La Federación de Víctimas de las Farc solicitó citar a Sandra Ramírez ante la JEP por el macrocaso de violencia sexual Infobae
La Federación de Víctimas de las Farc (Fevcol ) pidió a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) que cite a la senadora Sandra Ramírez a declarar en el marco del macrocaso 07, que investiga violencia sexual, abuso infantil y abortos en las filas de la antigua guerrilla.
Según Caracol Radio, la solicitud fue presentada al despacho de la magistrada Lily Rueda y destaca el posible papel de la congresista en los hechos investigados.
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Fevcol busca que la JEP cite a la senadora Ramírez debido a su alto rango, su vínculo con Manuel Marulanda Vélez ‘Tirofijo’, y la información relevante que podrían aportar sus testimonios sobre los delitos que investiga el macrocaso 07.
Además, la organización denunció que la testigo Deysi Guanaro y su familia han sido objeto de amenazas por parte de las disidencias de la Segunda Marquetalia.
Posible detención y análisis del rol de Sandra Ramírez
En la petición formulada a la magistrada Rueda, Fevcol sostiene que el cargo de Sandra Ramírez la convierte en una de las mujeres de mayor jerarquía en la antigua guerrilla. La federación insiste en que debe examinarse su responsabilidad en la estructura de mando.
Además, señala la necesidad de “agilizar la citación” para “garantizar los derechos de las víctimas”, según recogió el medio radial. La solicitud pide que la JEP decida si debe imponer una detención preventiva a la parlamentaria, mientras ella presenta su versión de los hechos en el macrocaso 07.
Amenazas contra una testigo clave del caso
Junto a la solicitud de citación, la federación denunció amenazas y presiones contra la testigo Deysi Guanaro.
Según la comunicación enviada a la JEP, la testigo y su familia han sufrido amenazas por parte de las disidencias de la Segunda Marquetalia para impedir que participen en las investigaciones.
Fevcol, en diálogo con el medio radial, advirtió que estos hechos comprometen la seguridad de la testigo y pueden afectar la continuación de las pesquisas judiciales. La federación subraya su preocupación por el alcance de estas intimidaciones y la necesidad de proteger a quienes colaboran con la justicia en el macrocaso.
La organización remarcó que la vulnerabilidad no solo afecta a la testigo, sino también a sus familiares y representantes judiciales. Esta situación, agregaron, exige respuestas efectivas de la JEP para resguardar la seguridad e integridad de todos los actores involucrados.
La Comisión de Derechos Humanos del Senado elige a Sandra Ramírez como vicepresidenta
Sandra Ramírez fue elegida vicepresidenta de la Comisión Legal de Derechos Humanos y Audiencias del Senado de Colombia durante la sesión celebrada el 25 de marzo de 2026.
Esto ocurrió en medio de crecientes debates sobre el acceso de los exmiembros de las extintas Farc a posiciones legislativas clave.
La decisión resultó de una votación unánime en la comisión y ocurrió cuando apenas restan tres meses para la culminación de la gestión parlamentaria de Ramírez, quien defiende esta designación como un derecho adquirido por la firma del Acuerdo de Paz de 2016.
Durante la oficialización de este nombramiento, la célula legislativa resaltó la importancia de la representación de quienes firmaron el acuerdo y anticipó una orientación de la agenda legislativa hacia la unidad y la reconciliación.
“Estamos seguros de que la gestión que se adelantará desde la mesa directiva, conformada por el senador Carlos Motoa y la senadora Sandra Ramírez, representará avances significativos en la construcción de la unidad y la reconciliación que el país necesita”, indicó la comisión.
El dato que ha intensificado la controversia es la cifra presentada por la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), que vincula a las desmovilizadas Farc con el reclutamiento de al menos 18.677 niños durante el conflicto armado.
Esta revelación ha sido utilizada por sectores políticos y organizaciones de víctimas para objetar la presencia de exguerrilleros en órganos encargados de salvaguardar derechos fundamentales.
La senadora María Fernanda Cabal, del Centro Democrático, manifestó su rechazo del nombramiento al calificarlo de provocación para las víctimas.
A través de sus redes sociales, expresó: “Ahora vicepresidente de la Comisión de Derechos Humanos del Senado. Otra ofensa para las víctimas de la guerrilla”.
Este rechazo fue compartido por figuras políticas y algunos medios de comunicación, quienes consideran inadmisible que antiguos integrantes de grupos responsables de crímenes graves ocupen espacios decisivos en materia de derechos humanos.
Precisamente, el contexto de este nuevo cargo coincide con un momento de quiebre para el partido Comunes, heredero político de la exguerrilla, que tras las elecciones del 8 de marzo no logró el umbral electoral necesario y perdió la personería jurídica para la próxima legislatura.
Esto convierte la vicepresidencia de la comisión en uno de los últimos cargos de alto nivel para un exintegrante de las Farc dentro del Congreso, circunstancia que amplifica la dimensión política de la controversia.