Paloma Valencia exige medidas contra Hollman Morris en Rtvc tras la salida de presentadores en Caracol: “Vale la pena contrastar” Infobae
Las recientes decisiones de Caracol Televisión sobre la desvinculación de los periodistas Ricardo Orrego y Jorge Alfredo Vargas, en medio de denuncias de acoso sexual que investiga la Fiscalía General de la Nación, provocaron una oleada de reacciones en el ámbito político y mediático colombiano.
El canal confirmó que la terminación del contrato de Orrego fue unilateral, mientras que la salida de Vargas ocurrió de mutuo acuerdo. En un comunicado, la empresa subrayó que estas medidas no constituyen un juicio sobre los hechos denunciados ni establecen responsabilidades individuales, sino que buscan proteger la integridad de los involucrados, sus familias y la confianza del público.
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Paloma Valencia cuestionó la falta de decisiones en Rtvc frente a denuncias contra Hollman Morris
En este contexto, la senadora y candidata presidencial Paloma Valencia intervino a través de sus redes sociales, destacando la diferencia entre la actuación de la empresa privada y la gestión en el sistema público de medios. Valencia planteó la necesidad de adoptar acciones claras en Rtvc ante las denuncias que involucran a su gerente, Hollman Morris.
“Vale la pena contrastar: las decisiones adoptadas por Caracol Televisión luego de las graves denuncias que ya investiga la Fiscalía General de la Nación por acoso, y la actitud de RTVC con las denuncias contra Hollman Morris”, publicó Valencia en su cuenta de X, en referencia directa al contraste institucional frente a denuncias de acoso sexual y laboral.
La candidata por el Centro Democrático centró su mensaje en la importancia de mantener criterios de actuación consistentes entre el sector público y privado, especialmente frente a casos que involucran posibles conductas de acoso.
Antecedentes de denuncias y controversias en torno a Hollman Morris
El caso de Hollman Morris reúne denuncias de diversa índole, desde violencia intrafamiliar, acoso laboral, hasta señalamientos de acoso sexual y un ambiente laboral hostil en instituciones públicas de comunicación.
En enero de 2019, Patricia Casas, entonces esposa de Morris, interpuso una denuncia por violencia intrafamiliar y económica ante la Fiscalía General de la Nación, detallando episodios de violencia psicológica y abandono en obligaciones alimentarias.
A este caso se sumó la denuncia de Lina Marcela Castillo, activista y excolaboradora de Morris, que relató comentarios inapropiados y tocamientos sin consentimiento. Durante la administración de Francisco Barbosa Delgado en la Fiscalía, el caso de Castillo llegó a convertirse en una acusación contra la denunciante por injuria y calumnia; no obstante, en marzo de 2026, bajo la nueva fiscal general Luz Adriana Camargo, el expediente fue reasignado a una unidad de género ante el reconocimiento de que las denuncias originales no habían sido investigadas de forma adecuada.
Durante su gestión en Rtvc, Morris es señalado por varias directivas y exempleadas, como Silvana Orlandelli, Nórida Rodríguez y Carolina Valencia, que describieron un entorno laboral “irrespetuoso”, “estresante” y marcado por acoso constante. Estas declaraciones motivaron la apertura de investigaciones disciplinarias por parte de la Procuraduría General.
Manifiesto de periodistas y respuesta de Morris
Tras el escándalo en Caracol Televisión, más de 40 periodistas y escritoras, encabezadas por María Jimena Duzán, publicaron un manifiesto que denunció el uso del poder estatal y estrategias de “acoso judicial” por parte de Morris para silenciar a mujeres que lo señalaron. El documento reavivó el debate sobre la protección de denunciantes y la cultura laboral en las instituciones públicas de medios.
En respuesta, Hollman Morris sostuvo que todas las denuncias forman parte de un “complot político” para desestabilizar el modelo de medios públicos impulsado por el Gobierno de Gustavo Petro. A pesar de las críticas y la presión de sectores feministas, el presidente mantuvo a Morris en el cargo, argumentando la ausencia de condenas judiciales firmes en su contra, posición fuertemente criticada por la congresista Jennifer Pedraza.