Diputados buscan que alumnos de escuelas de tiempo completo tengan comida asegurada por ley y no solo por programas temporales El Imparcial
Diputados federales presentaron una iniciativa para que la Ley General de Educación incluya de forma explícita el derecho a alimentación escolar nutritiva y suficiente en las escuelas de tiempo completo, algo que beneficiaría a estudiantes de educación básica en todo el país.
La propuesta busca que el Estado tenga la obligación legal de asegurar alimentos en estos planteles como parte de la jornada educativa amplia, y ya fue ingresada ante la Cámara de Diputados para su análisis y discusión.
Este planteamiento coincide con esfuerzos previos por recuperar programas de jornada extendida que ofrecían comida a millones de niñas, niños y adolescentes antes de su desaparición o modificación.
¿Qué es una “escuela de tiempo completo” y por qué importa?
Las escuelas de tiempo completo son planteles donde la jornada escolar se extiende más allá de las horas tradicionales. En ellas, además de clases, se ofrecían servicios de alimentación nutritiva y apoyo académico extra.
Durante años, este modelo se vinculó con mejores tasas de aprovechamiento escolar, menor deserción y apoyo a familias donde los padres trabajan durante todo el día.
En algunos estados, su ausencia ha generado protestas de padres y docentes por la falta de comida y atención integral para estudiantes.
Te puede interesar: SEP gana 26 sentencias contra empresas que buscaban mantener la venta de comida chatarra en escuelas de México
¿Qué propone la reforma a la ley educativa?
La iniciativa presentada propone modificar el artículo 9° de la Ley General de Educación para que:
- El Estado garantice la alimentación nutritiva adecuada durante la jornada escolar ampliada.
- Quede por escrito la obligación de proveer comida como parte del servicio educativo.
- Se reconozca legalmente a las escuelas de tiempo completo dentro de la estructura del sistema educativo nacional.
La finalidad es que la alimentación deje de depender únicamente de programas presupuestarios o de la voluntad de las autoridades educativas locales y pase a ser un derecho constitucionalmente respaldado dentro de la educación pública.
¿Cómo afectaría esto a las familias y las escuelas?
Si se aprueba la reforma:
- Las autoridades tendrían la obligación legal de financiar y organizar la entrega de alimentos escolares en toda la República.
- Más estudiantes tendrían acceso a comidas nutritivas durante el día escolar, lo que puede mejorar concentración, rendimiento académico y nutrición general.
- Las madres y padres no tendrían que depender de la cooperación comunitaria o de aportaciones voluntarias para que sus hijos coman bien en la escuela.
Esta iniciativa responde en parte a críticas ciudadanas de que sin una base legal clara, la alimentación escolar puede quedar al margen de las prioridades presupuestales y educativas.
Te puede interesar: Mientras en México los desayunos del DIF llegaban a menos del 20% de los alumnos, en Estados Unidos millones de estudiantes reciben alimentos completos todos los días en la escuela
¿Cuál es el contexto educativo y legislativo?
La Ley General de Educación es la norma que regula cómo se debe impartir la educación pública en México, así como los derechos y obligaciones de las autoridades, alumnos y familias.
Ha sido modificada en tiempos recientes para integrar aspectos como la promoción de una alimentación saludable en escuelas y otros objetivos de salud pública.
La nueva propuesta legislativa se enmarca en ese mismo contexto de fortalecer la educación con medidas concretas que aseguren no solo clases, sino también condiciones que favorezcan el bienestar físico y social de estudiantes.
¿Qué sigue en el proceso legislativo?
La iniciativa fue turnada a las comisiones correspondientes de la Cámara de Diputados, principalmente a la de Educación. Ahora los legisladores deberán:
- Analizar el texto propuesto y discutir sus implicaciones.
- Recibir opiniones de expertos, comunidades educativas y sociedad civil.
- Someterla a votación antes de que pueda avanzar al Senado y, en su caso, publicarse como reforma oficial.
El resultado de este proceso determinará si la alimentación escolar se convierte en un derecho legal explicitado en la ley educativa de México.
