EPS respondió a denuncias de que lleva dos meses sin pagarle a sus trabajadores: la tienen embargada Infobae
La senadora electa y actual representante a la Cámara, Jennifer Pedraza, denunció que los trabajadores de la entidad promotora de salud Asmet Salud llevan más de dos meses sin salario, situación que persiste pese a que la empresa se encuentra bajo intervención estatal desde 2023.
De acuerdo con Pedraza, la falta de pago genera problemas graves en la alimentación de los empleados y afectaciones directas en su atención médica, puesto que la empresa tampoco ha consignado los aportes de seguridad social, anulando su afiliación activa al sistema de salud.
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Sindisalud-Asmet, sindicato de la EPS, elevó la preocupación. Según comunicado, la organización mantiene una deuda con sus empleados que abarca no solo los dos meses impagos de salario, sino seis meses de bonos de alimentación previamente acordados, dos meses de vacaciones y pagos pendientes de liquidaciones para quienes renunciaron a lo largo del periodo.
La asociación puntualizó que “se han recibido múltiples denuncias relacionadas con la mora en el pago de la seguridad social, generando consecuencias profundamente preocupantes, como la cancelación de citas médicas, incluso en casos de especial protección”.
Tras la denuncia, la aseguradora, por medio de un comunicado dirigido a la opinión pública, afirmó que cuenta con restricciones financieras que dificulta su operación. Sin embargo, los esfuerzos se concentran en adelantar gestiones legales para revertir la situación.
“Asmst alud EPS SAS. actualmente bajo medida de intervención administrativa, enfrenta restricciones fnancieras debido a medidas cautelares de embargo en procesos judiciales. Estas acciones han inmovilizado recursos destinados al gasto administrativo; por ello, estamos intensificando las gestiones legales para lograr su levantamiento y así, garantizar la continuidad operativa y recuperación de los recursos”, señala el documento.
Al respecto, la doctora Jessica Miena Aguime Santana, interventora sustituta temporal de la EPS, señaló que cuentan con una hoja de ruta clara para mantener el servicio y realizar los pagos correspondientes lo más pronto posible.
Frente a esta situación, “hemos activado un plan de acción riguroso poniendo en conocimiento a las autoridades de control y entes competentes para proteger los recursos públicos y asegurar su correcta destinación, no obstante, la complejidad de los casos no ha permitido avanzar al ritmo esperado”.
Paralelamente, según dijo, “estamos realizando un análisis financiero para definir un plan de normalización de pagos que se ejecutará en cuanto se liberen los recursos”.
Aguime Santana agregó: “Asmet Salud EPS SAS. en Intervención. reitera su compromiso y gestión basada en a transparencia, la defensa de los recursos de la salud y el respeto integral los derechos de sus trabajadores y usuarios”.
La intervención estatal y su crisis interna
La Superintendencia Nacional de Salud mantiene la intervención sobre Asmet Salud desde 2023. Sin embargo, la situación organizativa al interior de la EPS se agravó recientemente con la suspensión del agente especial interventor, Lain Eduardo López Martínez, que fue apartado de su cargo por decisión de la Procuraduría General de la Nación. E organismo, además, abrió procesos disciplinarios contra cinco exagentes interventores: Luis Carlos Gómez Núñez, Rafael Joaquín Manjarrés González, Javier Ignacio Cormane Fandiño, Gloria Libia Polanía Aguillón y Raúl Andrés Munévar.
El 31 de marzo de 2026, Asmet Salud notificó que la Superintendencia Nacional de Salud designó de manera temporal a una interventora sustituta, Jessica Milena Aguirre Santana. De acuerdo con el comunicado oficial de la EPS, Aguirre Santana enfocará su gestión en el fortalecimiento de la red de servicios.
“Asmet Salud EPS reitera su compromiso con la continuidad del servicio y la sostenibilidad del sistema de salud en las regiones donde hace presencia”, aseguró.
La conjunción de salarios impagos, aportes de seguridad social omitidos y falta de liquidez instaló un cuadro crítico que amenaza tanto la estabilidad laboral de cientos de trabajadores como la continuidad.
