El contrabando en Costa Rica se consolida como negocio del crimen organizado y mueve hasta un 2,6 % del PIB, advierte experto Infobae
El crecimiento del comercio ilícito en Costa Rica dejó de ser un fenómeno aislado para convertirse en una actividad estructurada, vinculada directamente con redes del crimen organizado. Ricardo Carvajal, director del Observatorio del Comercio Ilícito de la Cámara de Comercio de Costa Rica, señala que este delito no solo se ha diversificado, sino que además representa un negocio altamente lucrativo y de bajo riesgo para quienes lo operan.
Las declaraciones surgen en un contexto reciente marcado por decomisos millonarios en distintas zonas del país, incluyendo cargamentos de licor, cigarrillos y productos de perfumería. Según explicó Carvajal, estos casos son apenas una muestra de una problemática mucho mayor.
“En los últimos años hemos visto un crecimiento de la operación del crimen organizado en Costa Rica, no solo en narcotráfico, sino también en contrabando y otras actividades ilícitas”, indicó. De acuerdo con estimaciones del Observatorio, el valor del comercio ilícito alcanzó en 2022 cerca de un billón de colones anuales, lo que equivale al 2,6 % del producto interno bruto.
El experto subrayó que el contrabando dejó de ser una práctica informal de pequeños comerciantes para convertirse en una actividad controlada por estructuras criminales organizadas, capaces de distribuir mercancías a gran escala en todo el territorio nacional. “Cuando vemos decomisos de hasta un millón de dólares en productos, entendemos la magnitud del negocio”, afirmó.
Entre los artículos que más ingresan ilegalmente al país destacan cigarrillos, licores, medicamentos, textiles, calzado falsificado e incluso insumos agrícolas como agroquímicos y semillas. Esta diversificación responde, según Carvajal, a dos factores clave: la alta rentabilidad y el bajo nivel de riesgo penal.
“Es un negocio muy lucrativo y además poco riesgoso. No recibe la misma atención que el narcotráfico y prácticamente no hay personas cumpliendo penas de cárcel por contrabando, a pesar de que la ley contempla sanciones de hasta 15 años”, explicó.
A diferencia del narcotráfico, que en muchos casos utiliza Costa Rica como país de tránsito, el contrabando tiene como destino final el mercado local. Es decir, los productos ilegales se comercializan y consumen dentro del país.
Esta dinámica está estrechamente ligada a factores económicos. Los altos impuestos sobre ciertos bienes, como el licor y los cigarrillos, han generado incentivos para que los contrabandistas introduzcan mercancías sin pagar tributos, ofreciendo precios más bajos al consumidor.
“Se crean condiciones donde el consumidor encuentra productos más baratos, y eso los hace atractivos. A esto se suma que el riesgo para quienes los comercializan es bajo, lo que termina impulsando el crecimiento del negocio”, detalló Carvajal.
El fenómeno también involucra a los consumidores. Aunque en algunos casos las personas desconocen el origen ilícito de los productos, especialmente cuando se trata de falsificaciones, en otros existe plena conciencia de que se trata de mercancía de contrabando.
El experto advirtió que, además del impacto económico, estos productos pueden representar riesgos para la salud y la seguridad. Recordó, por ejemplo, casos de bebidas alcohólicas adulteradas que provocaron intoxicaciones e incluso muertes en el país hace algunos años, lo que obligó al Ministerio de Salud a intervenir.
En cuanto al destino de los productos decomisados, Carvajal explicó que deben pasar por un proceso administrativo que incluye almacenamiento mientras se garantiza el debido proceso. Posteriormente, la mayoría es destruida, ya que no cumple con regulaciones sanitarias ni legales.
Sin embargo, este proceso no está exento de riesgos. “Muchas veces la destrucción es lenta y eso genera peligros, como robos en los almacenes fiscales por parte de las mismas estructuras criminales”, señaló.
Ante este panorama, el Observatorio hizo un llamado a las autoridades para fortalecer la lucha contra el contrabando mediante un enfoque integral. Carvajal insistió en la necesidad de una articulación interinstitucional que involucre a entidades como el Ministerio de Salud, el Ministerio de Agricultura, el Ministerio de Economía y cuerpos policiales como la Policía de Control Fiscal y el Organismo de Investigación Judicial.
También destacó la importancia de dotar de mayores recursos a las autoridades y capacitar a jueces y fiscales en materia aduanera, con el fin de lograr condenas efectivas.
“El objetivo es que estas redes empiecen a sentir el riesgo. No se trata solo de decomisar, sino de lograr sentencias y reducir una de las principales fuentes de financiamiento del crimen organizado”, concluyó.
El experto aseguró que, si bien erradicar completamente el contrabando es poco probable, sí es posible disminuir su impacto mediante acciones coordinadas del Estado y una mayor conciencia ciudadana sobre las implicaciones de consumir productos ilícitos.
