El 40% de los participantes en el programa contra la indigencia en Los Ángeles abandonan el refugio y retornan a la calle Infobae
Los Ángeles ha invertido más de USD 300 millones en el programa Inside Safe, lanzado por la alcaldesa Karen Bass en diciembre de 2022, con el objetivo de desmantelar campamentos callejeros y ofrecer alojamiento temporal en hoteles y moteles a unas 5.800 personas sin hogar.
Sin embargo, el programa enfrenta un desafío creciente: el 40% de los beneficiarios ha regresado a vivir en la calle, lo que evidencia la complejidad de la crisis habitacional y las dificultades de reintegración, según un análisis de Los Angeles Times sobre datos de la Agencia de Servicios para Personas sin Hogar de Los Ángeles (LAHSA).
Según el análisis de la Agencia de Servicios para Personas sin Hogar de Los Ángeles, 2.300 de los 5.800 trasladados a refugios interinos volvieron a la calle al cierre de 2025.
Esta cifra comprende tanto a quienes fueron expulsados por incumplir las normas del programa como a quienes abandonaron el sistema voluntariamente o perdieron el contacto con las autoridades.
Inicialmente, menos del 20% de los beneficiarios retornaba a la indigencia tras el primer año, pero la tasa ha crecido de manera sostenida hasta alcanzar el nivel actual.
El objetivo original de Inside Safe era reubicar a cada persona de manera permanente en un plazo de hasta 90 días, ampliable hasta seis meses, según los acuerdos entregados a los participantes.
Sin embargo, la estadía promedio en alojamientos temporales se ha extendido a 362 días, de acuerdo con los últimos datos de LAHSA, lo que subraya las dificultades para cumplir el propósito fundamental del programa.
El resultado desafía la apuesta central con la que Karen Bass cimentó su gestión y su estrategia de reelección ante la crisis de las personas sin techo, detalla Los Angeles Times.
Aunque la alcaldesa ha destacado que Inside Safe generó una reducción del 17,5% en la indigencia sin refugio —de 33.000 a cerca de 27.000 personas en dos años, según el censo oficial—, los desafíos estructurales persisten.
El retorno a la calle y los límites del modelo Inside Safe
El incremento en el retorno a la calle se atribuye, en parte, a la prolongada estancia en hoteles y moteles y a las restricciones del programa, que dificultan la transición hacia una vivienda estable.
Gary Blasi, profesor emérito de la Facultad de Derecho de UCLA y especialista en temas de indigencia, cuestionó el costo elevado del programa en relación con sus resultados: “Cuando empezaron a tener personas alojadas durante nueve meses o un año, debió encenderse una alerta. Eso no es sostenible”.
Las reglas del programa incluyen la prohibición de ausentarse más de tres días sin permiso, la limitación de visitas —excepto animales de apoyo emocional— y la restricción del ingreso de alimentos externos.
El consumo de alcohol, drogas o la violencia física implican el desalojo inmediato, según responsables de los albergues y organizaciones sin fines de lucro que gestionan Inside Safe.
Directivos de organizaciones como The People Concern estiman que hasta el 65% de los beneficiarios presenta problemas graves de adicción y una proporción similar padece afecciones psiquiátricas o secuelas de trauma.
Estas condiciones hacen insuficientes los recursos disponibles en los alojamientos temporales y dificultan la adaptación y permanencia de los participantes.
Las restricciones han generado controversia entre quienes han pasado por el programa. Paisley Mares, residente en una autocaravana en el Valle de San Fernando, dijo a Los Angeles Times: “Las reglas son absurdas. Tratan a las personas sin hogar como si fueran niños. No les dejan tener agencia sobre su vida”.
Testimonios: adaptación y salud mental en entornos restrictivos
Los testimonios de los participantes reflejan las tensiones internas del programa. Jonathan Torres, quien vivió casi dos años en uno de los moteles de Inside Safe y padece problemas gástricos, fue expulsado tras permitir la visita de una persona no autorizada.
Explicó a Los Angeles Times que, aunque reconoce la infracción, “en el mundo real, uno puede recibir visitas; es fundamental para conservar la salud mental”.
Torres detalló que, mientras estuvo bajo techo, no requirió hospitalizaciones. Al regresar a la calle, enfrentó la muerte de su perro, el desalojo de su campamento y una recaída en el consumo de metanfetamina.
Otros casos, como el de Robert Martinez, ex trabajador de una empresa de filtrado de agua, evidencian la imposibilidad de recibir a familiares por las normas del programa, lo que llevó a su expulsión tras ausencias prolongadas.
Jose Monteon fue desalojado tras un altercado verbal posterior al robo de su bicicleta y ahora alterna entre dormir en su coche y la vía pública.
Las organizaciones que gestionan Inside Safe afirman que agotan todas las instancias antes de expulsar a alguien y procuran nuevas alternativas de alojamiento.
“Mi meta no es nunca devolver a alguien a la calle”, sostuvo Joseph Bradford III, director de BARE Truth, responsable de dos moteles en el este de la ciudad.
Progresos y desafíos estructurales en la transición habitacional
A pesar del elevado índice de retorno, las estadísticas de LAHSA indican avances: en diciembre, uno de cada cuatro participantes desde el inicio del programa residía en vivienda permanente, es decir, fuera del sistema provisional.
Dos años antes, solo un 15% había accedido a una solución definitiva. Incluyendo quienes permanecen en hoteles, moteles y otros alojamientos temporales, el 55% de los beneficiarios continuaba bajo algún tipo de resguardo.
La alcaldesa Karen Bass ha defendido los beneficios del alojamiento transitorio: acceso a baños, calefacción, aire acondicionado, comidas y espacios más seguros que la calle.
Entre los logros en salud pública, remarcó una “reducción de dos dígitos en la tasa de mortalidad” de personas sin hogar en el condado en 2024, según mencionó a Los Angeles Times: “El valor de la vivienda transitoria, el primero, es salvar vidas”.
Bass reconoce la necesidad de “fortalecer el sistema de alojamiento temporal” y espera que las investigaciones externas en curso permitan identificar las causas del abandono del programa.
Subrayó que las decisiones de política pública deben sustentarse en evidencia científica y en el análisis de los motivos específicos que llevan a los participantes a dejar la protección ofrecida.
Según el último conteo anual de LAHSA, la población total de personas sin hogar —incluyendo quienes viven en refugios— descendió un 4% en el condado y un 3,4% en la ciudad.
No obstante, la magnitud del reto sigue reflejada en las historias personales y en la persistente tasa de reingreso a la indigencia entre quienes aún no han logrado una solución permanente.
