Caos en operativo policial en El Rodadero de Santa Marta: autoridades inmovilizaron motocicletas mal parqueadas y ciudadanos las bajaron de la grúa Infobae
Un grupo de ciudadanos descendió de forma irregular varias motocicletas que ya habían sido inmovilizadas y subidas a grúas por funcionarios de movilidad en El Rodadero, zona turística de Santa Marta (norte de Colombia).
En videos publicados en redes sociales, se observan los instantes en que varias personas se suben al vehículo de tránsito y, de forma irregular, descienden los vehículos que habían sido retenidos por la fuerza pública por estar estacionadas en sitios no permitidos.
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Incluso, se muestra como varias personas celebran las acciones de varias personas que, aparentemente, serían propietarias de las motocicletas inmovilizadas anteriormente.
En un comunicado, la alcaldía de Santa Marta repudió el hecho e informaron que los comparendos emitidos por estacionar en lugares no permitidos permanecen vigentes.
Además, anunciaron la continuidad de los operativos de control y acciones pedagógicas para sostener el orden y la seguridad vial en Santa Marta.
Control de grupos ilegales en el Rodadero
Esta no ha sido la única irregularidad que se ha presentado en este sector turístico de Santa Marta.
En febrero de 2026, un accidente de tránsito desencadenó una crisis de seguridad inédita, luego de que Luis Miguel Moisés, defensor ambiental, denunciara amenazas y extorsión perpetradas —según su testimonio— por integrantes de Los Pachenca, organización armada asociada a las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada (Acsn).
En un video publicado en redes sociales, el líder ambiental denunció que su hijo debió entregar 1,5 millones de pesos bajo intimidación, y mencionó que, en ese instante, no recibió atención de policías ni de funcionarios de tránsito.
“Ese accidente, que debió ser cubierto por una póliza, vinieron ellos, que son la póliza, le quitaron 1.500.000 pesos y si no los daban, se los iban a llevar a la Sierra Nevada de Santa Marta”, narró el hombre.
Además, sostuvo que tales prácticas no constituyen hechos aislados, sino que reflejan una dinámica asentada en el sector.
“Acá en el Rodadero, en cada barrio de Santa Marta, los miserables paramilitares le cobran semanalmente a los más trabajadores, a los más vulnerables, un dinero. Acá, los carperos tienen que pagar semanalmente 10.000 pesos. Y acá, en este punto, al frente del Santa María del Mar, se parquean unas motos, tricimotos, que por un evento X, Y, en vez de llamar a la Policía Nacional, llaman a los paramilitares, porque para ellos son la máxima autoridad”, explicó.
Pese a la gravedad del señalamiento, la organización armada publicó un comunicado en el que negó haber intervenido en los hechos y rechazó la autoría de las intimidaciones. Sin embargo, en la misma comunicación, las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada admitieron ejercer “control territorial” en la región debido a la “ausencia estatal”, aunque señalaron: “En este caso específico no tenemos absolutamente nada que ver”.
Moisés, que se encuentra exiliado fuera de Santa Marta, insiste en la gravedad de la “vacuna”, término utilizado para designar la extorsión sistemática que afecta a múltiples sectores de la economía local.
“Cada peso que los samarios y samarias le pagan a ustedes en vacunas, es una oportunidad perdida en educación, en salud y en tranquilidad”, expresó en sus declaraciones públicas. El defensor ambiental pidió a las autoridades proteger a la población y erradicar la extorsión, mientras solicitó un diálogo que conduzca al sometimiento de estos grupos.
Jennifer del Toro, titular de la Alta Consejería para la Paz del Distrito de Santa Marta, subrayó la ilegalidad de que organizaciones armadas asuman funciones propias del Estado, independientemente de su participación en procesos de negociación: “No pueden suplantar al Estado ni ejercer autoridad”, subrayó, e instó a la Fiscalía y la Policía Metropolitana a esclarecer el caso y brindar seguridad a las víctimas de intimidación.
Las organizaciones sociales y las autoridades distritales han reiterado la urgencia de que el Estado recupere el control en sectores turísticos como El Rodadero para frenar la imposición de normas y el cobro ilegal que limita los derechos y la seguridad de los habitantes y visitantes de la ciudad.
