La JEP remitió a juicio adversarial al coronel (r) Fabián Sarmiento por el caso de ‘falsos positivos’ en Casanare Infobae
La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) dispuso el jueves 26 de marzo de 2026 que el teniente coronel (r) Fabián Eduardo Sarmiento Valbuena, exjefe de inteligencia de la Brigada XVI del Ejército Nacional de Colombia, enfrente un juicio adversarial por su presunta responsabilidad en ejecuciones extrajudiciales conocidas como falsos positivos en Casanare.
El oficial retirado no reconoció su participación en los hechos investigados dentro del Subcaso Casanare del Caso 03, lo que motivó la remisión de su expediente a la Unidad de Investigación y Acusación (UIA).
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Según la JEP, Sarmiento Valbuena habría facilitado una estrategia institucional para dar apariencia de legalidad a los homicidios de civiles, presentados como bajas en combate.
Entre las conductas atribuidas se encuentra la difusión de información prefabricada que permitió señalar a las víctimas como supuestos integrantes de grupos armados ilegales. La sala de reconocimiento de verdad consideró que su rol fue determinante para consolidar un patrón macrocriminal en la Brigada XVI.
En contraste con la mayoría de los imputados en este subcaso, Sarmiento Valbuena no aceptó cargos, por lo que su proceso seguirá un trámite ordinario dentro del sistema de justicia transicional.
Si la UIA presenta acusación formal, el militar retirado será juzgado por la Sección de Ausencia de Reconocimiento de Verdad. En caso de ser hallado responsable, podría recibir una sanción de hasta 20 años de prisión, de acuerdo con las reglas de la JEP para quienes no contribuyen al esclarecimiento pleno de la verdad ni a la reparación de las víctimas.
Caso 03 y el fenómeno de los falsos positivos en Casanare
La decisión de la JEP se produce por el Subcaso Casanare del Caso 03, que investiga asesinatos y desapariciones forzadas cometidos entre 2005 y 2008 en este departamento del oriente colombiano.
Estos hechos se conocen en la práctica como ‘falsos positivos’, consistente en presentar civiles asesinados como guerrilleros caídos en combate, con el objetivo de inflar los resultados operacionales del Ejército.
El tribunal documentó que en la Brigada XVI operó una estructura criminal que reclutó, retuvo y asesinó a civiles, que luego fueron reportados como miembros de grupos armados ilegales. Esta red instrumentalizó recursos y mecanismos institucionales, incluyendo información suministrada por el extinto Departamento Administrativo de Seguridad (DAS) para seleccionar y estigmatizar a las víctimas.
De acuerdo con la JEP, la información de inteligencia elaborada y difundida por oficiales como Sarmiento Valbuena justificó operaciones que culminaron en ejecuciones extrajudiciales. La alteración de registros internos y la promoción de recompensas por supuestos resultados operativos también forman parte de las conductas señaladas por la justicia transicional.
Imputaciones y reconocimientos en el subcaso Casanare
En este proceso, la JEP imputó crímenes de guerra y de lesa humanidad a 26 miembros del Ejército Nacional, un funcionario del DAS y dos civiles. Un total de 27 comparecientes reconocieron su responsabilidad —uno de ellos de forma extemporánea— y 22 ya fueron postulados a sanción propia ante el Tribunal para la Paz, que deberá iniciar la etapa de juicio y emitir la respectiva sentencia. La mayoría de los implicados optaron por acogerse a los beneficios previstos en la justicia transicional tras admitir los cargos.
El caso de Sarmiento Valbuena resulta excepcional, ya que su negativa a aceptar responsabilidad lo aparta del procedimiento restaurativo y lo somete a un juicio adversarial. Este mecanismo está previsto para aquellos comparecientes que no reconocen los hechos y permite la realización de audiencias públicas, garantizando derechos procesales similares a los de un juicio ordinario.
Otros oficiales implicados y estructura criminal
Junto a Sarmiento Valbuena, la JEP imputó a otros militares, entre ellos el sargento segundo Jaime Luis Olivera Arrieta y el subteniente Gustavo Alberto Parada Cuéllar.
Olivera Arrieta, responsable de inteligencia en la misma brigada entre 2003 y 2007, elaboró análisis de blancos y compartió información con el DAS y el Gaula Casanare. Parada Cuéllar, comandante de pelotón en el Batallón Ramón Nonato Pérez, participó directamente en operativos que derivaron en desapariciones y homicidios de civiles.
