El régimen iraní intensificó las ejecuciones a opositores en medio de la guerra Infobae

Las ejecuciones en Irán han adquirido un nuevo ritmo desde el inicio del conflicto entre Estados Unidos e Israel con la república islámica, mientras la atención global se fija en temas geopolíticos como el precio del petróleo.

Organizaciones defensoras de derechos humanos denuncian un aumento en el uso de la pena capital por parte del régimen, que estaría aprovechando el actual contexto internacional para ejecutar sentencias bajo un manto de opacidad e intimidación social. El medio The Guardian recogió testimonios y cifras que advierten sobre la gravedad del fenómeno y el silencio oficial que lo rodea.

Solo en 2026, al menos 145 personas han sido ejecutadas de forma comprobada, mientras que se reportan más de 400 ejecuciones adicionales aún no verificadas, según datos de Iran Human Rights.

La cifra pone de manifiesto una aceleración respecto a años anteriores y revela que la mayoría de estos castigos no figura en los registros oficiales: el relator especial de la ONU destacó que solo el 7% de los casos se hicieron públicos.

La situación se agravó tras las protestas masivas de enero, donde decenas de miles de personas permanecen detenidas y varias decenas podrían enfrentar la pena de muerte, indica Amnistía Internacional.

A raíz de la represión, el acceso a la información también ha sido restringido. El corte de internet impuesto por las autoridades dificulta el seguimiento de las ejecuciones y de los procesos judiciales en marcha. Familiares de los detenidos denuncian que reciben advertencias para que no contacten a terceros ni den a conocer los casos a la prensa, lo que contribuye al clima de opacidad.

Entre los innumerables casos documentados, el de Peyvand Naimi, de 30 años, ilustra los métodos empleados por el régimen. Detenido tras las protestas, Naimi ha sido mantenido más de un mes en aislamiento, sometido a falsas ejecuciones, torturas físicas y psicológicas, y forzado a confesar en televisión.

No se le ha permitido acceso a un abogado ni ha recibido cargos formales, según relató un familiar a The Guardian. Zahra Hosseini, allegada de Naimi, expresó: “Mi cuerpo temblaba al escuchar lo que ha soportado. Es increíble. Estoy muy preocupada”.

A comienzos del mes tres hombres fueron ahorcados públicamente tras ser acusados por su presunta participación en las protestas de enero. Saleh Mohammadi, una figura destacada de la lucha local con 19 años, fue condenado por moharebeh—“guerra contra Dios” según la tipificación iraní—junto a Mehdi Ghasemi y Saeed Davoudi. Al día siguiente, Kourosh Keyvani, ciudadano sueco-iraní, fue ejecutado tras ser declarado culpable de espionaje para Israel.

Uno de los episodios más notorios fue televisado en la ciudad de Isfahán. Durante su interrogatorio, Shervin Bagherian Jabali, apenas con 18 años, preguntó en voz baja: “¿Qué significa moharebeh? ¿Puede explicármelo? No sé qué es, señor.” El agente respondió: “Ejecución”. El amigo del joven declaró a The Guardian que Jabali había padecido tres simulacros de ejecución, con una soga alrededor del cuello.

Esta semana, Mohammad Taghavi (59) y Akbar Daneshvarkar (60) también fueron ejecutados por baghi, rebelión armada contra el Estado. Amnistía Internacional denunció que sus condenas, dictadas en octubre de 2024, siguieron a un juicio “profundamente injusto” apoyado en confesiones obtenidas bajo tortura.

En la prisión de Ghezel Hesar, cerca de Teherán, Babak Alipour y Pouya Ghobadi fueron ejecutados tras ser señalados como miembros del grupo opositor en el exilio Muyahidines del Pueblo de Irán, comunicó el Consejo Nacional de Resistencia de Irán. Ambos sufrieron meses de interrogatorios y tortura antes de recibir la sentencia.

“El coste político es muy bajo”

Según Mahmood Amiry-Moghaddam, director de Iran Human Rights, la coyuntura bélica ofrece al régimen un margen inédito para ampliar la represión: “Nos preocupa que estas ejecuciones y violaciones a los derechos humanos queden ensombrecidas por la guerra. Ahora todos piensan en el precio del petróleo, y por eso el coste político es muy bajo.”

Para Mansoureh Mills, investigadora de Irán en Amnistía Internacional, desde el levantamiento de 2022 por “Mujer, Vida, Libertad”, las autoridades han convertido la pena capital en un método deliberado “para sembrar el miedo y reprimir la disidencia”.

En el norte iraní, el caso de Danial Niazi, de la minoría kurda, subraya el patrón. Según el medio y organización kurda Kurdpa, su madre fue informada de que enfrentaría juicio en solo diez días.

La acusación formal incluye cargos de moharebeh, tentativa de homicidio, lesiones, asamblea contra la seguridad nacional, alteración del orden público y propaganda antigubernamental.

Niazi habría sufrido golpizas tan severas que no podía caminar y dependía de otros presos para desplazarse durante las visitas. Funcionarios penitenciarios amenazaron con arrestar y violar a su madre delante de él y con torturar a su hermano, denunció Awin Mostafazadeh, portavoz de Kurdpa.

En paralelo, la sobrepoblación carcelaria y la ausencia de recursos básicos como comida, agua o medicinas se intensificaron “durante la guerra con Estados Unidos e Israel”, según los testimonios recogidos.

El 3 de marzo, Amnistía Internacional registró el uso de gases lacrimógenos por parte de las fuerzas de seguridad contra internos de Mahabad que reclamaban su liberación tras explosiones recientes. En la cárcel de Evin, los prisioneros de la sección 209—donde se encuentran activistas y disidentes—fueron trasladados a lugares desconocidos sin que las familias recibieran información clara.

Reza Younesi, profesor de la Universidad de Uppsala en Suecia, publicó en X que su hermano estaba entre 22 presos extraídos por la fuerza de Ghezel Hesar.

“Las familias de estos presos no tienen información sobre la situación o el paradero de sus seres queridos”, escribió Younesi.

Cifras récord y ocultamiento estatal

El relator especial de la ONU para derechos humanos en Irán documentó al menos 1.639 ejecuciones en 2025, frente a 975 en 2024, aunque organizaciones civiles afirmaron que el saldo real superaría las 2.000 muertes. Las diferencias se atribuyen a que la mayoría de los casos no es anunciada oficialmente; muchas sentencias, e incluso los cargos, solo se comunican a los propios presos y sus familias.

El 23 de marzo, el primer vicejefe del sistema judicial iraní declaró que los casos relacionados con las protestas de enero ya habían recibido sentencia firme y que se estaban ejecutando, enfatizando que no se ofrecería ninguna clemencia a los condenados, según información recopilada por The Guardian.

En palabras de una allegada de Naimi: “La única forma de ayudar era ser su voz y asegurarse de que todos sepan lo que ocurre. Cuando alguien comete un crimen en la oscuridad, se siente cómodo, pero si pones el foco sobre ellos, se asustan.”