Cambio Radical señaló al Gobierno Petro de actuar con indiferencia ante los riesgos que corre la oposición: “Están amenazados” Infobae
La Defensoría del Pueblo allegó un informe al Congreso de la República en el que alerta sobre los riesgos que corren los políticos que hacen parte de la oposición al Gobierno actual, liderado por el presidente Gustavo Petro. De acuerdo con el documento, conocido por El Espectador, en 2025, tres líderes opositores fueron asesinados en Colombia y 440 recibieron amenazas.
De igual manera, se han registrado varios atentados en contra de políticos de partidos como el Centro Democrático, Cambio Radical y ASI, los cuales se suman al magnicidio del senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay, que fue víctima de un ataque armado el 7 de junio de 2025 en Bogotá.
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Del Centro Democrático, 29 congresistas pidieron un refuerzo en sus esquemas de seguridad, pero, presuntamente, no han recibido respuesta. Por otro lado, 21 legisladores de Cambio Radical aseguran estar en riesgo, según indicó El Espectador en la revelación del informe de la Defensoría.
Cambio Radical se pronunció al respecto a través de una publicación en X, en la que confirmó que los movimientos políticos opositores no cuentan con garantías reales para el ejercicio de la política en Colombia. En ese sentido, señaló al Gobierno nacional de hacer caso omiso a las denuncias y advertencias de la oposición y de las entidades que advierten sobre los peligros que corren.
Asimismo, aseguró que la política de Paz Total que ha venido implementando el presidente ha empeorado la situación de orden público en el país, lo que supone mayores riesgos para la población y para los políticos.
“Nuestros líderes y dirigentes están amenazados, mientras el gobierno de Gustavo Petro guarda silencio y actúa con indiferencia. Bajo la llamada “paz total”, los grupos al margen de la ley se están fortaleciendo y consolidando control territorial. Y con Iván Cepeda, sería más de lo mismo”, aseveró el partido político en la red social.
El congresista Carlos Fernando Motoa, de Cambio Radical, también expresó su descontento por la situación que enfrentan los políticos de la oposición. De acuerdo con su explicación, han denunciado amenazas y se han registrado asesinatos. Además, afirmó que el Gobierno de Gustavo Petro tendría una parte de responsabilidad al ser, presuntamente, un “cómplice” de la ilegalidad.
“Tanto @PCambioRadical como @CeDemocratico hemos lidiado con amenazas existenciales que se cobraron desde la vida de compañeros hasta la posibilidad de recorrer el territorio –en plena época electoral–. Sin duda, los sectores que cuestionamos al Petrismo no tenemos más garantía que el respaldo de la opinión pública contra un gobierno cómplice de la ilegalidad e indolente con el que piensa diferente”, precisó.
Cabe resaltar que el 17 de marzo de 2026, el ministro del Interior, Armando Benedetti, informó que se reforzarán los esquemas de seguridad de los 14 candidatos y candidatas presidenciales que se inscribieron ante la Registraduría Nacional del Estado Civil. Las medidas de protección cobijarán también a sus fórmulas vicepresidenciales.
Riesgos en época electoral
En febrero de 2026, previo a las elecciones legislativas, que se llevaron a cabo el 8 de marzo de 2026, la Defensoría del Pueblo informó que, a través de la Alerta Temprana Electoral (ATE 013 de 2025), se advirtió sobre la identificación de coacción electoral en Bolívar, Sucre, La Guajira, Magdalena, Atlantico, Cesar, el Archipielago de San Andres y Providencia, Antioquia, Córdoba, Chocó, Valle del Cauca, Cauca y Nariño.
Según explicó la defensora del Pueblo, Iris Marín Ortiz, en esos departamentos, los grupos armados establecen reglas que condicionan el comportamiento electoral de la ciudadanía. Estos riesgos permanecen vigentes, lo cual supone una preocupación institucional, teniendo en cuenta que en mayo se llevarán a cabo las elecciones presidenciales.
“Nuestra preocupación central no es sobre la realización de la jornada de las elecciones. Nuestra preocupación central es sobre la libertad con la que se desarrollarán esas elecciones en el país. El riesgo no es la cancelación de las votaciones, sino la consolidación de una democracia meramente formal en algunas regiones que ignora el silencio obligado de las comunidades ante la gobernanza de los grupos armados”, afirmó la entidad en un comunicado.
