PNP alerta aumento de extorsiones en Lima: transportistas y comercios suben precios por cobros ilegales Infobae
Solo en lo que va del año 2026 la Policía Nacional del Perú (PNP) reportó más de 2.000 denuncias por extorsión en todo el país, con un impacto directo en el sector transporte y el comercio. Según los datos oficiales, Lima y La Libertad concentran la mayor cantidad de casos, lo que ha provocado que transportistas y comerciantes eleven precios para cubrir los pagos exigidos por organizaciones criminales.
En este contexto, el incremento de las exigencias económicas ilegales ha motivado a transportistas y comercios a ajustar sus tarifas como mecanismo de protección frente a las mafias. Actualmente existe un patrón similar en regiones como Piura y Lambayeque, donde comerciantes advierten que los pagos a los grupos delictivos impactan en los precios y el acceso a servicios.
Distritos con más casos
El informe de la PNP, elaborado a partir de los registros de DIVCOP - SICPIP y DIVEST (SIDPOL), señala que Lima Centro encabeza la lista de regiones con mayor incidencia, con 898 denuncias de extorsión entre el 1 de enero y el 18 de febrero de 2026. Esta cifra supera ampliamente a otras zonas del país, posicionando a la capital como el principal foco de actividad de las mafias urbanas. La Libertad registra 399 denuncias, mientras que Piura suma 177 casos en el mismo periodo, de acuerdo con La República. Otras regiones afectadas incluyen Callao (89 denuncias), Lambayeque (80) e Ica (36).
Comparando los datos con el año anterior, se observa una reducción en los reportes: Lima Centro pasó de 1.454 casos en 2025 a 898 en 2026, y La Libertad de 667 a 399. A pesar de este descenso, la cifra total nacional se mantiene elevada, con 2.099 denuncias en menos de dos meses. La PNP atribuye este comportamiento a la diversificación de las bandas criminales, que buscan nuevas áreas para operar.
Impacto en negocios
El avance de la extorsión ha modificado la rutina y los gastos de transportistas, comerciantes y familias en las zonas más afectadas. Según testimonios recogidos por América TV, el pago de cupos y las amenazas forman parte del día a día, afectando tanto a grandes empresas como a emprendimientos familiares.
En la avenida Independencia, en el distrito de El Agustino, más de veinte locales de reciclaje recibieron sobres con balas y cartas intimidatorias durante la madrugada del 14 de marzo. Las imágenes de cámaras de seguridad muestran a dos sujetos recorriendo la zona en mototaxi, dejando mensajes en cada negocio.
Los extorsionadores demandan pagos semanales para permitir el funcionamiento de los comercios. Uno de los mensajes dirigidos a los recicladores advierte: “Seremos directos y claros, aquí todos pagan y tú no serás la excepción. De no tener respuesta de tu parte en 24 horas atentaremos con tu negocio y tu vida”. Los afectados, algunos con más de cuarenta años en el sector, han denunciado la falta de protección y el temor a represalias.
En el sector transporte, la presión de las bandas se ha traducido en ataques armados, paralización de rutas y exigencias de pagos diarios que alcanzan los 25 soles por trabajador o sumas de hasta S/ 50.000 por inscripción. Empresas como Sagrado Corazón de Collique (Los Azulitos), Los Loritos y Consorcio Roma han sido blanco de atentados coordinados.
El miedo ha llevado a conductores a suspender actividades o esconder sus vehículos, mientras que incidentes como el incendio de una combi de Transportes Colonial S.A.C. en Callao generan preocupación en el sector.
El caso del promotor folclórico Jhon Leyva, asesinado en Puente Piedra tras denunciar amenazas y exigir el pago de S/ 30.000 para evitar sabotajes, visibiliza la vulnerabilidad de otros sectores. Según reportó Latina Noticias, Leyva llegó a pagar S/ 2.500 para proteger a su familia antes de acudir a la División de Investigación Criminal de la PNP (Dirincri).
Medidas de la PNP
La Policía Nacional del Perú ha intensificado las investigaciones y el patrullaje en zonas críticas. Tras los incidentes en El Agustino, el Departamento de Investigación Criminal (Dirincri) recogió pruebas, entrevistó a testigos y difundió imágenes de los sospechosos y el mototaxi utilizado para los recorridos extorsivos. Las autoridades solicitan colaboración ciudadana y han habilitado el número (01) 385-1538 para recibir información anónima que ayude a identificar a los responsables.
En el ámbito del transporte, la PNP incrementó la vigilancia en rutas donde se han registrado ataques y reforzó la presencia policial en terminales y puntos estratégicos. El objetivo consiste en desalentar la acción de las bandas y brindar protección a quienes continúan operando bajo amenaza.
La PNP ha reiterado la necesidad de que las víctimas denuncien los hechos, aunque muchos comerciantes y transportistas prefieren mantener el anonimato por miedo a represalias. Mientras tanto, las organizaciones criminales amplían su alcance y ajustan sus métodos; las autoridades, por su parte, mantienen un estado de alerta constante.
