Demagogia salarial: cuando lo barato sale caro La Aurora de México
Dice un político español que los problemas más críticos en la administración pública no residen en que el gobernante sea de extrema derecha o extrema izquierda, sino de extrema estupidez, porque entonces sus acciones estarán condenadas al fracaso y lo pagará la sociedad entera.
Tal cual sucedió en 2018 cuando López Obrador decretó, por sus pistolas, que los funcionarios debían ganar menos que el presidente. La medida, por supuesto, fue demagogia pura para arengar a la galería y, siete años después, el resultado ha sido una combinación de malos funcionarios y decisiones erróneas que ha llevado a la corrupción, ineptitud y arbitrariedades que hoy se advierten por todos lados. Veamos.
El índice Chandler de Buen Gobierno es un monitoreo riguroso que hace un think tank basado en Singapur para evaluar, analizando 35 indicadores, la calidad, capacidad y efectividad de los gobiernos en 120 países. En su edición 2025, México quedó en la posición número 70, abajo, por ejemplo, de Albania, Filipinas o Ruanda, y en el factor humano -liderazgo, estrategia y visión de los funcionarios- salió peor: en el sitio 112 -sí, leyó usted bien: 112-, es decir en la lona.
Por tanto, cuando mañana un alto funcionario mexicano presente su CV y su portafolio de logros para conseguir empleo ¿incluirá que trabajó en un gobierno que quedó en ese sitial en el estudio global más prestigiado de buenos gobiernos? ¿O solo destacará que ganaba menos que la presidenta?
Decidir una retribución de manera discrecional e improductiva no solo es contraproducente para reclutar cuadros muy calificados, sino letal para generar bienes públicos como una educación de gran calidad o contar con una burocracia competente y eficiente. Basta ver los nombres de muchos actuales funcionarios para deducir fácilmente que jamás serían contratados en posiciones de alta dirección en empresas exigentes y de clase mundial. Esta es una primera lección.
Una segunda es que México tiene un mapa de trámites que no solo inhiben el crecimiento (se estima que a una microempresa le toma 543 horas anuales para desahogarlos) sino que abren una enorme ventana para la corrupción. Diversas experiencias internacionales indican que la fuente más corrosiva para la distracción de recursos públicos, la asignación ilegal de contratos de obra, el otorgamiento a dedo de concesiones para operar servicios públicos o las compras gubernamentales arregladas, reside en procesos opacos y mal diseñados y en un miasma regulatorio y administrativo excesivo controlado por burócratas mal pagados que obtienen, por vía de la extorsión, ingresos varias veces mayores que su sueldo nominal, todo lo cual crea fuertes resortes para saltarse la ley.
Y una tercera variable es que la política de selección de personal en los gobiernos actuales sería reprobada en cualquier organización seria y competitiva, entre otras razones por su notoria incompetencia. Hay evidencia de que los estudiantes universitarios que durante su vida escolar suelen hacer trampa en cualquier modalidad tienden con más probabilidad a entrar a trabajar al gobierno una vez que se gradúan.
Este patrón sugiere, como probaron Rema Hanna y Shing-Yi Wang, dos investigadores norteamericanos, “que quien engaña en una simple tarea también es propenso a incurrir en conductas fraudulentas como funcionario público, lo que implica una tendencia significativa hacia la corrupción”. Basta ver el historial universitario de López Obrador para corroborarlo. Como es evidente, el camino debiera ir por otro lado: preparación, capacidad, honestidad y resultados. En síntesis, fijar salarios con criterios políticos solo para quedar bien con la turba, es una pésima inversión. Lo barato sale muy caro.
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