Un jurado de Nuevo México concluyó que Meta daña la salud mental y la seguridad de los niños, violando la ley estatal Infobae
El reciente fallo de un jurado en Nuevo México representa un hito en la relación entre las grandes tecnológicas y la protección infantil. La decisión judicial determinó que Meta incurrió en prácticas comerciales que perjudicaron la salud mental de menores y ocultó información sobre explotación sexual infantil en sus plataformas.
El veredicto se produjo tras un proceso judicial de casi siete semanas. Los miembros del jurado respaldaron la postura de los fiscales estatales, quienes argumentaron que Meta —propietaria de Instagram, Facebook y WhatsApp— priorizó las ganancias antes que la seguridad de los usuarios más jóvenes, infringiendo la Ley de Prácticas Desleales del estado.
Sanciones económicas y alcance del caso en Nuevo México
El jurado concluyó que existieron miles de infracciones, cada una con una multa máxima de USD 5.000, lo que suma una penalización total de USD 375 millones. La cifra representa menos de una quinta parte del monto que pretendían los fiscales. Pese a la sanción, las acciones de la compañía, valorada en alrededor de 1,5 billones de dólares estadounidenses, mostraron un alza del 5% en las operaciones posteriores al fallo, lo que indica que los inversores no reaccionaron negativamente ante el resultado.
Jurados como Linda Payton detallaron que el grupo alcanzó un acuerdo respecto al número estimado de adolescentes afectados, optando por imponer la multa máxima por cada afectado. La penalidad económica, sin embargo, no obliga todavía a Meta a modificar el funcionamiento de sus plataformas.
En este contexto, el fallo de Nuevo México establece que Meta deberá esperar a una segunda fase del juicio, en la que un juez determinará si la empresa creó una situación de daño público y si debe financiar programas para contrarrestar los efectos nocivos identificados. Esta etapa está programada para mayo.
Cualquier cambio en las políticas de Meta dependerá de lo que resuelva la autoridad judicial en los próximos meses. Por ahora, la empresa mantiene sus prácticas actuales y ha manifestado su desacuerdo con la decisión del jurado, adelantando que apelará el fallo.
Argumentos de Meta y contexto de la apelación
Un portavoz de la empresa expresó que Meta “trabaja arduamente para proteger a sus usuarios” y que la compañía “es transparente sobre los desafíos de detectar y eliminar a quienes actúan de mala fe o comparten contenido perjudicial”. La defensa legal remarcó que Meta informa sobre los riesgos y realiza esfuerzos para filtrar contenidos dañinos, aunque reconocen que no logran bloquear todo el material peligroso.
Durante el juicio, la defensa de Meta sostuvo que la empresa invierte en seguridad no solo porque es correcto, sino también porque le resulta beneficioso para su negocio. El abogado Kevin Huff afirmó ante los jurados: “Meta diseña sus aplicaciones para facilitar la conexión entre amigos y familiares, no para favorecer a los depredadores”.
Estrategias legales y litigios en otros estados
La demanda de Nuevo México es una de las primeras en llegar a juicio dentro de una ola de litigios que involucran a plataformas sociales por su impacto en niños y adolescentes. Más de 40 fiscales estatales han iniciado acciones legales contra Meta, alegando que la compañía contribuye a una crisis de salud mental juvenil mediante el diseño deliberado de funciones adictivas en Instagram y Facebook.
La organización The Tech Oversight Project, mediante su directora ejecutiva Sacha Haworth, sostuvo que “Meta ha dejado de prevenir que los depredadores sexuales conviertan las interacciones en línea en daños reales”. Haworth citó declaraciones de alertadores internos como Arturo Béjar y documentos judiciales que describen la situación como grave.
El caso de Nuevo México se apoyó en una investigación encubierta, en la que agentes estatales crearon perfiles ficticios de menores para documentar solicitudes sexuales y evaluar la respuesta de Meta. La demanda, presentada en 2023 por el fiscal general Raúl Torrez, también subrayó que la empresa no ha reconocido ni enfrentado los peligros que implica la adicción a las redes sociales.
Aunque Meta no admite la existencia de tal adicción, ejecutivos de la compañía reconocieron durante el juicio la presencia de “uso problemático” y sostuvieron su interés en que los usuarios tengan una experiencia positiva.
La revisión del jurado y las voces de las familias afectadas
El jurado examinó comunicaciones internas y reportes de Meta sobre la seguridad infantil, además de escuchar testimonios de ejecutivos, ingenieros, exintegrantes de la empresa, expertos en psiquiatría y consultores. Educadores de escuelas públicas locales también expusieron cómo las redes sociales han facilitado esquemas de sextorsión dirigidos a menores.
Los integrantes del jurado evaluaron, entre otros puntos, si los usuarios fueron engañados por afirmaciones de seguridad realizadas por el CEO Mark Zuckerberg, el responsable de Instagram Adam Mosseri y la jefa global de seguridad Antigone Davis. También analizaron el incumplimiento de la prohibición de acceso para menores de 13 años, el papel de los algoritmos en la difusión de contenidos perjudiciales y la frecuencia de publicaciones sobre suicidio adolescente.
La coalición ParentsSOS, formada por padres que han perdido hijos debido a daños vinculados a redes sociales, consideró el fallo como “un momento decisivo”. En palabras del grupo: “Las familias que hemos pasado por lo inimaginable —la muerte de un hijo por los daños de las redes sociales— celebramos este avance en la lucha por exigir responsabilidades a las grandes tecnológicas”.
El debate sobre la responsabilidad de las plataformas digitales
Durante décadas, compañías como Meta han contado con la protección de la Sección 230 de la Ley de Decencia en las Comunicaciones de Estados Unidos, que las exime de responsabilidad legal por el contenido que publican sus usuarios. Sin embargo, los fiscales de Nuevo México argumentan que Meta debe responder por el modo en que sus algoritmos amplifican el contenido que resulta perjudicial para los menores.
La fiscal Linda Singer resumió la acusación central al afirmar: “Sabemos que el objetivo es fomentar la interacción y el tiempo de uso de los menores. Esa decisión adoptada por Meta tiene consecuencias negativas profundas en los niños”.
La resolución de este juicio podría sentar un precedente para otras demandas en curso y modificar la forma en que las plataformas digitales gestionan la seguridad de los usuarios más jóvenes. El desenlace de la segunda fase y los posibles cambios regulatorios serán observados de cerca tanto por la industria como por las familias afectadas.
(Con información de Associated Press)
