CIERRAN ACCESOS AL MAR Sol Yucatán
*En un acto de autoritarismo y nepotismo, el alcalde de Celestún cierra los accesos, utilizando recursos del ayuntamiento, para beneficiar negocios familiares.
Redacción/Sol Yucatán
En un acto que ha sido calificado por la ciudadanía y prestadores de servicios como un abuso de autoridad y nepotismo, el alcalde de Celestún, Germán Cahuich, ha ordenado el cierre sistemático de diversas vialidades que conducen a la zona costera, utilizando recursos públicos y elementos policiacos para sitiar el acceso al mar.
Bajo las órdenes directas del primer edil, empleados municipales han instalado polines y barreras de contención en los cruces de la calle 12 con las arterias 5, 7, 9, 11, 14, 15 y 17. Esta medida ha estrangulado el flujo vehicular en el centro de la población, obligando a turistas —incluyendo adultos mayores con movilidad limitada— a sortear obstáculos para buscar alimentos o servicios, lo que ha generado severas pérdidas económicas para los comercios locales que operan bajo la ley.
Sin embargo, el descontento social estalló al evidenciarse que la calle 3 permanece abierta y custodiada. Dicha vía es el acceso principal hacia la palapa de la tía del alcalde, la señora Germana Jesús Cahuich Pinto, y otros negocios vinculados a figuras políticas aliadas, como el diputado Alejandro Cuevas.
A pesar de que existían acuerdos previos tras la intervención de autoridades competentes, el alcalde rompió el diálogo. Testigos señalan que, tras permitir que particulares como el señor Gaspar Solís descargaran mercancía, el edil reestableció el bloqueo enviando patrullas y agentes de la policía para custodiar las 24 horas que ningún vehículo circule, amedrentando indirectamente al turismo y favoreciendo exclusivamente los puntos de venta de sus allegados.
El actuar de la administración municipal de Celestún no solo contraviene la ética gubernamental, sino que viola preceptos constitucionales y leyes federales vigentes:
1. El Libre Tránsito
El cierre de calles mediante obstáculos físicos vulnera el Artículo 11 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el cual establece:
«Toda persona tiene derecho para entrar en la República, salir de ella, viajar por su territorio y mudar de residencia, sin necesidad de carta de seguridad, pasaporte, salvoconducto u otros requisitos semejantes».
De igual manera, ninguna autoridad municipal tiene la facultad de restringir la movilidad en vías públicas para beneficio de intereses particulares o familiares.
En México, las playas son bienes de uso común. De acuerdo con la Ley General de Bienes Nacionales, específicamente en su Artículo 8, se establece que todos los habitantes pueden usar los bienes de uso común.
Más importante aún, el Artículo 127 de dicha ley, reformado recientemente, es tajante:
«El acceso a las playas marítimas y la zona federal marítimo terrestre contigua a ellas no podrá ser inhibido, restringido, obstaculizado ni condicionado salvo en los casos que establezca el reglamento».
Asimismo, la ley contempla sanciones severas (multas que pueden superar el millón de pesos) para quienes impidan el acceso a las zonas playeras, subrayando que no existen playas privadas y que los accesos deben ser públicos.
Los comerciantes afectados, quienes afirman tener sus documentos en regla y pagar sus impuestos municipales, hacen un llamado a las autoridades estatales y federales para que intervengan ante lo que consideran una «dictadura local» que utiliza a la policía como guardia privada para proteger el nepotismo y el influyentismo en uno de los puertos turísticos más importantes de Yucatán.
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