¿Por qué México debe rediseñar su justicia adolescente? MPV

La tragedia en Michoacán, donde la vida de las maestras María del Rosario y Tania fue segada en un entorno que debería ser sagrado —la escuela—, ha dejado de ser un luto local para convertirse en un espejo incómodo de las carencias del Estado mexicano.

El caso de Osmar N. no es el error impulsivo de un joven extraviado; es el acto calculado de un individuo que, aunque legalmente menor, operó bajo una lógica de odio y letalidad adulta.

Ante esta realidad, la pregunta ya no es si podemos juzgar a un menor como adulto, sino si podemos permitirnos no hacerlo cuando la ley se convierte en un refugio para la barbarie.

Nuestra doctrina legal se cimenta sobre el Principio del Interés Superior de la Niñez, una estructura noble que busca la rehabilitación por encima del castigo. Sin embargo, este principio se vuelve una ficción peligrosa cuando se enfrenta a perfiles como el de Osmar N.

Aceptemos que no estamos ante una travesura que escaló; estamos ante un sujeto que consumió ideología incel, que manifestó admiración por las matanzas de Columbine y que citó a Charles Manson como referente.

La evidencia está en los hechos. Cuando un adolescente redacta un «Hoy es el día», oculta un fusil AR-15 en un estuche de guitarra y entra a un plantel con la determinación de un verdugo, el sistema de justicia penal adolescente actual, diseñado para reinsertar, queda desarmado.

La verdad es que tratar este nivel de saña bajo los mismos criterios que un robo menor o una riña callejera es, en sí mismo, una injusticia para las víctimas y un mensaje de impunidad para el resto de la sociedad.

Aunque muchos lo quieren negar, no podemos ignorar que la formación del individuo se consolida en el seno del hogar. Porque es ahí donde se gestan los valores o donde fermenta el resentimiento.

Por ello, este caso obliga a poner sobre la mesa la corresponsabilidad penal de los tutores, que se explica: si un menor tiene acceso a un arma de alto poder —presuntamente propiedad de un elemento de la Marina—, la negligencia de los padres deja de ser un asunto de moral familiar para convertirse en una omisión criminal que, por lo tanto, debe ser castigada por la ley.

Por lo cual es prioritario y urgente establecer que los padres deben ser conscientes y responsables de los actos de sus hijos no es un exceso; es una necesidad de supervivencia social.

Al final si el hogar falla en su función primaria y el Estado no tiene mecanismos para exigir rendición de cuentas a los tutores, el ciclo de violencia solo encontrará un límite: la tragedia consumada.

Es por ello que las escuelas y las plataformas digitales deben tener la facultad legal de encender las alarmas sin que el argumento de la «privacidad» sirva de velo para la incubación de asesinos.

La propuesta de la presidenta Claudia Sheinbaum de abrir el debate no debe caer en saco roto. México requiere un rediseño total del sistema de justicia penal adolescente.

Necesitamos leyes que permitan a los jueces evaluar la «capacidad criminal» y no solo la edad biológica. Ya quedo evidenciado que un menor que utiliza armas de uso exclusivo del ejército y actúa bajo un manifiesto de odio ha renunciado, de facto, a las protecciones que la ley debe otorga a la infancia.

Es necesario establecer puntos de no retorno: agravantes claras que permitan que, ante crímenes de alto impacto, el agresor sea juzgado con todo el peso de la ley adulta.

En el contexto de violencia constante en el país, el sistema actual ha sido aprovechado por grupos delincuenciales que utilizan a menores como «brazos ejecutores» desechables, sabiendo que su paso por los centros de tratamiento y sanción será breve.

Hoy, las veladoras iluminan la escuela en Michoacán, pero no bastan para disipar la sombra de la impunidad.

Si la ley no alcanza para responder a actos de esta naturaleza, entonces es la ley la que debe ponerse al día.

No es una cuestión de venganza, sino de coherencia: un crimen adulto merece una justicia de la misma estatura.