Al Pie de la letra/Raymundo Jiménez García Dpoderapoder

* NAHLE-ROSA MARÍA: YUNISMO EN LA MIRA

En una reciente entrevista con el influencer veracruzano Rodrigo Crosa, el ex alcalde y ex diputado porteño Francisco Ávila Camberos narró cómo fue que el ex priista Miguel Ángel Yunes Linares ingresó al PAN y terminó adueñándose de candidaturas y cargos directivos sin que él y su clan estuvieran realmente comprometidos con Acción Nacional y su doctrina.

Ávila Camberos relata que le sorprendió que se impusiera internamente más el “yunismo que el panismo”, ya que todos los seguidores que arribaron con Yunes Linares desde la sucesión estatal de 2004 solían decir “yo no soy panista, yo soy yunista”, y “donde vaya Miguel yo voy”.

El problema ahora para ellos es que el ex gobernador y sus hijos Miguel Ángel y Fernando Yunes Márquez –uno senador y el otro diputado local–, luego de haber negociado con la 4T impunidad para toda la familia a cambio del voto 86 en la Cámara alta del Congreso de la Unión para que Morena alcanzara la mayoría calificada que constitucionalmente requería la aprobación de la polémica reforma judicial, los grupos radicales del partido guinda les han negado su afiliación.

Desde Veracruz, no sólo la gobernadora Rocío Nahle vetó el intento de afiliación del senador Yunes Márquez, sino que ha emprendido también una serie de acciones para echarles abajo los presuntos negocios que al amparo del poder fraguaron para fortalecer financiera y políticamente al yunismo.

Y a esta operación se ha sumado también la alcaldesa morenista del puerto de Veracruz, Rosa María Hernández Espejo, quien al igual que Nahle y la munícipe de Xalapa, Daniela Griego, son políticas y luchadoras sociales que provienen de la auténtica izquierda.

A mediados de enero pasado, por ejemplo, la gobernadora anunció la creación del
Organismo Público Descentralizado (OPD) “Sistema de Gestión Integral de Limpieza del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave (LIMPIAVER)”, con el objetivo de fortalecer los servicios de limpieza, higiene, asepsia y lavandería en hospitales, clínicas y demás instalaciones del sector público estatal de salud.

La decisión la tomó Nahle en diciembre de 2025 para contratar a los trabajadores de Limpieza Especializada Industrial y Hospitalaria (LEIH), S.A. de C.V. que desde junio de ese año venían protestando por los retrasos en el pago de sus salarios, no obstante que dicha empresa, constituida legalmente en noviembre de 2017 –en el primer año de la administración del ex gobernador Yunes Linares– recibió entre 2019 y 2024, durante el gobierno del morenista Cuitláhuac García, contratos por más de 900 millones de pesos, consolidándose como una de las principales proveedoras del servicio de limpieza en el sector salud de Veracruz.

Al inicio del sexenio de Rocío Nahle, también de Morena, la contratación de LEIH continuó. Aunque la mandataria explicó que el servicio había sido prorrogado por el IMSS Bienestar hasta agosto de 2025, documentos oficiales de los Servicios de Salud de Veracruz (Sesver) evidenciaron que fue su administración la que otorgó dos contratos adicionales en el primer año de su régimen, uno por 83 millones 975 mil pesos, de enero a abril, y otro por 72 millones 361 mil pesos para ampliar el servicio por tres meses más, de abril a junio.

Con estos nuevos contratos, el monto total asignado a LEIH entre 2022 y 2025 superó los mil 56 millones de pesos. Y en enero pasado trascendió que la citada empresa vinculada al yunismo se le había prorrogado el contrato hasta diciembre de 2025 y durante los primeros tres meses de 2026, lo que incrementó sus ingresos.

De acuerdo con el Registro Nacional de Comercio esta empresa tiene su domicilio fiscal en el puerto de Veracruz y sus socios fundadores son Sergio Edmundo Llarena Mancisidor y Angélica Núñez Santiago, que según versiones periodísticas son presuntos prestanombres del Clan Yunes.

Por su parte, la alcaldesa porteña Rosa María Hernández, desde la primera la primera sesión ordinaria de Cabildo celebrada el 3 de enero pasado, propuso a los integrantes del cuerpo edilicio frenar de inmediato el incremento a las tarifas del agua y realizar también auditorías integrales a los servicios públicos concesionados por la administración municipal anterior presidida por la panista Patricia Lobeira Rodríguez, quien el año pasado se divorció del senador Yunes Márquez, al cual sustituyó en 2021 en la candidatura de Acción Nacional a la alcaldía porteña tras haber sido inhabilitado por los tribunales electorales estatal y federal por incumplir con el requisito legal de la residencia.

Hernández Espejo y demás ediles autorizaron una auditoría integral a los servicios públicos concesionados, bajo un esquema de transparencia y rendición de cuentas. En el caso de Grupo MAS, se acordó revisar los títulos de concesión, anexos técnicos, modelo financiero, inversiones comprometidas y ejecutadas, calidad del servicio y cumplimiento de obligaciones.

Asimismo, aprobaron auditar la Asociación Público-Privada Wardenclyffe, responsable del alumbrado público, incluyendo contratos, modificaciones, fideicomisos de pago, afectación de participaciones federales y cumplimiento de indicadores de servicio.

Además, el Cabildo autorizó, de ser necesario, la contratación de auditorías externas especializadas y la coordinación con el Órgano de Fiscalización del Estado (ORFIS) para profundizar revisiones previas.

Van con todo contra lo que queda del “yunismo”.

El caso más trágico es el de Jorge Winckler Ortiz, un abogado incondicional de la familia Yunes que solo duró dos años como titular de la Fiscalía General del Estado, pues en 2019, al inicio del gobierno del morenista Cuitláhuac García, primero fue separado provisionalmente de su cargo por el Congreso local y luego desaforado y destituido de manera definitiva por no haber acreditado los exámenes de control y confianza que exigen las leyes federales para ejercer dicho cargo. Desde a mediados del sexenio pasado está en prisión y hace un par de semanas un juez con sede en el reclusorio de Pacho Viejo, municipio de Coatepec, lo acaba de vincular a proceso por otros tres presuntos delitos más: ejercicio indebido del servicio público, abuso de autoridad y tráfico de influencias.

Y los Yunes aparentemente se olvidaron del más yunista de sus seguidores.