Ley para fondear los proyectos del gobierno El Financiero
Dentro de la Convención Bancaria, el jueves pasado, la presidenta Claudia Sheinbaum anunció el envío a la Cámara de Diputados de la iniciativa de la “Ley para el Fomento de la Inversión en Infraestructura Estratégica para el Desarrollo con Bienestar”. Esta propuesta forma parte de una secuencia de anuncios de planeación que ha incluido el Plan México, el Plan Nacional de Desarrollo 2025-2030 y el Plan de Inversión en Infraestructura para el Desarrollo con Bienestar 2026-2030, entre muchos otros.
Según la exposición de motivos, la nueva ley busca integrar la inversión privada como un “mecanismo de colaboración” en los proyectos prioritarios del gobierno federal. Las nuevas disposiciones facilitarían el diseño de estructuras de fondeo en la forma de capital privado minoritario para la realización de los objetivos gubernamentales.
Esta iniciativa surge como una salida de emergencia ante la obstinación de la administración de mantener bajo su dominio ciertos sectores “estratégicos”. Aunque de forma marginal, abre la puerta al capital privado frente al crecimiento exponencial de las transferencias gubernamentales, el descuido de muchas áreas esenciales del Estado y la limitación de los recursos tributarios.
De acuerdo con el secretario de Hacienda, las “inversiones mixtas” permitidas por la nueva ley ofrecerían el atractivo de que las empresas privadas “dispondrían de un trato preferente en los flujos y la tranquilidad de que van a tener como socio estratégico al sector público”.
Sin duda, el gobierno tendría que garantizar que, esta vez, sí respetaría las reglas del juego, en contraste con la proclividad de la administración anterior a aplicar cambios discrecionales, y que su asociación será ahora más confiable, a pesar de haber desaparecido virtualmente todos los contrapesos al ejercicio del poder.
Asimismo, el gobierno tendría que convencer a los inversionistas sobre el atractivo financiero de los proyectos, teniendo en cuenta, entre otros factores, que, de acuerdo con la misma exposición de motivos, “la iniciativa supera los enfoques centrados únicamente en la rentabilidad financiera”. La multiplicación de proyectos anteriores con rentabilidad financiera negativa, como el Tren Maya, el AIFA y la Refinería de Dos Bocas, no ofrece confianza alguna.
Independientemente del éxito gubernamental para persuadir a los inversionistas institucionales de fondear proyectos, así como de la probable subordinación de destinos más rentables para el capital privado, resultan problemáticas las justificaciones que el gobierno, e incluso muchos comentaristas, han dado a la inversión física, en especial a la de infraestructura.
Un alegato frecuente ha consistido en que la inversión impulsa el crecimiento y el empleo en el corto plazo. El principal problema de esta interpretación no estriba en que, contablemente, más gasto no sea igual a más PIB, sino en que ignora la naturaleza misma de la inversión, la cual se define en función de los beneficios de servicios útiles durante varios años en el futuro.
Si el impacto de la inversión fuera principalmente el aumento inmediato en el PIB, tal gasto no se distinguiría en gran medida de las erogaciones corrientes. A pesar de ello, los funcionarios de Hacienda enfatizaron que las inversiones de infraestructura previstas blindarían a la economía contra las actuales turbulencias externas y propiciarían un crecimiento del PIB de entre 2.5 y 3.0 por ciento durante 2026.
Otra justificación oficial muy arraigada consiste en la idea de que, entre más alto sea el cociente de inversión a PIB, mayor será el crecimiento sostenido de la economía. Esta idea, reminiscente de un viejo supuesto según el cual la capacidad productiva de cualquier país es proporcional al acervo de maquinaria, ha sido ampliamente refutada por la teoría económica y la evidencia empírica. De forma destacada, en los años cincuenta del siglo pasado, el economista estadounidense Robert Solow demostró que la fuente principal del crecimiento económico de largo plazo no es la inversión, sino el cambio tecnológico.
Lo anterior no significa que México no requiera de buenos proyectos de inversión que permitan mejores servicios públicos y contribuyan a la eficiencia económica. Por ejemplo, el abandono de la infraestructura aeroportuaria en la Ciudad de México y de la red de carreteras y puertos del país reclama inversiones impostergables.
En lugar de fijar metas mecánicas de inversión a PIB como si fueran panaceas, el gobierno debería enfocar sus esfuerzos en eliminar las prohibiciones a la iniciativa de los particulares y crear condiciones para la expansión de la innovación y el cambio tecnológico, condiciones indispensables para superar la senda mediocre de crecimiento.
