Los pactos de impunidad entre gobernadores Sol Yucatán

Redacción/Sol Yucatán

Muchos se preguntan por qué, en los cambios de gobierno, los funcionarios entrantes, al conocer los robos cometidos por los que salen, no ponen las denuncias correspondientes o, si las ponen, luego las meten a la congeladora, lo que las deja sin efecto y perpetúa la impunidad.

Esta práctica, enraizada en Yucatán desde hace varios sexenios, ha contribuido a volver más cínica y más impune a la mafia del poder que ha padecido nuestro estado, pues quienes debieran revisar las cuentas y, al encontrar manejos ilegales, proceder contra los autores con todo el peso de la ley, como saben que ellos mismos son iguales, previsoramente optan por seguir la popular conseja neoliberal: “El respeto a la corrupción ajena es la paz”.

De tal modo resulta que, en vez de estar en la cárcel, los funcionarios que han depredado a sus estados no solo se mantienen impunes, sino que algunos incluso se pavonean con cargos que no merecen y en los que no tienen nada que aportar.

En realidad, son muchas las formas de robo al erario, y se practican con tanta impunidad, que ya hasta existe un lamentable “catálogo de la infamia”, cuyo uso ha sido común en los gobiernos, tanto municipales como estatales y federales.

Por ejemplo, el cobro de la totalidad del dinero etiquetado para la realización de importantes obras públicas, poniendo nada más la primera piedra o dejándolas en la obra negra, lo que significa que, si no hay denuncias, nunca serán terminadas, y como no las hay, no se persigue el delito, ni se aclara quién se robó esos recursos o a qué campaña política fueron desviados, lo que impide que se recupere el faltante para aplicarlo correctamente.

También figuran en ese catálogo los moches a las concesiones de la obra pública, que no bajan del 25%, pero en algunos gobiernos han llegado hasta el 45 y 50%. Lo más triste es que el moche afecta tanto la calidad de la obra como los salarios y prestaciones de los trabajadores, lo que contribuye a perpetuar el círculo vicioso de pobreza, pues un pago injusto a los que viven al día de su trabajo deteriora aún más la calidad de vida de sus familias.

Otra forma oficial de defraudar es la que se conoce como desvíos, pues si llega el dinero para determinada obra, lo toman para otra o se lo roban sin hacer ninguna. Y también figura entre las formas de robo algo muy común: el sobreprecio con que proyectan y ejecutan la mayoría de las obras, así como la falsificación de facturas a través de empresas factureras ampliamente denunciadas, o a través de empresas inexistentes que con frecuencia son creadas apenas se toma posesión del cargo, exclusivamente para robarse el dinero.

Por eso dicen que cada gobierno saca una hornada de nuevos millonarios y, como no se castiga a los irresponsables responsables, ni se recupera el dinero que hurtaron, a pesar de que con frecuencia estamos hablando de cientos y hasta miles de millones de pesos, el daño al erario, además del atraso social y el desencanto ciudadano que eso motiva, queda impune.

Pacto de impunidad

Lo más interesante de esto es que hay varios motivos por los que no se persigue a los que le roban al erario:

El primero es el pacto de impunidad, que existe cuando el gobierno entrante es del mismo partido que el saliente, pues lo normal es que el gobierno saliente arrope al candidato de su partido canalizando a su campaña grandes cantidades de dinero, tanto del obtenido a través del mencionado catálogo de la infamia como del otro dinero sucio: el que entregan los giros negros a los gobiernos que, en vez de combatirlos, los encubren.

Otro apoyo importante, pero también ilegal, que los gobiernos dan a los candidatos de su mismo partido es movilizar en su favor como operadores políticos a todos los jefes de departamento de las distintas dependencias, a todo el personal de confianza y a otras personas que sean de su misma militancia partidista, lo que se hace, desde luego, en horarios de trabajo.

Es tan común esta práctica que, durante los tiempos de las campañas políticas, una gran parte del personal de las dependencias de gobierno desaparece de las oficinas porque está de “comisión”.

Este apoyo total que da el gobernante al candidato de su mismo partido resulta lógico porque, como es bien sabido, su triunfo le garantiza que no serán investigados sus chanchullos.

Asimismo, hay que recordar que tanto en Yucatán como en otros estados se llegaron a dar algunos casos de “democracia dirigida”, las llamadas “concertacesiones” famosas en los tiempos de Salinas, en las que desde la Presidencia y la Secretaría de Gobernación se tomaba el acuerdo de pasar sobre la voluntad popular alterando los resultados de las elecciones municipales o estatales para dar la alternancia a otro partido, especialmente al PAN, que, por cierto, en esos casos no reclamaba ni la imposición ni la falta de transparencia.

Donde ocurría una concertación, el gobierno saliente, incapaz de oponerse a la arquitectura electoral impuesta desde el centro, tímidamente gestionaba una sola condición: que le garantizaran su total impunidad, es decir, cero investigaciones y cero acusaciones sobre el manejo de los recursos.

En Yucatán también hemos visto que en ocasiones el gobierno saliente no apoya al candidato de su partido y opta por apoyar al candidato de la oposición, canalizándole todo tipo de ayudas para que gane.

Por eso es importante aclarar que el pacto de impunidad funciona tanto en los casos en que los candidatos ganadores son del mismo partido del gobierno saliente, como en los casos en que, a pesar de no serlo, se les trató como si lo fueran.

En vez de denuncia, mordida.

Hay otros casos en los que, aun siendo de otro partido, el nuevo gobierno no encarcela a los funcionarios del gobierno anterior no porque haya recibido de ellos apoyo para su triunfo, sino porque decide extorsionarlos. Esto sucede cuando, al hacer la revisión de las cuentas, se comprueban desvíos y otras irregularidades contables. Entonces los llaman y les dicen:

«Ya sabemos cuánto te robaste y a través de qué mecanismos lo hiciste. Puedo denunciarte, meterte al bote por un montón de años y quitarte todo o, si lo prefieres, devuelve lo robado y no pasa nada».

En este punto, lo que sigue es la negociación: los corruptos del gobierno anterior alegan que ya no tienen todo ese dinero, porque usaron una parte para la campaña política de su partido; además, tuvieron que repartir otra parte y ya se gastaron lo demás. Entonces los del nuevo gobierno aprietan y amenazan con ser implacables, a fin de ver cuánto más consiguen. Dicen, por ejemplo:

«Todos saben que ustedes son unos grandes ladrones. Si no quieres devolver nada, te vas al bote para que la gente que nos eligió vea que sí estamos cumpliendo lo ofrecido».

Finalmente, se negocia la entrega de un tanto por ciento del dinero robado, sin comprobantes, desde luego, porque para dar comprobantes tendría que consignarse al pillo.

Hay también muchos casos de robos pequeños, en los que para el gobierno entrante no vale la pena hacer arreglos, porque se trata de peces chicos. Entonces se opta por consignarlos para que la gente piense que sí se está aplicando la ley contra los corruptos.

Práctica enraizada en Yucatán

Hay que comentar que la práctica de negociar el botín con los ladrones del gobierno anterior está totalmente enraizada en Yucatán, y es de hecho lo que ha impedido que el erario recupere miles de millones de pesos robados y que sean exhibidos y castigados los que cometieron esos delitos.

También debe comentarse que esta práctica empezó cuando un gobernador que dejó muy buenos recuerdos en la gente, don Víctor Cervera Pacheco, revisó las cuentas de un gobierno anterior que no habían prescrito y, al tener en sus manos las carpetas de los funcionarios ladrones, pidió que se les llamara para las aclaraciones, pero le informaron que algunos habían huido a los Estados Unidos.

Entonces ordenó que se pusieran las denuncias respectivas, y se localizara a todos los denunciados para advertirles que, o se acercaban a devolver el dinero, o se procedería contra ellos y, en el caso de los que estaban en Estados Unidos, se pediría su extradición.

El caso es que, viendo que las cosas iban en serio, muchos pidieron clemencia y se llegó a un arreglo para no consignarlos. Pero como don Víctor se preocupaba realmente por el pueblo, el dinero recuperado lo usó para ejecutar obras en favor de la población e incluso, como cada mes daba de su bolsa apoyos a una gran cantidad de personas necesitadas, lo usó para apoyar a muchas más.

Después de su mandato, casi todos los siguientes gobiernos copiaron el método, pero no el destino del dinero recuperado, porque en vez de usarlo generosa y desprendidamente como lo hizo don Víctor, se lo clavaron.

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