Un juez de Control gira orden de aprehensión contra Silvano Aureoles
La medida judicial vincula al exgobernador de Michoacán con el operativo de 2017 en Arantepacua que resultó con cuatro homicidios
Por: Roberto Mendoza
Un Juez de Control libró este viernes una orden de aprehensión en contra de Silvano Aureoles, exgobernador de Michoacán, por su presunta relación con los hechos ocurridos en la comunidad de Arantepacua en abril de 2017. El mandamiento judicial alcanza también a Juan Bernardo Corona, quien fuera secretario de Seguridad Pública estatal, y a 14 elementos de la policía de Michoacán señalados por su participación en la incursión que dejó un saldo de cuatro personas fallecidas y diversos casos de tortura documentados. La determinación fue notificada por el Poder Judicial de la Federación tras la presentación de pruebas que vinculan a los exfuncionarios con violaciones a los derechos humanos.
La Fiscalía General de la República sostiene que Aureoles Conejo abandonó el territorio nacional desde hace aproximadamente un año, situación que deriva en el inicio de trámites para su localización internacional a través de la ficha roja de Interpol. El expediente penal integra testimonios y peritajes que señalan la responsabilidad de mando y la ejecución directa de actos violatorios de derechos humanos durante el operativo de seguridad en la Meseta Purépecha. Los 14 agentes policiales involucrados enfrentan cargos por uso excesivo de la fuerza y allanamiento de morada sin orden judicial previa, conforme a los registros de la causa penal abierta por el Ministerio Público Federal.
La autoridad judicial fundamenta la emisión de estas órdenes en la necesidad de conducir a los imputados a proceso tras la acumulación de pruebas y el cumplimiento de la Recomendación 42VG/2020 de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. El contexto administrativo del caso implica la búsqueda activa de los exfuncionarios y la notificación a las corporaciones de seguridad para la ejecución inmediata de las capturas. El proceso legal vigente establece que, una vez confirmada la ubicación del exmandatario en el extranjero, se activarán los protocolos de extradición correspondientes para su presentación ante los tribunales mexicanos, lo cual constituye una consecuencia legal verificable dentro del sistema de justicia penal mexicano.
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