Alcalde de Medellín informa a Estados Unidos sobre impacto de suspensión de órdenes de captura de 23 criminales Infobae
El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, informó que ya está en contacto con autoridades de Estados Unidos tras la suspensión de órdenes de captura contra 23 líderes de grupos criminales del Valle de Aburrá, advirtiendo sobre riesgos para la seguridad y posibles impactos en operaciones judiciales y de extradición.
La controversia se desató luego de que la Fiscalía General de la Nación suspendiera órdenes de captura contra 23 cabecillas de estructuras criminales, siete de los cuales ya se encuentran en libertad. Aunque la entidad aclaró que esta medida no implica excarcelaciones, el anuncio generó fuertes reacciones de autoridades locales y regionales, que advierten sobre riesgos significativos en materia de seguridad.
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En declaraciones recientes a medios, Gutiérrez señaló que la situación trasciende el ámbito local y tiene implicaciones internacionales. “Aquí la preocupación no solo es para Medellín, no solo es para Colombia, también lo es para Estados Unidos. Yo ya he estado en contacto con el embajador de los Estados Unidos”, afirmó el mandatario según El Tiempo, destacando que varios de estos cabecillas han estado históricamente vinculados con redes de narcotráfico.
Implicaciones para extradiciones y operaciones judiciales
Según el alcalde, varios de los líderes criminales beneficiados con la suspensión de órdenes de captura habían sido solicitados en extradición en años anteriores. “Algunos de esos cabecillas, especialmente entre 2016 y 2019, cuando perseguimos a todas las estructuras criminales y los llevamos a la cárcel, eran pedidos en extradición por tráfico de drogas”, explicó Gutiérrez según el medio ya mencionado.
El mandatario advirtió que estas decisiones podrían afectar procesos judiciales y operativos en curso, y cuestionó que las medidas puedan interferir con acciones de la fuerza pública. “Venían varias operaciones en camino para capturas de algunos de esos bandidos que ya estaban libres y lo que hacen hoy es obstaculizar esos procesos”, señaló.
Reacciones de autoridades locales y nacionales
La discusión se da en un contexto de enfrentamiento político y jurídico. Mientras desde sectores del Gobierno y del Congreso se insiste en que la suspensión de órdenes de captura es una herramienta para avanzar en negociaciones de paz urbana, autoridades locales como el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, han alertado sobre la liberación de cabecillas con posibilidad de movilizarse por distintas ciudades.
Desde el Congreso, la senadora Isabel Zuleta defendió la medida, aclarando que levantar órdenes de captura no equivale a dejar en libertad a personas privadas de ella, sino que responde a la necesidad de otorgar garantías jurídicas durante los diálogos de paz. Según explicó, los siete cabecillas que actualmente están libres ya cumplieron sus condenas, pero requieren condiciones para continuar participando en las negociaciones.
Riesgo de recuperación de capacidad operativa
A pesar de estas explicaciones, el alcalde Gutiérrez aseguró que el panorama sigue siendo preocupante. Destacó que estos grupos han estado involucrados en delitos de alto impacto como homicidio, extorsión, narcotráfico y trata de personas, y advirtió sobre el riesgo de que, bajo la figura de voceros de paz, puedan recuperar capacidad de operación.
“Estos tipos son muy peligrosos. Nosotros vamos a seguir combatiendo esas estructuras criminales”, enfatizó el mandatario local según El Tiempo, subrayando la importancia de mantener un control riguroso sobre los procesos judiciales y operativos en curso.
Próximos pasos y seguimiento internacional
De acuerdo con el medio, el alcalde anunció que en los próximos días entregará más detalles sobre los cabecillas involucrados y sus procesos judiciales, mientras crece la tensión entre autoridades locales y el Gobierno Nacional por el rumbo de la política de seguridad y negociación con estructuras criminales.
La suspensión de órdenes de captura de estos 23 criminales podría llegar a marcar un precedente en la estrategia de paz urbana, generando debates sobre los límites entre negociación y control del crimen organizado.
