Fenalco demandó el decreto que otorga poder a los sindicatos y acusa al Gobierno de imponer la reforma laboral sin pasar por el Congreso Infobae
La Federación Nacional de Comerciantes Empresarios (Fenalco) presentó una demanda de nulidad contra el Decreto 234 de 2026, al considerar que el Gobierno excedió sus funciones al expedir una norma que, según el gremio, introduce cambios estructurales en la negociación colectiva sin haber sido aprobados por el Congreso de la República.
En el comunicado, el gremio sostuvo que el decreto “desborda la potestad reglamentaria, crea nuevas reglas de juego para la negociación colectiva, afecta derechos fundamentales y desconoce la competencia del Congreso”, razones por las cuales solicitó tanto su anulación como la suspensión provisional ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo.
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De acuerdo con Fenalco, la norma no se limita a reglamentar disposiciones existentes, sino que establece un régimen jurídico autónomo en materia laboral. En esa línea, el presidente del gremio, Jaime Alberto Cabal, afirmó que “el decreto no reglamenta la ley, sino que la reemplaza”, y agregó que el Ejecutivo estaría “legislando por decreto en un tema tan sensible como la negociación colectiva”.
Uno de los puntos centrales de la demanda se refiere a la incorporación de contenidos que, según Fenalco, fueron excluidos durante el trámite legislativo de la reforma laboral. El gremio señala que el decreto impone un modelo obligatorio de negociación colectiva multinivel, con unidad de pliego, mesa y convención, esquema que —según indicó— no existe actualmente en la legislación vigente.
“Esta configuración redefine estructuralmente el sistema de relaciones laborales en el país”, advirtió Cabal en el documento, en el que también se cuestiona que el Ministerio de Trabajo insista en implementar por vía administrativa elementos que no obtuvieron respaldo en el Congreso.
El gremio también expresó reparos frente a las nuevas obligaciones que el decreto impondría a los empleadores, en particular en lo relacionado con el suministro de información económica y estratégica. Según Fenalco, esta disposición afecta la libertad de empresa y el derecho a la protección del secreto empresarial.
“El decreto obliga a las empresas a revelar información sensible sin que exista una ley que lo autorice. Esto genera inseguridad jurídica y pone en riesgo la competitividad del tejido empresarial”, señaló el dirigente gremial.
Otro de los cuestionamientos incluidos en la demanda se refiere a las reglas de representatividad sindical. Fenalco advierte que el decreto introduce limitaciones materiales al derecho de negociación colectiva, especialmente en perjuicio de los sindicatos más pequeños, al reducir su capacidad de incidencia dentro del sistema.
“Se están restringiendo derechos fundamentales por decreto. Eso es inaceptable en un Estado de Derecho. Las reglas sobre derechos deben ser definidas por el Congreso, no por el Ejecutivo”, indicó Cabal.
Adicionalmente, el gremio cuestionó la creación de una carga económica obligatoria para trabajadores no sindicalizados derivada de convenciones colectivas sectoriales. Según Fenalco, esta disposición implicaría que personas que no participaron en la negociación ni hacen parte de organizaciones sindicales deban asumir pagos obligatorios.
En el comunicado se advierte que esta medida “podría asimilarse a un tributo sin representación”, al imponer obligaciones económicas sin la participación directa de quienes resultarían afectados.
Fenalco sostuvo que el conjunto de disposiciones incluidas en el Decreto 234 configura una transformación del sistema laboral que, en su concepto, requiere trámite legislativo. En ese sentido, reiteró que el Ejecutivo no puede sustituir al Congreso en la definición de normas que inciden en derechos fundamentales y en la estructura de las relaciones laborales.
Finalmente, el gremio insistió en que la expedición del decreto representa un desconocimiento de los principios de legalidad y separación de poderes establecidos en la Constitución. “En síntesis, el decreto desborda la potestad reglamentaria (…) y desconoce la competencia del Congreso de la República”, concluyó Cabal en el comunicado.
