Estado invasivo
JAQUE MATE
Los que van a sentir esto en la cuenta y en la vida son los de siempre. Los ciudadanos que el Estado nunca protege, pero siempre vigila”,
José Mario de la Garza.
Con el pretexto de la guerra contra las drogas, esa que supuestamente ya no existe, el Estado mexicano espía cada vez más a los gobernados y los castiga antes de ser juzgados en tribunales. El Gobierno está creando un régimen más invasivo e injusto que el del PRI de los setenta.
Ayer la Supremo Corte avaló un proyecto que le permite a la UIF congelar cuentas bancarias sin orden judicial previa y sin petición de una autoridad internacional. Se anula así un fallo de 2018. La ministra Loretta Ortiz argumentó que congelar cuentas no es una sanción penal sino una medida cautelar administrativa.
Por otra parte, la Suprema Corte revisará este próximo 9 de abril la facultad de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) para realizar revisiones de historiales bancarios y patrimoniales de particulares sin orden de un juez. El proyecto del ministro Giovanni Figueroa desecharía un amparo previo que consideraba que estas revisiones son inconstitucionales. Una simple sospecha, real o fingida, o quizá políticamente motivada, será suficiente.
El Gobierno prepara, además, un paquete de modificaciones al Reglamento de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, mejor conocida como Ley Antilavado, que dará mayores facultades al Sistema de Administración Tributaria (SAT) para vigilar y sancionar a los contribuyentes. Facilitará las visitas de verificación y los requerimientos de documentación y aplicará, además, sanciones “sin implementar el proceso sancionador”. Los contribuyentes tendrán sólo 10 días para responder a los requerimientos de la autoridad, la cual podrá aplicar sanciones inmediatamente después. También los vales, cupones o monederos electrónicos serán sometidos a estas verificaciones (¿usarán los cárteles vales de despensa?). El SAT podrá requerir información de auditorías internas de las empresas y se ampliará el plazo en que se deben conservar los documentos bancarios y financieros de cinco a 10 años.
“El nuevo reglamento antilavado no va contra el ‘Chapo’ ni contra los grandes lavadores de dinero. Va contra ti”, sostiene en redes el abogado José Mario de la Garza. Efectivamente, las medidas están dirigidas contra los pequeños y medianos contribuyentes, que hacen ya enormes esfuerzos para cumplir con una legislación fiscal cada vez más complicada y amenazante. Eliminar el proceso sancionador previo significa que el Estado podrá castigar al contribuyente sin cumplir con los requisitos de ley para evitar abusos de autoridad. Además, “Tu notario, tu contador, tu abogado van a reportarte ante la UIF, no porque seas sospechoso, sino porque si no lo hacen les cae la multa a ellos -señala De la Garza-. Y tú te enteras cuando ya es tarde: Cuenta bloqueada, crédito negado, historial manchado. Primero el golpe. Luego, si acaso, te escuchan”.
El Gobierno podrá revisar transacciones, bloquear cuentas y sancionar sin orden de un juez. Viviremos violaciones sistemáticas al artículo 16 de la Constitución: “Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento”. La UIF y el SAT serán supervisores, fiscales y jueces. Podrán cancelar cuentas o sancionar de manera discrecional.
Bienvenidos al Estado más invasivo de México en su historia. Bajo el pretexto de combatir a los cárteles, el Estado está persiguiendo a los contribuyentes registrados en el SAT.
5 mil millones
Cuesta 5 mil millones de pesos a la semana subsidiar el IEPS a las gasolinas, dijo ayer la presidenta Sheinbaum. ¡Qué bueno que somos un país tan rico que podemos quemar esta cantidad de dinero! Con razón los servicios gubernamentales se deterioran cada vez más.
Sergio Sarmiento
El Imparcial
