiendo el procedimiento administrativo hasta resolución firme.
