EE. UU. Acusa de terrorismo a traficante de armas de Arizona vinculado al CJNG y Cártel de Sinaloa Sol Yucatán
Redacción/Sol Yucatán
En un movimiento judicial sin precedentes que redefine la estrategia de seguridad binacional, el Departamento de Justicia de los Estados Unidos ha formalizado una acusación por apoyo material al terrorismo contra Laurence Gray, un comerciante de armas con licencia federal radicado en Arizona.
Este proceso representa la primera aplicación de leyes antiterroristas contra un ciudadano estadounidense por suministrar armamento de grado militar a organizaciones criminales transnacionales de origen mexicano.
La acusación presentada el 25 de marzo ante la Corte Federal del Distrito de Arizona señala a Gray, de 65 años y propietario del establecimiento “Grips By Larry”, por conspiración e intento de proporcionar recursos materiales a Organizaciones Terroristas Extranjeras (FTO).
Dicha tipificación legal es posible tras la designación oficial del Cártel de Sinaloa y el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) como grupos terroristas por parte del gobierno estadounidense a inicios de 2025. Los cargos específicos incluyen:
- – La venta de un rifle de precisión calibre .50 y tres ametralladoras de cinta automáticas.
- – La fiscalía sostiene que el acusado vendió el equipo a agentes encubiertos bajo el entendimiento explícito de que el destino final eran los grupos delictivos antes mencionados.
El Fiscal de los Estados Unidos para el Distrito de Arizona subrayó que este caso marca un punto de inflexión en la interrupción de las cadenas de suministro de armas. «El uso de estatutos de terrorismo eleva la gravedad de estos delitos y permite imponer sanciones severas a quienes facilitan el poder de fuego de los cárteles», declaró la autoridad.
De ser hallado culpable, Laurence Gray enfrenta una sentencia máxima de 20 años de prisión por los cargos de apoyo al terrorismo, además de penas adicionales por violaciones a la Ley de Control de Armas y multas que podrían ascender a los 250,000 dólares.
La investigación, liderada por la Agencia de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF), resalta la vulnerabilidad de la frontera de Arizona, estado que se ha consolidado como el principal nodo de exportación ilegal de armas hacia México. Este proceso judicial busca sentar un precedente disuasorio para otros armeros con licencia federal que operan en la franja fronteriza.
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