Policías municipales rescatan a tesorera acusada de robo en primaria de Huauchinango
Abelardo Domínguez
¿Protección o intimidación? El oscuro papel de una exfuncionaria en el escándalo del “robo” escolar en Huauchinango
Claudia Ivette Gómez Mendo también trabajó en el Registro Civil de Huauchinango bajo la administración de Rogelio López, donde fue despedida al ser descubierta en múltiples actos de corrupción
Actualmente se le relaciona políticamente con MIGUEL MÁRQUEZ.
Lo que debería ser un ejercicio de transparencia y rendición de cuentas en la Escuela Primaria “Ing. Carlos I. Betancourt” se transformó en un escenario de tensión, sospechas y, lo más grave, presuntos actos de intimidación protagonizados por quien alguna vez ostentó la bandera del servicio social: Claudia Ivette Gómez Mendo, exdelegada del SEDIF.
El conflicto estalló cuando un grupo de madres y padres de familia exigió claridad sobre el destino de los recursos escolares. La respuesta que recibieron fue una historia difícil de digerir: el dinero, bajo resguardo de la tesorera, habría sido “robado” en circunstancias que la comunidad escolar califica como “poco claras”.
El fantasma del autorobo y la defensa oficiosa
El escepticismo de los padres no es gratuito. Ante la falta de pruebas contundentes y una narrativa llena de lagunas, la hipótesis de un presunto autorobo cobra fuerza entre los tutores. Sin embargo, la indignación subió de tono no solo por la pérdida del capital destinado a la educación de sus hijos, sino por la inesperada y agresiva intervención de Gómez Mendo.
Resulta alarmante que una exfuncionaria estatal, cuya trayectoria debería estar ligada a la protección de las familias, sea señalada ahora por adoptar una postura intimidatoria para blindar a la tesorera acusada.
En lugar de facilitar el diálogo o proponer una vía legal para el esclarecimiento, testigos afirman que Gómez Mendo recurrió a señalamientos sobre “privación ilegal de la libertad” para silenciar el legítimo reclamo de los padres.
¿Quién cuida el dinero de los niños?
“¡Solo queremos saber qué pasó con el dinero!”, fue el grito desesperado de una madre que resume el sentir de una comunidad cansada de la opacidad. La presencia de figuras políticas o exservidores públicos en conflictos de padres de familia, lejos de dar soluciones, parece ser una estrategia de tráfico de influencias para evadir la responsabilidad financiera.
Huauchinango no puede permitir que la prepotencia de unos cuantos se imponga sobre el bienestar estudiantil.
La exigencia es clara:
Rendición de cuentas inmediata por parte del comité de padres.
Investigación ministerial transparente para confirmar si hubo robo o un manejo ilícito de los fondos.
Cese de la intimidación de personajes ajenos a la vida escolar que solo enturbian el proceso.
Ahora se entiende por qué llegaron varias patrullas llenas de policías municipales para darle seguridad a la tesorera intimidando a manifestantes.
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