Aprueban Plan B en el Senado, pero frenan la revocación de mandato de Sheinbaum para 2027 Infobae
El Senado de la República aprobó en lo general y particular el Plan B de la reforma electoral impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum tras una jornada de más de seis horas marcada por tensiones políticas, negociaciones de última hora y un giro clave en el contenido de la iniciativa.
Aunque el bloque oficialista logró la mayoría calificada, tuvo que ceder en uno de los puntos centrales del proyecto: la modificación a la revocación de mandato, que finalmente quedó fuera del dictamen.
La sesión, que reunió a los 128 senadores, estuvo atravesada por confrontaciones en tribuna, críticas de la oposición y la presión del Partido del Trabajo (PT), cuyo respaldo resultó determinante para destrabar la votación y definir el rumbo final del llamado Plan B electoral.
Así fue el debate
Durante la presentación del dictamen, los presidentes de las comisiones de Puntos Constitucionales, Oscar Cantón, y de Estudios Legislativos, Enrique Inzunza, defendieron la propuesta del Ejecutivo, resaltando que permitiría adelantar la revocación de mandato presidencial a 2027 y facultar al Ejecutivo para promover el mecanismo.
Inzunza pidió a los “compañeros de viaje” del PT que avalaran la reforma en sus términos y enfatizó que la revocación de mandato “no es un mecanismo de confrontación, sino de responsabilidad”.
La oposición anticipó su rechazo y durante la discusión varios senadores del PAN, PRI y Movimiento Ciudadano criticaron la iniciativa.
Claudia Anaya (PRI) celebró que “el PT se haya separado de la revocación de mandato”. La panista Mayuli Martínez Simón acusó: “Se está llevando la chingada a su partido y por eso quieren sacar a la presidenta a las elecciones”, mientras Carolina Viggiano (PRI) cuestionó que la narrativa de quitar privilegios solo buscaba darle a la presidenta el privilegio de promocionarse con recursos públicos. Clemente Castañeda (MC) afirmó que el plan B no tiene impacto positivo y desnaturaliza la revocación.
Las intervenciones de la oposición insistieron en que la reforma era una simulación de austeridad y que el objetivo real era permitir que la presidenta Sheinbaum hiciera campaña en 2027 ante la caída de Morena en preferencias y la crisis en algunos gobiernos estatales.
La jornada estuvo marcada por momentos de tensión y confrontaciones personales. Uno de los momentos más álgidos fue el enfrentamiento entre Lilly Téllez (PAN) y Saúl Monreal (Morena), donde Téllez acusó a Monreal de “narco” y el senador exigió pruebas y la retó a acudir a instancias jurídicas, en medio de gritos y un receso decretado por la Mesa Directiva. Este incidente reflejó el nivel de polarización y crispación presente durante la discusión.
La postura del PT: punto de inflexión en la jornada
El Partido del Trabajo (PT) fue el actor central de la jornada. Desde el inicio, su dirigente Alberto Anaya dejó clara la posición: el PT votaría a favor en lo general, pero no acompañaría la reforma en lo relativo a la revocación de mandato.
Anaya subió a tribuna y declaró: “Quienes pensaban que nuestra coalición podría tener algunas grietas y dividirse, se equivocan. La coalición que hoy permitió que Claudia Sheinbaum llegara al poder está más firme que nunca en 2027 y 2030”.
Minutos antes de la votación en lo general, el coordinador de Morena, Ignacio Mier, confirmó a la prensa que el artículo 35 sería retirado para “mantener gobernando este país con estabilidad, la gobernabilidad y el respaldo al activo más importante que tiene nuestro movimiento, que es la Presidencia de la República”. Mier rechazó que esto significara una derrota para Morena y defendió que la coalición ha logrado reformar más de 100 artículos constitucionales desde que está en el poder.
Después de más de cuatro horas de debate, el dictamen fue aprobado en lo general con 87 votos a favor y 41 en contra, alcanzando la mayoría calificada gracias al apoyo del PT, Morena y el Partido Verde.
Dejan fuera modificación al artículo 35
Tras la aprobación en lo general, la sesión del Senado continuó con la discusión en lo particular del Plan B electoral. Se presentaron un total de 18 reservas para modificar el dictamen, pero la atención se concentró en la presentada por la senadora Lizeth Sánchez, del Partido del Trabajo (PT).
Desde tribuna, Sánchez planteó la eliminación de todas las propuestas que buscaban modificar el artículo 35 constitucional, es decir, dejar fuera cualquier posibilidad de adelantar la revocación de mandato presidencial a 2027.
La legisladora del PT argumentó que mezclar la consulta de revocación con la elección intermedia “corre el riesgo de distorsionar el sentido democrático” y que su partido no buscaba debilitar la participación ciudadana, sino protegerla y garantizar la estabilidad democrática del país.
“Nuestra reserva propone eliminar en su totalidad el artículo 35 dentro de ese dictamen, para que la revocación de mandato se mantenga en los términos vigentes de la Constitución y conserve su naturaleza democrática. No se trata de debilitar la participación ciudadana, se trata de protegerla”, expuso ante el pleno.
Al someterse a votación, la reserva del PT fue respaldada por la mayoría, lo que implicó que el artículo 35 del dictamen fuera eliminado y permaneciera tal como está actualmente en la Constitución: la revocación de mandato presidencial seguirá siendo en el cuarto año de gobierno, es decir, en 2028, y no en 2027 como proponía la iniciativa original.
La votación nominal de los artículos reservados (115, 116 y 134) y los transitorios se resolvió con el mismo resultado que en lo general: 87 votos a favor y 41 en contra.
El desenlace fue recibido con júbilo por la oposición. Cuando se anunció que quedaba fuera el cambio a la revocación, senadores y senadoras de diferentes bancadas opositoras gritaron “¡Sí se pudo!”.
Qué sigue para el Plan B electoral
La reforma constitucional avalada por el Senado mantiene la reducción de recursos a congresos estatales y al Senado, limita a 15 el número máximo de regidores en los municipios, elimina prestaciones onerosas en órganos electorales y prohíbe la contratación de seguros con recursos públicos.
Todas las entidades públicas federales, estatales, municipales y alcaldías de la Ciudad de México deberán ajustar las remuneraciones de sus servidores.
La minuta aprobada fue remitida a la Cámara de Diputados pasada la medianoche, donde continuará su trámite legislativo. Después, deberá ser avalada por la mayoría de los congresos estatales para entrar en vigor.
