Marcela Iglesias: 30 años de un crimen impune y la búsqueda de justicia a 5000 kilómetros Infobae

"Este es el primer lugar en el que me puedo expresar. Porque siempre nos han censurado la palabra“. Eduardo Iglesias habla frente a un micrófono. Se dirige a los jueces de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, hombres y mujeres de Paraguay, Chile, Brasil, Uruguay y Perú. En el auditorio está su esposa, Nora Ribaudo. Ella ya expuso. Ahora le toca a él.

A veces, el discurso de Eduardo hace un pliegue. Inicia las oraciones en singular y las cierra en plural. Empieza por él; termina por él y Nora.

A lo largo de 40 minutos, Eduardo explica cómo su hija de seis años murió aplastada por una escultura de 270 kilos. Dice que la obra estaba en la vereda, instalada de forma precaria e ilegal. Que todo quedó impune. Que no hubo juicio ni un solo condenado. Y que pasaron casi 30 años.

Usa frases cortas: "Eso me lastimó“, ”Eso me hizo mal“. Las pronuncia al recordar las palabras de una jueza de la causa: ”La muerte de su hija ya fue, ahora estamos en otra cosa“. O al nombrar a Jorge Domínguez, el entonces intendente de Buenos Aires, que equiparó la tragedia con la caída accidental de una maceta de un balcón. También las repite frente a la insistencia de los responsables en culpar a la víctima, en decir que “la nena se había trepado”. Una mentira sostenida incluso ante la imposibilidad de que una niña de 20 kilos moviera una mole de 270 o de que, estando trepada, esa mole le cayera —como ocurrió— de espaldas, matándola en el acto.

En un momento de su testimonio, Eduardo elige una imagen para mostrarles a los jueces de qué manera la vida se truncó. “Veo la libreta de casamiento —dice—. [Con Nora] nos casamos el 27 de abril de 1984. Marcela nace en 1989, un 19 de octubre”. Las fechas marcan un orden, un futuro posible. “Y después paso la página y leo en el certificado de defunción el nombre de mi hija”. Habla con la respiración rota. “No, no hay forma de continuar”, dice y enseguida agrega: "Hay dos personas dentro de mí. Quiero justicia, pero a su vez no queremos pasar por este sufrimiento“.

Es complejo y lo complejo incluye paradojas.

Ante los ojos de sus familiares, de sus vecinos y amigos, de los jueces de la Corte Interamericana, Eduardo Iglesias y Nora Ribaudo siguieron. Mantuvieron la promesa de justicia que le habían hecho a su hija, aun cuando tuvieran que ir a buscar esa justicia a cinco mil kilómetros de Buenos Aires.

Es miércoles, 20 de agosto de 2025, en San José, Costa Rica. El punto exacto donde el tiempo, después de casi tres décadas, vuelve a moverse.

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Era el verano de 1996. Marcela Iglesias tenía seis años. Había terminado preescolar en diciembre. Le faltaba un mes para arrancar primer grado. Mientras Eduardo y Nora trabajaban, la nena asistía a la colonia de vacaciones del Banco Hipotecario. El 5 de febrero los clubes no abrieron por un feriado gremial. Para no suspender las actividades, los encargados de la colonia organizaron una excursión.

Llevaron a los chicos al Paseo de la Infanta, en Palermo. En el predio había un carrusel, una hamburguesería y un pelotero. Al llegar, los maestros separaron a los grupos por edad. Marcela aguardaba su turno para jugar junto a dos nenas, Antonella Zazzarino y Lucía Acosta Ryan, un año más chicas.

Eran las dos y media de la tarde cuando la escultura metálica de dos metros y 270 kilos se desplomó. Hubo llantos, gritos. Un profesor corrió hacia la estructura. Metió las manos debajo del hierro, hizo palanca, tiró hacia arriba con toda la fuerza de su cuerpo. Alzó la escultura, vio a Marcela debajo y se desmayó. Ella estaba de espaldas; el golpe había sido directo. Sus dos compañeras sufrieron heridas. Lucía Acosta Ryan, lesiones en la pelvis y en un pie. En el caso de Antonella Zazzarino el impacto fue emocional. La obra, en forma de herradura, la rodeó sin tocarla. Salió gateando. Vio a Marcela en el piso. Vio la sangre.

Los peritajes posteriores determinaron que la escultura estaba corroída y mal soldada. Que tres de sus bases estaban podridas. Y que el único factor que pudo empujar esos 270 kilos de metal fue el clima de esa tarde, con un viento sur a veinte kilómetros por hora.

Nora y Eduardo estaban en el trabajo. En el teléfono de la oficina recibieron un llamado de la comisaría 23 de Palermo. Les dijeron que había habido un accidente. Pensaron en un choque del micro, en la necesidad de ir a buscar a los chicos. Al llegar a la comisaría y ver a los maestros de Marcela llorando, Eduardo entendió que no se existía ningún choque. Siguieron días de desorientación. Su jefe, que también era el de Nora, los acompañó y los ayudó con cada uno de los trámites.

Nora y Eduardo se conocieron en 1980 cuando entraron a trabajar, con pocos meses de diferencia, en la sede central del ex Banco de Boston. Compartían la jornada de 14:30 a 22 en el sector de clearing bancario.

Los fines de semana organizaban asados entre todos los compañeros y en esos encuentros fueron acercándose más. Empezaron a salir el 7 de diciembre de ese año e inscribieron esa fecha en sus alianzas. El 27 de abril de 1984 se casaron en la iglesia del Niño Jesús, en el centro comercial de Villa Lugano, barrio en el que se instalaron y donde aún viven.

Entre los proyectos de la pareja, estaba concebir un hijo. Lo buscaron durante cinco años con tratamientos médicos que no funcionaban. Cerca de los cuarenta, Nora quedó embarazada. Marcela nació en el Hospital Bancario.

Al principio, fue la inercia. Si oía un ruido en la puerta, Nora giraba la cabeza, segura de que Marcela estaba por entrar. Si amanecía frío, si llovía, despertaba calculando qué abrigo le pondría para llevarla a la escuela. El engaño duraba un segundo. A Eduardo también le pasaba, en especial a la hora de la comida. Ponía tres platos en la mesa. Después, en silencio, retiraba uno.

En los primeros años la tragedia alteró la escala con la que medían el mundo. Eduardo dejó de ir a los cumpleaños infantiles; la escena lo expulsaba. Afuera, la ciudad se volvió un catálogo de imprudencias. Miraba con severidad al adulto que cruzaba la avenida sin apretar la mano de su hijo. Juzgaba al conductor que permitía a un nene asomar el brazo por la ventanilla.

Adentro de la casa, el miedo cedió gracias a los sobrinos. Marcela era la menor de ocho primos. Con el tiempo esos chicos, hoy adultos, les devolvieron parte la vitalidad. Pero desarmar la habitación de Marcela fue más difícil. Nora limpiaba el dormitorio, tendía el acolchado, acomodaba los juguetes; cada muñeca, cada peluche. Las hermanas de Nora le pedían que sacara la ropa, que retirara los juguetes. Para Nora, vaciar la habitación significaba despojar a su hija de sus cosas.

Lo hizo por etapas. Primero donó la ropa a una campaña solidaria en el norte del país. Después regaló los muebles a otra nena. Los juguetes quedaron para el final. El sacerdote del barrio le sugirió una imagen: pensar que esos objetos formaban el corazón de Marcela y que cada muñeco era un pedazo de ese corazón para alegrar a un chico. A Nora la idea le pareció “linda”, pero “difícil de ejecutar”. Tardó un tiempo más hasta que pudo. Un día guardó las muñecas y los peluches, los patines y la cocinita, y llevó todo a la Casa Garrahan.

Marcela murió el 5 de febrero de 1996. Nora no sabe cuánto demoró en vaciar la habitación. Sabe que lo hizo después de que cayeran las Torres Gemelas. Lo recuerda por un chiste de su hermana, quien solía decirle que “tenía que caerse el mundo” para que ella se decidiera a hacerlo.

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El 13 de febrero de 2026 Nora Ribaudo recibe un mensaje por WhatsApp. El texto le avisa que dos personas están a pocos minutos de llegar a su casa. Enseguida, le pide a su esposo “que vaya bajando”. Tienen 70 y 76 años. Viven en un departamento al que solo se accede por escalera. Unir el piso de arriba con la puerta de la calle les exige un tiempo distinto al de décadas atrás. Pero el matrimonio prevé su demora y esa tarde, el ritmo de Eduardo Iglesias es preciso. Cuando las dos personas llegan al umbral del edificio, él desciende del último escalón.

En el departamento, la luz de la tarde entra a través de un ventanal amplio que da a la calle, resguardado por una protección de metal. Cerca de los escalones hay una coqueta reja baja con arabescos. Resulta inevitable preguntarse si la malla protectora y la reja no serán las mismas que bloqueaban el paso cuando Marcela era bebé o daba sus primeros pasos. Ella habitó este departamento en sus primeros días de vida y hasta el fatal 5 de febrero. En cada rincón sobreviven los recuerdos, divididos entre el registro de la ausencia y la vida.

Están los objetos: un libro de su primera infancia, las pancartas que desde 1996 sostienen el reclamo de justicia y los recortes de diario sobre la tragedia ocurrida treinta años atrás. Y están las imágenes: ella vestida de mazamorrera en un acto escolar; peinada con dos colitas; sentada en una hamaca, con la sonrisa plena y los hoyuelos marcados; parada junto a un duraznero; con su peluche a cuestas, ya sea en el jardín de la casa de su abuela o de vacaciones en la playa.

Nora y Eduardo jamás se refieren a la muerte de su hija como un accidente. Un accidente es obra de la fatalidad. La muerte de Marcela, en cambio, fue un homicidio.

Nora detalla la cadena de responsabilidades. Explica que Diana González de Lowenstein, dueña de la galería Der Brücke, ocupó 20 arcos ubicados debajo del viaducto del tren y los subalquiló. En uno de esos espacios instaló su propio local. Pero como las obras de arte eran enormes, las sacó a la vereda. La escultura, del artista Danilo Danzinger, carecía de habilitación. La galería, también. Todo el montaje era ilegal.

La justicia procesó a la galerista y al escultor por homicidio y lesiones culposas. La imputación también alcanzó a tres funcionarios municipales: Héctor Torea, Antonio Mazzistelli y Juan Carlos Favale. Ellos tenían la obligación de controlar el predio. En lugar de hacerlo, permitieron el negocio. Los procesaron además por omitir sus deberes.

Aunque todas las penas eran excarcelables —es decir, no contemplaban la cárcel—, los años pasaban —uno, dos, tres, siete, ocho— y la causa no se elevaba a juicio oral.

Llegó 2004. Ese año Marcela habría cumplido 15. Para los primeros días de mayo, el tribunal por fin amagó con iniciar el debate. Nora miró el calendario y midió el tamaño de la pérdida.

“Otros padres organizan los quince de sus hijas —le dijo a Eduardo—. Nosotros no. Pero por lo menos tenemos que defenderla”.

El día del cumpleaños hubo una protesta. Familiares y amigos ocuparon la vereda de los tribunales de la calle Lavalle. Llevaron claveles. A los peatones les entregaban un recuerdo, una especie de souvenir de la celebración rota. Era un papel impreso con fotos de Marcela, de bebé hasta sus seis años, cuando le truncaron la vida. Al final de un texto se hacía una pregunta: “¿Por qué por mi muerte no se hace justicia?”.

“La jueza Susana Nocetti de Angeleri permitió estirar los tiempos por casi 10 años”, señalan en conjunto. Ella agrega: “Los dejó [a los procesados] ponerse en fila india, aceptando más de 117 apelaciones y recusaciones; pero fue muy rápida para dictar la prescripción”.

En febrero de 2005, entró en vigencia una ley —la 25.990— que acortó los plazos en los que el Estado puede perseguir un delito. Y sepultó cualquier intento de justicia del matrimonio. Pero todo podía ser peor.

Meses después, la Sala IV de Casación confirmó el fallo e impuso a los padres de Marcela pagar parte de los honorarios de los abogados de los acusados. Por si no queda claro: los instaban a financiar la defensa de quienes se habían beneficiado con que la muerte de Marcela no fuera juzgada.

“Nosotros queríamos el juicio. Nos lo impidieron y encima esto. Ahí se armó un revuelo”, recuerda Eduardo. “Primero nos matan a nuestra hija, después nos quieren hacer pagar”. La indignación pública hizo retroceder esa exigencia económica. Y aunque el entonces procurador general de la Nación, Esteban Righi, dictaminó a favor de reabrir la causa, en diciembre de 2007 la Corte Suprema aplicó el artículo 280 y cerró el caso en forma definitiva.

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“Uno, dos, tres. Es una prueba de sonido para redes sociales. Uno, dos, tres”.

La justicia internacional inicia su transmisión con un detalle técnico. Son las cinco y media de la tarde del lunes 9 de marzo de 2026. Del otro lado de la pantalla, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ajusta sus micrófonos. De este lado, en el despacho de los abogados Laura y José Manuel Del Cerro, Eduardo y Nora aguardan con nerviosismo.

Siete días atrás Eduardo estaba en un hospital, atravesando una intervención coronaria. Hoy lleva un catéter que asiste el pulso de su corazón. Está sentado a una mesa, junto a su esposa y a la abogada. Treinta años de búsqueda de justicia convergen frente a ellos, en un mosaico de caras en Zoom.

“Procederé a notificar la sentencia dictada en el caso Iglesias y otros versus Argentina”, adelanta el presidente Rodrigo Mudrovitsch, quien de inmediato lee: “La Corte Interamericana de Derechos Humanos, en su sentencia, declara la responsabilidad internacional de la República Argentina...

El matrimonio mantiene la vista en el monitor. A través de los parlantes, el juez enumera las fallas de origen. Lee que el Estado incumplió su deber de regular, supervisar y fiscalizar la instalación de aquella escultura de hierro que terminó provocándole la muerte a Marcela.

Nora y Eduardo escuchan cómo la condena avanza sobre los años de abandono judicial. La voz del magistrado declara que la Argentina violó su obligación de investigar y sancionar a los culpables dentro de un plazo razonable. Treinta años después de la tragedia, la resolución internacional confirma que el Estado garantizó la impunidad y le exige indemnizar a los padres por haberles negado la justicia durante tres décadas.

Al provenir de un tribunal supranacional, las medidas dictadas son de cumplimiento obligatorio para el país. A Eduardo y Nora, la sentencia les entrega certezas con fechas límite. El Estado argentino tiene un plazo de un año para realizar un acto público de reconocimiento de su responsabilidad y ofrecer disculpas oficiales. Además, el fallo le exige al país la creación de un lugar físico: un espacio memorial y recreativo para la niñez y la adolescencia en honor a Marcela Iglesias.

Esa noche, Eduardo y Nora vuelven a casa con el celular sonando sin parar. Familiares, vecinos, excompañeros de trabajo, las Madres del Dolor —asociación que ellos integran y nuclea a familias cuyos hijos murieron en hechos violentos— quieren saber, celebrar, acompañar. Nora no había imaginado a tantas personas pendientes de la sentencia. Pensó que solo ellos y los abogados estarían atentos.

"No es alegría”, lo que siente, explica, “porque Marcela no está“. Es otra cosa: una sensación interna, flotante, difícil de nombrar, como estar un poco en el aire.

Producción audiovisual, entrevistas y narración: María Belén Etchenique / Realizador: Gastón Taylor/ Edición: Florencia Montenegro