INE multa a Morena Puebla con casi 956 mil pesos por uso indebido de prerrogativas LosConjurados.mx
El Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) impuso una multa de 955 mil 993 pesos al Comité Ejecutivo Estatal de Morena en Puebla, derivado de irregularidades en el uso de recursos públicos durante el ejercicio 2024.
El punto central de la sanción radica en la detección de pagos por 171 mil 577 pesos destinados a cubrir fotomultas, tenencias, verificaciones y otros adeudos vehiculares correspondientes a siete unidades propiedad del partido. De acuerdo con el INE, este tipo de gastos no tiene un objeto partidista, por lo que no pueden ser cubiertos con prerrogativas públicas.
Además de esta irregularidad, el organismo electoral identificó otras inconsistencias menores, principalmente de carácter bancario, que suman alrededor de 93 mil pesos adicionales dentro del mismo proceso de fiscalización.
Ante la sanción, la dirigencia actual de Morena en Puebla, encabezada por Olga Lucía Romero Garci-Crespo, reconoció los pagos, pero señaló que estos corresponden a adeudos acumulados en administraciones anteriores, principalmente entre 2018 y 2022.
El representante del partido ante el Instituto Electoral del Estado, Alfonso Bermúdez Ruiz, explicó que al asumir funciones encontraron vehículos con múltiples irregularidades, incluyendo una unidad con cerca de 90 mil pesos en infracciones, otra con 7 mil pesos y varias más con montos menores.
Indicó que la decisión de cubrir los adeudos respondió a la necesidad de regularizar las unidades y evitar afectaciones como embargos o la imposibilidad de circulación, aunque admitió que fue un error hacerlo con recursos públicos destinados a actividades partidistas.
La dirigencia actual también subrayó que deslinda de responsabilidad directa a sus integrantes, al asegurar que las irregularidades se generaron en gestiones previas encabezadas por dirigentes como Edgar Garmendia, Aristóteles Belmont y Mario Bracamonte.
El partido deberá asumir la sanción mediante la reducción de sus prerrogativas futuras.
El caso ha generado críticas en redes sociales y medios locales, donde se cuestiona el uso de recursos públicos —provenientes de impuestos— para cubrir infracciones vehiculares del partido, lo que reaviva el debate sobre la fiscalización y el destino del financiamiento a los institutos políticos.
