
Miriam Rodríguez corre entre la multitud matutina en el puente hacia Texas. Lleva una pistola en el bolso y una foto arrugada en la mano. Busca a un florista.
Cada pocos metros se detiene. Respira hondo, mira la foto y repite el nombre del hombre que ha estado persiguiendo durante meses. Fue una viuda quien la alertó. El florista está vendiendo rosas en la frontera, no lejos de donde su hija Karen desapareció.
Esa mañana, su cabello rojo intenso asoma bajo una gorra de béisbol. Lleva un año infiltrándose, disfrazándose de encuestadora, trabajadora sanitaria o funcionaria electoral. ya tuvo entrevistas con abuelas, con primas, con esposas desprevenidas. Anota todo en unos papeles que lleva en un maletín negro, cada dirección, cada apodo, cada rumor.
Cuando por fin lo encuentra, el hombre ya no vende flores. Hoy ofrece anteojos de sol. Miriam se acerca demasiado. Él la reconoce y echa a correr. El paso peatonal es angosto. Miriam lo alcanza, lo toma de la camisa y lo arrastra hacia la barandilla. Saca el arma y se la clava en la espalda.
—Si te mueves, te disparo.
Durante casi una hora lo retiene, esperando a que llegue la policía.

Su búsqueda la llevó a cambiar su apariencia, vigilar las casas de los miembros del cártel y pasar horas revisando las redes sociales en busca de pistas. Armada con una pistola, Rodríguez a menudo perseguía personalmente a los secuestradores de su hija, a veces a pie, hasta que llegaba la policía.
En 2014, un grupo de hombres armados secuestró a Karen Rodríguez, de veinte años, en una intersección de San Fernando, Tamaulipas, México. Su madre, Miriam, inició una cacería solitaria.
Cortó lazos con su vida anterior. Se separó de su esposo, se mudó con su hija mayor, Azalea. Karen había decidido quedarse en San Fernando para terminar sus estudios y ayudar en Rodeo Boots, la tienda de ropa familiar, mientras su madre cruzaba a Texas a trabajar como niñera.
El secuestrador principal se hacía llamar Sama. Miriam lo localizó tras un almuerzo en El Junior, un restaurante del pueblo. Lo reconoció por la radio que colgaba en su cinturón. El walkie-talkie zumbaba cada vez que la señora Rodríguez le suplicaba por su hija.
La familia pagó el primer rescate con un préstamo bancario. Dejaron una bolsa con dinero cerca del centro de salud, esperaron en el cementerio a que liberaran a Karen. Nadie apareció. Hubo más llamadas, más promesas, otro pago, y nada.

La esperanza se agotó. Miriam bajó una mañana y le dijo a Azalea que sabía que Karen estaba muerta, pero no descansaría hasta encontrar a los responsables.
San Fernando, al norte de Tamaulipas, es una ciudad que está atravesada por rutas de contrabando que desembocan en cruces fronterizos estratégicos hacia Estados Unidos. La geografía la convirtió en territorio de guerra para cárteles como Los Zetas, que alguna vez fueron brazo armado del Cártel del Golfo.
En 2010, las autoridades hallaron 72 cadáveres de migrantes centroamericanos en un rancho. Al año siguiente, los secuestros masivos de pasajeros de micros revelaron cerca de 200 cuerpos en fosas comunes. Para entonces, muchos habían huido. Otros se quedaron, resignados a que el crimen y la violencia marcaran su vida cotidiana: toques de queda impuestos por los cárteles, hijos desaparecidos, casas vacías.
Dos camionetas bloquearon el paso del auto de Karen Karen. Hombres armados la sacaron del coche y la llevaron, junto con el mecánico del tío que había llegado por casualidad. El cártel nunca tuvo intención de retener al mecánico. Lo liberaron y su testimonio fue la primera pista de Miriam.
Los Zetas financiaban su guerra secuestrando a inocentes para pedir rescate o reclutarlos a la fuerza. A veces organizaban combates a muerte entre cautivos, solo por diversión.

El avance llegó en una red social. Revisando el perfil de Facebook de su hija, Miriam encontró una foto de Sama junto a una joven con uniforme de heladería en Ciudad Victoria. Esperó fuera del negocio días enteros, aprendió los horarios, siguió a la pareja y anotó la dirección.
Se disfrazó y realizó una encuesta falsa en el vecindario, sacando información de la comunidad. Ninguna autoridad la ayudó, pero finalmente convenció a un comandante federal de colaborar. Cuando Sama fue arrestado, confesó nombres y ubicaciones de otros implicados.
Miriam alimentó a un adolescente detenido, Cristian José Zapata González, quien accedió a llevarlos al rancho donde estaban enterradas las víctimas. Allí, entre huesos y pertenencias, encontró una bufanda de Karen y un asiento de su auto. Los forenses negaron que los restos incluyeran a su hija, pero un año después, un fragmento de fémur confirmó que Karen había estado allí.
Rodríguez no se detuvo. Identificó a una vigilante del rancho, Elvia Yuliza Betancourt, esperando semanas fuera de la prisión hasta que apareció en horario de visitas. La policía la arrestó. Algunas llamadas para pedir el dinero del rescate provenían de su casa.

Rastreó a otros: uno intentó rehacer su vida como taxista, otro como cristiano renacido. Ella fue a misa, lo localizó y lo entregó a las autoridades, recordando a los feligreses: “¿Dónde estaba su compasión cuando mataron a mi hija?”.
En tres años, Miriam fue clave en la detención de diez personas vinculadas al secuestro y asesinato de Karen.
La campaña de Miriam transformó San Fernando. Durante un tiempo, su lucha inspiró a otros y llenó de rabia a la comunidad. La ciudad levantó una placa de bronce en su honor en la plaza central.
Pero la hazaña la volvió vulnerable. Miriam pidió protección al gobierno. Los cárteles la veían como una amenaza al orden establecido, una madre que había encarcelado a sus miembros. Solicitó guardias armados, pero el Estado ofreció patrullas esporádicas.

En marzo de 2017, tras la fuga de casi dos docenas de presos en Ciudad Victoria —entre ellos, autores del secuestro de Karen—, Miriam redobló su pedido de seguridad. Un mes después, persiguiendo a una joven implicada, se fracturó el pie y usaba muletas.
La noche del Día de la Madre, estacionó su auto frente a la pequeña casa naranja donde había vivido Karen. Una camioneta blanca se detuvo detrás. Hombres armados dispararon trece veces. Su esposo la encontró boca abajo, la mano en el bolso junto a la pistola.
El gobierno arrestó a dos de los culpables y abatió a otro. Pero los autores intelectuales permanecen envueltos en el misterio.
Luis, su hijo, asumió el liderazgo del colectivo, aunque el temor y la desconfianza fragmentaron el grupo. Algunos miembros formaron nuevas organizaciones, otros callaron.
Tras su muerte, los datos de la mujer siguieron colaborando con la Justicia. Meses después de su muerte, en junio de 2017, la información recabada por Miriam permitió arrestar en Veracruz a otra implicada, una mujer que había torturado a Karen y luego trabajó como taxista mientras criaba a su hijo.
En San Fernando, todos recuerdan esa noche en la que por las calles vacías resonaron los trece disparos que terminaron con la vida de Miriam. La mujer quedó boca abajo (la asesinaron por la espalda) y sin poder sacar de su cartera la pistola que llevaba para protegerse. Su marido llegó a los pocos minutos y abrazo el cuerpo aún tibio de la mujer que flotaba en un charco de sangre.
Estrena sencillo sobre esos amores aferrados que no saben cómo resignarseLa nota Acepta Joaquín Medina que No sabemos ser amigos apareció primero en Quadratín México.
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