Nueva señalización vial en Bogotá causa caos y siniestros: concejal Fuchi denunció controversia por millonaria inversión Infobae
El concejal Julián Forero, conocido como ‘Fuchi’, denunció graves irregularidades en la instalación de señalización vial en Bogotá, lo que ha generado una ola de críticas por los impactos negativos en la movilidad, la seguridad vial y la vida diaria de los ciudadanos.
En el debate de control político titulado “Bogotá colapsada y el recaudo disparado”, Forero puso en evidencia cómo la proliferación de baches amarillos, taches, tachones, bolardos y maletines de obra—instalados sin criterio técnico ni socialización—convirtió la señalización en un nuevo foco de caos urbano.
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Contratos millonarios y malestar ciudadano
Según el concejal, la Secretaría de Movilidad adjudicó un contrato de $131.000 millones para la instalación de señalización vial, dividido en siete zonas de la ciudad, con un promedio de $18.700 millones por contratista. A eso se suma un contrato de interventoría por $37.800 millones, elevando el costo total a $168.800 millones. El cabildante advirtió que este proceso, lejos de mejorar el tránsito, generó mayor congestión, riesgos viales y molestias para comerciantes, residentes y poblaciones vulnerables.
La magnitud del descontento es evidente: solo en 2025, la Secretaría de Movilidad recibió 7.038 pqrsd (peticiones, quejas, reclamos, sugerencias y denuncias) relacionadas con la señalización instalada. Forero sostuvo que, pese a estos reclamos, las autoridades han hecho caso omiso, amparadas en la existencia de los contratos ya adjudicados.
Improvisación y falta de socialización
Forero denunció que la intervención en localidades como Kennedy, Engativá, Usaquén, Teusaquillo y Barrios Unidos presenta múltiples anomalías:
- Taches y bolardos instalados sin sentido ni soporte técnico.
- Maletines de obra mal ubicados que obstruyen la vía.
- Materas atravesadas en plena calzada generando accidentes.
- Cierres de bahías sin justificación.
- Cambios de sentido vial sin socialización previa.
- Reducción de carriles en zonas residenciales.
El resultado está generando una mayor congestión, aumento en la siniestralidad y afectaciones directas para los ciudadanos. “No solo imponen señalización que empeora la movilidad en los barrios, sino que no le informan a la gente. Cambian sentidos de vías y luego adelantan operativos, afectando a conductores que no tuvieron claridad sobre los cambios”, señaló el concejal.
Acciones legales y exigencias de transparencia
Tras tres mesas de trabajo con la comunidad del barrio Estados Unidos en Kennedy—donde el rechazo a la señalización implementada en la carrera 79 fue unánime—Forero radicó una acción popular ante un juzgado administrativo. Su objetivo es lograr la desinstalación de la señalización y frenar la ejecución de los contratos mientras se determina si cumplen con el marco jurídico vigente.
El concejal sostuvo que la señalización implementada en dicho corredor viola varios principios:
- Afectación al espacio público: no responde a las necesidades reales de residentes y comerciantes.
- Violación del Código Nacional de Tránsito: dificulta el paso de vehículos de emergencia por la presencia de ciclorrutas en ambos costados.
- Falta de accesibilidad: no garantiza condiciones para personas con discapacidad.
- Deficiente socialización: cambios no informados oportunamente a la comunidad.
- Incumplimiento del Manual de Señalización Vial: las señales no serían claras ni oportunas.
- Riesgo en seguridad vial: ocho siniestros registrados en el corredor, asociados a la nueva infraestructura.
- Impacto económico: cerca de 150 comerciantes afectados por restricciones en cargue y descargue.
En un video presentado durante el debate, Forero mostró un accidente donde un motociclista no logra reaccionar ante los bordillos instalados en la vía, ilustrando el riesgo generado por la mala señalización.
Precios inconsistentes y posible detrimento patrimonial
El concejal alertó sobre diferencias de más del 30% en el costo de un mismo bordillo dependiendo de la zona. Por ejemplo, en el suroccidente su precio ronda los $193.043, mientras que en el nororiente sube a $260.771, sin justificación técnica clara. “Estamos hablando de recursos públicos. Estas diferencias deben explicarse, porque podrían constituir un detrimento patrimonial”, enfatizó Forero.
Además, denunció fallas graves en la implementación del sistema de transporte: “Los paraderos del Sitp fueron instalados sobre la ciclorruta, generando riesgo para peatones y ciclistas”.
El concejal advirtió que dicho modelo de señalización se está replicando en otros puntos de la ciudad, por lo que insistió en una revisión a fondo. “El problema no es solo la señalización, es la improvisación. Se están invirtiendo recursos en intervenciones que terminan generando más riesgos y afectaciones para la gente”, concluyó.
