Fosas Clandestinas, el Sígno Más CRUDO de la política de abrazos de OBRADOR y el desdén SHEINBAUM Punto Por Punto

En los primeros meses de 2026, México se encuentra sumergido en una crisis de carácter humanitario que ha dejado de ser una coyuntura para transformarse en un rasgo estructural de su realidad social, donde las fosas clandestinas representan el símbolo más crudo de la violencia desmedida y la erosión de las funciones básicas del Estado.

El fenómeno criminal no puede entenderse de forma aislada, pues se encuentra íntimamente ligado a la tragedia de las desapariciones, que para finales de 2025 ya superaban la alarmante cifra de 133 mil personas cuyo paradero es desconocido.

• La medición de la tragedia de las fosas clandestinas en México revela una brecha profunda y alarmante entre los datos que el Estado decide transparentar y la realidad que documentan las organizaciones civiles.
• Mientras el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNL) ofrece cifras que son percibidas como parciales y opacas, diversos colectivos u organizaciones de la sociedad civil e investigadores académicos han tenido que desarrollar sus propias herramientas tecnológicas para dar seguimiento al fenómeno.
• Un punto de inflexión crítico ocurrió en 2024, cuando la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB) tomó la decisión de retirar el mapa público de hallazgos de fosas, dejando al país sin una fuente oficial de consulta actualizada y fragmentando la información disponible.

Ante este vacío de información, instituciones como la Universidad Iberoamericana, junto con organizaciones como Artículo 19 y Data Cívica, impulsaron la Plataforma Ciudadana de Fosas Clandestinas para intentar dimensionar la magnitud del problema mediante el registro de cementerios ocultos y la documentación de las discrepancias institucionales. Sitio web que al cierre de esta edición estaba inaccesible por alguna cuestión técnica.

• Los indicadores generados por estos esfuerzos ciudadanos muestran un panorama desolador: se estima que más de 72 mil cuerpos han ingresado a los Servicios Médicos Forenses sin haber sido identificados entre los años 2006 y 2023.

La crisis forense es de tal magnitud que los depósitos de cadáveres se han convertido en receptáculos interminables de restos sin nombre; tan sólo entre 2019 y 2023, periodo en el que desaparecieron más de 51 mil personas, se enviaron a las morgues casi 35 mil cadáveres sin identidad. Los restos humanos y cuerpos exhumados de fosas no entran a las estadísticas de homicidios, que para presunción de autoridades “siguen cayendo en el país”.

• La falta de trazabilidad en los registros gubernamentales impide conocer con certeza cuántas personas han sido realmente identificadas y cuántas permanecen bajo resguardo estatal en condiciones de anonimato.
• Esta ausencia de una estrategia clara para resolver el rezago forense no sólo perpetúa el dolor de las familias, sino que alimenta un ciclo de impunidad donde la identidad de las víctimas parece perderse en la burocracia y la negligencia.

La disparidad entre las fuentes oficiales y los registros de prensa o ciudadanos es notable y constante. Durante el periodo de 2023 a 2024, mientras las fiscalías estatales reportaron mil 451 fosas clandestinas, el monitoreo de medios de comunicación documentó al menos mil seis hallazgos, pero con una frecuencia mayor en el reporte de cuerpos y restos óseos. Por ejemplo, en ese lapso, la prensa reportó la exhumación de dos mil 17 cuerpos frente a los mil 616 reportados por las autoridades.

Entidades de la República con más fosas clandestinas

Los estados que encabezan las estadísticas de hallazgos en medios son Sonora, Guanajuato, Colima, Jalisco y Michoacán, concentrando la mayor cantidad de cuerpos recuperados, de los cuales la gran mayoría (77 por ciento) corresponden a hombres identificables.

• Además de la diferencia numérica, la Plataforma Ciudadana de Fosas Clandestinas ha denunciado prácticas institucionales atroces, como la incineración de cuerpos sin realizar registros dactilares previos.
• La destrucción de prendas de vestir que servirían para la identificación y la eliminación injustificada de personas del registro nacional de desaparecidos sin que estas hayan sido localizadas realmente.

Este desmantelamiento del entramado institucional se ha agravado con la disolución de organismos clave como el Mecanismo Extraordinario de Identificación Forense y el Centro Nacional de Identificación Humana, lo que ha transferido la carga de la búsqueda casi exclusivamente a las familias.

• La negligencia se extiende a la escasa cooperación entre fiscalías y la acumulación de evidencias en cajones o gavetas que podrían ayudar a restituir la identidad de los fallecidos.

Mientras el discurso oficial intenta sostener una narrativa de pacificación basada en la supuesta disminución de homicidios dolosos, los datos ciudadanos demuestran que la violencia letal se ha transformado y recrudecido a través de la desaparición forzada y la ocultación de víctimas en fosas.

• La realidad inocultable es que la sociedad civil debe desplegar esfuerzos hercúleos cada día para suplir las omisiones de un Estado que parece haber renunciado a su deber de identificar a sus ciudadanos.

Hallazgos peninsulares

La geografía del horror en México sigue expandiéndose en 2026, confirmando que el fenómeno de las fosas clandestinas no es una herida del pasado, sino una hemorragia activa que desmiente cualquier intento de normalización de la violencia.

• Los reportes de los primeros meses de este año muestran una actividad incesante en diversos puntos del territorio nacional.

En febrero de 2026, Veracruz volvió a ocupar los titulares con nuevos hallazgos de entierros ilegales, reafirmando su posición como uno de los epicentros históricos de esta tragedia.

• En el noroeste del país, la situación en Baja California durante enero de 2026 ilustra la sofisticación y el esfuerzo que ahora requieren las labores de recuperación. En el municipio de Mexicali, cerca de la frontera con Estados Unidos, se localizaron 24 cuerpos distribuidos en 12 fosas clandestinas.
• El operativo para este hallazgo demandó el uso de tecnología avanzada, incluyendo drones y binomios caninos, además de maquinaria pesada, lo que da una idea de la profundidad y el ocultamiento deliberado de estos entierros.
• Casi simultáneamente, en Baja California Sur, el mes de marzo trajo consigo una serie de descubrimientos que sacudieron a la entidad. En Comondú se localizaron 11 fosas con 12 cuerpos, mientras que en La Paz se registraron seis fosas adicionales y cuatro más en la zona conocida como El Cajoncito.

Estos hallazgos en la península no fueron producto de investigaciones de oficio, sino de la valentía de ciudadanos que, a través de denuncias anónimas y el trabajo incansable de colectivos como Búsqueda X La Paz, señalaron los puntos donde la tierra ocultaba crímenes.

• El papel de la sociedad civil organizada ha sido el motor fundamental detrás de estos hallazgos recientes.

En localidades como Loreto y La Paz, los colectivos de búsqueda han intensificado sus recorridos de campo, demostrando que la localización de personas desaparecidas depende hoy mucho más de la resiliencia de las familias que del compromiso de las instituciones gubernamentales.

Este activismo ciudadano se enfrenta a peligros extremos; 2025 se consolidó como el año más letal para quienes buscan, registrándose siete asesinatos y una desaparición de personas buscadoras, elevando la cifra total a 30 buscadores asesinados desde 2010.

• A pesar del riesgo de muerte, las familias continúan introduciendo sus manos en la tierra, motivadas por una necesidad de justicia que el Estado no provee.

Casos específicos en otras regiones también subrayan el contubernio entre el poder político y el crimen organizado, lo que facilita la existencia de estas zonas de silencio. En Sinaloa, la desaparición de 10 mineros —de los cuales sólo cinco han sido identificados— y la detención de figuras políticas en Jalisco, como el alcalde de Tequila, son señales claras de que el control territorial sigue en manos de estructuras delictivas.

Como apunta el doctor Pérez Caballero, el uso de lugares públicos como “puntos ciegos” (baldíos y periféricos) o de propiedades privadas para el entierro masivo de personas revela una dinámica de macrocriminalidad que opera con total impunidad. Las fosas no son sólo agujeros en el suelo; son el resultado de un sistema donde lo fáctico y lo informal han desplazado a la ley, permitiendo que la violencia se regenere con una rapidez que supera cualquier capacidad de respuesta institucional actual.

Los hallazgos en Baja California y el resto del país son la prueba fehaciente de que el Estado ha perdido el control de vastos territorios, dejando a la población a merced de dinámicas delictivas que forman parte ya de su vida cotidiana.

Doble crisis

Cada entierro ilegal que sale a la luz pública funciona como un doloroso recordatorio de estas ausencias y de una crisis forense nacional que ha rebasado por completo la capacidad de las morgues, dejando miles de restos sin identificar y sumiendo a las familias en un laberinto de incertidumbre ante la falta de respuestas oficiales.

• El hallazgo constante de estos sitios de exterminio evidencia una descomposición de las instituciones que, por omisión o incapacidad, no han logrado salvaguardar el derecho fundamental a la vida ni garantizar el acceso a la verdad para la sociedad.
• En estas fosas convergen la impunidad del crimen organizado y una preocupante indiferencia estatal que ha delegado en los ciudadanos la penosa labor de buscar a sus seres queridos entre la tierra.
• Desde la perspectiva académica del doctor Jesús Pérez Caballero, experto en seguridad internacional, esta problemática se articula a través de tres ejes fundamentales: lo estructural, la sociología jurídica y la macrocriminalidad.

En el ámbito estructural, Pérez Caballero señala que las autoridades mexicanas, particularmente a nivel estatal, han carecido del rigor necesario para realizar registros que cumplan con los estándares internacionales básicos.

Esta deficiencia se manifiesta en la implementación tardía y sesgada de protocolos que no guardan proporción con la magnitud de los asesinatos y desapariciones que azotan al país. Existe, por tanto, un abismo insalvable entre el marco legal teórico que postula el rigor y la realidad operativa de las instituciones.

• La tragedia de las fosas clandestinas representa la síntesis más acabada de la doble crisis que atraviesa México: una violencia criminal descontrolada y una institucionalidad que ha fallado en sus responsabilidades más elementales.
• Los hallazgos documentados hasta 2026 en estados como Veracruz y las dos Baja Californias no son eventos aislados, sino manifestaciones de una emergencia humanitaria que se nutre de la impunidad y la falta de transparencia.

Así, la decisión del Estado de ocultar información y desmantelar los mecanismos de identificación forense ha obligado a las familias a transformarse en investigadoras, peritos y buscadoras de una verdad que se les niega sistemáticamente.

En el país hay más de 72 mil restos humanos sin identificar

La cifra ha crecido sostenidamente en años recientes –en 2021 se calculaban 52 mil restos no identificados–, y se estima que siete de cada 10 cuerpos permanecen en fosas comunes y el resto en morgues estatales, las cuales reportan saturaciones.

• En su reciente informe, el CDF afirmó que la crisis forense y la impunidad “continúan prevaleciendo” en México. Agregó que si bien las cifras de fosas comunes localizadas en el país varían entre autoridades, se evalúa actualmente que hay más de 4 mil 500 fosas clandestinas donde se han encontrado más de 6 mil 200 cuerpos y 4 mil 600 restos humanos.
• El año pasado, 37 por ciento del total de las fosas reportadas se concentraban en tres entidades: Sonora, con 972; Veracruz, 523, y Tamaulipas, 541. Además, las fiscalías estatales reportaron un total de 5 mil 532 fosas clandestinas entre 2006 y 2024, mientras la Fiscalía General de la República (FGR) ha documentado 630 fosas en el mismo periodo.

En diciembre de 2021, el entonces subsecretario de Derechos Humanos de la SG, Alejandro Encinas, reconoció que en el país existía una “crisis forense” y aceptó que en ese momento se reportaban 52 mil cuerpos sin identificar.

Retraso en apertura del Banco Nacional de Datos

Una herramienta más para enfrentar el flagelo y que se contempló desde la ley en materia de desa­pariciones, en 2017, fue la obligación para la FGR de crear el Banco Nacional de Datos Forenses. La dependencia incurrió en varios años de retraso y concretó el proyecto en mayo de 2023, sólo después de un fallo judicial que le ordenaba su instalación.

• Frente a todo ese desmantelamiento del sistema emprendido en el último tramo del sexenio anterior, grupos de familiares de las víctimas de estos crímenes, como el Movimiento Nacional por Nuestros Desaparecidos de México –que agrupa más de 70 colectivos de búsqueda–, han advertido que los esfuerzos institucionales para resolver la crisis forense y de desapariciones en el país han resultado insuficientes.

A esa visión se sumó el CDF de la ONU en el reporte que presentó la semana pasada y que fue rechazado por el gobierno federal, que lo calificó de “tendencioso y falto de rigor jurídico”, porque, entre otros asuntos, expuso la administración de Claudia Sheinbaum, “omitió” los avances contra esa problemática que desde 2018 se trabajan.

En 2024 aumentó 5.4% el número de cuerpos recibidos en los Semefos

Durante el 2024, los servicios periciales o de servicio médico forense recibieron un total de cien mil 19 cadáveres.

• Datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) detallan que en 2023 se habían tenido 94 mil 893 cuerpos, es decir, que para 2024 se tuvo un incremento de 5.4 por ciento.
• Las entidades con mayor número de cadáveres recibidos fueron el Estado de México (11 mil 353), Guanajuato (7 mil 503), Baja California (7 mil 503) y Ciudad de México (7 mil 185).
• Además, se menciona que 86 mil 726 cadáveres (86.7 por ciento) se recibieron completos y en buen estado, mientras que 3 mil 245 (3.2 por ciento) ya se encontraban en estado de descomposición.
• En 2024, la Fiscalía General de la República (FGR) y los Semefos pudieron sacar 90 mil 530 cadáveres identificados, de los cuales, 99.5 por ciento se entregó a familiares, mientras que 7 mil 174 no fueron identificados.
• El Instituto resalta que al cierre de 2024, en los anfiteatros de la FGR y de los Semefos tenían almacenados 10 mil 45 cadáveres, mil 784 segmentos, mil 99 fragmentos y 412 restos de tipo no identificado.
• Al cierre de 2024, la FGR y las instituciones estatales encargadas de la función de servicios periciales y/o de servicio médico forense contaron con 11 mil 326 personas peritas, 3.1 por ciento más que en 2023, cuando se reportaron 10 mil 985.
• Se resalta que 183 profesionales (10.3 por ciento) se dedicaron a la especialidad de criminalística de campo mientras que fotografía forense fue atendida por 164 (9.3 por ciento).

A nivel nacional se contó con 787 mesas anatómicas (planchas), 313 cámaras de frío, 252 salas necroquirúrgicas (estaciones para realizar necropsias) y 38 osteotecas.

En el documento se destaca que las cámaras de frío contaron con 8 mil 79 espacios físicos individuales para el almacenamiento de cadáveres y las osteotecas tuvieron 7 mil 428 espacios para restos óseos./PUNTOporPUNTO