¿Reducir la edad mínima para enfrentar cargos penales en México frenaría la violencia? Experto advierte los riesgos tras el caso de menor que disparó contra dos maestras en Michoacán El Imparcial
CIUDAD DE MÉXICO.- El debate sobre reducir la edad de responsabilidad penal en México volvió al centro de la discusión pública tras el asesinato de dos maestras en una preparatoria del estado de Michoacán, cometido por un menor de edad que utilizo un arma larga de grado militar. Sin embargo, especialistas advierten que castigar a niños y adolescentes como adultos no resolvería el problema de la violencia y podría incluso contravenir la Constitución mexicana y tratados internacionales.
El coordinador de la organización Tejiendo Redes por la Infancia, Juan Martín Pérez García, señaló que este tipo de propuestas suelen surgir después de hechos de alto impacto mediático y responden más a presiones políticas que a soluciones estructurales. Sus declaraciones fueron realizadas en entrevista con El Heraldo Radio, medio que difundió su postura sobre el caso ocurrido en la preparatoria Antón Makárenko, en Michoacán.
El especialista afirmó que enfocar la discusión en castigos más severos desvía la atención de las causas reales de la violencia que afecta a niñas, niños y adolescentes en el país.
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El caso en Michoacán que reactivó el debate
El debate sobre la responsabilidad penal juvenil resurgió tras un hecho ocurrido en una preparatoria de Michoacán, donde dos maestras fueron asesinadas presuntamente por un estudiante menor de edad que portaba un arma larga.
El caso generó indignación social y abrió nuevamente la discusión pública sobre si los menores que cometen delitos graves deben ser juzgados como adultos.
Ante este contexto, diversas voces políticas han propuesto reducir la edad penal o endurecer las sanciones, e incluso han surgido planteamientos extremos como la pena de muerte, lo que ha sido criticado por especialistas en derechos de la infancia.
¿Por qué expertos rechazan reducir la edad penal?
Juan Martín Pérez García advirtió que tratar a menores como adultos ante la ley no solo sería ineficaz, sino que además podría violar principios constitucionales y compromisos internacionales firmados por México.
Según explicó, modificar la edad de responsabilidad penal afectaría directamente principios establecidos en la Constitución.
“Esto sería no solamente violar la Constitución, el artículo primero que se refiere a la progresividad de derechos y específicamente al principio pro persona; sería violar el artículo cuarto constitucional del interés superior de la niñez”, afirmó.
El especialista explicó que estos principios obligan al Estado mexicano a priorizar el bienestar de niñas, niños y adolescentes por encima de intereses políticos o económicos.
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Las causas de la violencia en jóvenes
El experto también insistió en que la violencia juvenil no es un fenómeno genético ni individual, sino resultado de contextos sociales complejos.
Entre los factores que menciona se encuentran:
- Entornos familiares y sociales violentos
- Falta de acompañamiento y educación
- Reclutamiento de adolescentes por grupos criminales
- Narrativas de odio presentes en redes sociales
“Los niños y las niñas no nacen malos, no es un tema genético, es educación, es falta de acompañamiento y sobre todo son entornos violentos donde están viviendo que los generamos nosotros como sociedad”, explicó.
Desde esta perspectiva, el especialista señala que castigar más severamente a menores no resolvería las condiciones que generan la violencia.
Reclutamiento criminal de adolescentes: un problema pendiente
Otro punto que destacó Pérez García es que México aún tiene pendientes importantes en materia de protección a la infancia.
Recordó que el Comité de los Derechos del Niño de Naciones Unidas ha solicitado durante años al Estado mexicano tipificar el reclutamiento forzado de menores por parte del crimen organizado.
Según el especialista, miles de adolescentes han sido integrados a organizaciones criminales en distintas regiones del país.
“Llevamos ya quince años que el Comité de Derechos del Niño de Naciones Unidas le está pidiendo al Estado mexicano tipificar como delito el reclutamiento forzado de miles de adolescentes que alimentan las filas de los grupos criminales y no hay ninguna explicación por qué en quince años no se legisla”, señaló.
Críticas a la respuesta política tras el crimen
Pérez García también criticó que, después de hechos violentos, algunos actores políticos planteen medidas punitivas inmediatas sin abordar las causas estructurales.
El especialista calificó estas propuestas como “populismo punitivo”, ya que priorizan castigos más duros en lugar de políticas de prevención.
“Todavía peor el oportunismo político tradicional de gente que conocemos de cambiemos la edad penal, tratémoslos como adultos, castiguémoslos como adultos”, lamentó.
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Militarización y seguridad: una reflexión sobre los últimos años
El especialista también recordó que Michoacán fue uno de los puntos de partida de la estrategia de militarización contra la inseguridad en México hace casi dos décadas.
A su juicio, los indicadores actuales de homicidio, robo, extorsión y desapariciones muestran que las medidas centradas únicamente en el combate armado no han logrado resolver el problema de la violencia.
Por ello, insistió en que el debate público debería enfocarse en prevención, educación, protección social y fortalecimiento de las familias, en lugar de endurecer castigos contra menores.
