
Todo cuanto necesitaba para convertirse en dictador, era una ley. Y la tuvo. Todo cuanto Adolf Hitler precisaba para acabar con la constitución alemana que regía la República de Weimar, para acabar también con la República de Weimar, para silenciar a la oposición, para fulminar a los partidos políticos, para terminar con las libertades individuales, para perseguir a los judíos, para encerrar a los alemanes sin acusación y sin juicio; todo lo que necesitaba para convertirse en amo de Alemania y, en sólo doce años, llevarla a la derrota y a la destrucción, era una ley, simple y sencilla, cinco artículos, para qué más. Y la tuvo.
El 23 de marzo de 1933, el Parlamento alemán votó la llamada “Ley Habilitante”, o también, “Ley de Autorización”. Era muy sencilla: le daba a Hitler el poder de dictar leyes sin que pasaran por el Parlamento. Así de simple. Todo el poder a Hitler y a los horrores del nazismo. Todo pasó muy rápido, en menos de un mes, y hace ya casi un siglo, noventa y tres años.
A la “Ley Habilitante” es difícil encontrarle el punto de partida. Lo tiene en la ambición delirante de Hitler. En Mein Kampf (Mi Lucha), su biblia referencial de joven agitador, escrito en los años 20, se retrató como un tipo singular que combinaba las cualidades de “organizador y político”. La grandeza del político, decía Hitler, radica en la ejecución práctica de la idea propuesta por el organizador: “A lo largo de extensos períodos de la humanidad –escribió puede suceder una vez que ambos estén unidos en unapersona”. Entre los grandes hombres de la historia, Hitler señalaba a Martín Lutero, a Federico el Grande y al músico y compositor Ricardo Wagner. Según Hitler, “la integración de teórico, organizador y caudillo en una sola persona es la cosa más rara que se puede encontrar en este mundo; esta integración hace al gran hombre”. Hablaba de sí mismo, de su delirio. Nadie lo vio venir.

En febrero de 1933, a menos de un mes de haber llegado al poder como Canciller del Reich y no por elecciones, sino por decisión del entonces presidente Paul von Hindenburg, al caudillo Hitler, eso es lo que quiere decir führer, no le era fácil llevar adelante lo que el teórico y el organizador, él mismo, habían planeado. Sólo contaba con el treinta por ciento del Parlamento. Socialdemócratas y comunistas, entre otros, le iban a hacer difícil el árido arte de gobernar porque las elecciones programadas para el 5 de marzo, no iban a alterar esos porcentajes. Sin margen de maniobra, el destino de Hitler sería entonces la renuncia anticipada, como habían hecho sus tres predecesores.
Entonces sucedió algo extraordinario: se incendió el Reichstag, el Parlamento alemán. Fue el 27 de febrero, menos de una semana antes de las elecciones, Marinus van der Lubbe, un obrero holandés de veinticuatro años que había sido miembro de las juventudes comunistas de Holanda, quemó el Reichstag a modo de protesta por la miseria con la que el sistema capitalista condenaba a la clase obrera. La dirigencia nazi tomó el ataque como una señal para que en Alemania se produjera un “levantamiento comunista”: “Un último intento –dijo Joseph Goebbels– de sembrar confusión mediante el fuego y el terror, para hacerse con el poder en medio del pánico generalizado”.
En el Reichstag no se hallaron más que panfletos y un par de objetos personales de Van der Lubbe, que había actuado solo según su propia e inmediata confesión. Tiempo después, Hermann Göring comentaría entre risas que él mismo había dado fuego al Reichstag. Sin embargo, las autoridades del Reich, con Goebbels a la cabeza, lanzaron el espectro de un complot comunista. Ian Kershaw, el biógrafo de Hitler, dice en su monumental obra: “Los descubrimientos de la policía mostraban que Alemania estaba a punto de precipitarse en el caos del bolchevismo. Entre los horrores que conjuró la investigación –según Göring– figuraban asesinatos de dirigentes políticos, ataques a edificios públicos y el asesinato de las esposas y los familiares de personalidades oficiales. Nunca se hizo pública prueba alguna de todo esto”.

Cuando Rudolf Diels, que sería luego primer jefe de la Gestapo prusiana y que estaba a cargo de investigar el incendio, dio a Hitler los detalles esenciales del interrogatorio a Van der Lubbe y le aseguró al Führer que el incendio del Reichstag era “obra de un loco”, Hitler lo interrumpió a los gritos: a los diputados comunistas había que ahorcarlos aquella misma noche, dijo. Y tampoco había que demostrar misericordia con los socialdemócratas. A la mañana siguiente, Wilhelm Frick, que oficiaba como ministro del Interior del Reich y lo sería hasta el final, fue ahorcado en Núremberg en 1946, apareció con el borrador de un decreto “Para la protección del pueblo y del Estado”, una medida excepcional de emergencia que ponía todo el poder en manos del gobierno del Reich, de Hitler, para prevenir y castigar actos de terrorismo.
Aquel decreto de emergencia era también el embrión de la “Ley Habilitante”, y fue lo último que trató el gabinete de Hitler la agitada mañana del 28 de febrero de 1933, luego del incendio del Reichstag la noche anterior. En un párrafo breve de esa norma quedaron suspendidas por tiempo indefinido las libertades personales garantizadas por la Constitución de la República de Weimar, incluidas la libertad de expresión, de asociación y de prensa, y la inviolabilidad de las comunicaciones postales y telefónicas. En otro párrafo de igual brevedad, la autonomía de los Länder, los estados federados de Alemania, quedaron sometidos al gobierno del Reich que tendría así autoridad para “restaurar el orden”, si era necesario: ese derecho sería usado luego de las elecciones de marzo para asegurar el control nazi de los estados alemanes. La norma abría a Hitler las puertas de la dictadura.
Decreto en mano, Göring lanzó una gigantesca redada contra diputados y funcionarios comunistas, socialdemócratas, sindicalistas e intelectuales de izquierda, encerrados –narra Kershaw– en prisiones improvisadas, en muchos casos en los sótanos de los cuarteles y locales de las SA y de las SS, y habían sido objeto de palizas salvajes y torturas y en algunos casos habían sido asesinados. En abril, el número de los que se hallaban en “custodia para su protección” sólo en Prusia, era de unos veinticinco mil.

Las elecciones del 5 de marzo dieron el triunfo a los nazis con el 43,9 por ciento de los votos: 288 escaños de los 647 en juego. Pese al terror, el comunismo, el KPD había conseguido un asombroso 12,3 por ciento y el SPD, los socialdemócratas, el 18,3 por ciento. Goebbels dijo que aquello era “un triunfo glorioso”. No lo era. Hitler albergaba la esperanza de la mayoría absoluta para el NSDAP, pero ahora, para conseguirla, dependía de sus aliados conservadores. Al triunfo electoral siguió una euforia de violencia en manos de bandas incontroladas de matones nazis que atacaron incluso las embajadas y a sus diplomáticos. El decreto de emergencia que preveía la defensa frente a “actos de violencia comunistas peligrosos para el estado”, no se aplicó a las bandas nazis. Por el contrario, Hitler las justificó: dijo que si Alemania hubiera experimentado “seis semanas de bolchevismo, habría llegado a establecer la diferencia entre la revolución roja y nuestro levantamiento”.
Ese fue el escenario que parió a la “Ley Habilitante”, o de “Autorización”, que tenía cinco breves artículos. Eran los siguientes: “Artículo 1) En adición al procedimiento establecido por la Constitución, las leyes del Reich pueden también ser emitidas por el Gobierno del Reich (…) Artículo 2) Las leyes emitidas por el gobierno del Reich pueden diferir de la Constitución en tanto no contradigan las instituciones del Reichstag y del Reichsrat. Los derechos del Presidente quedan sin modificación. (El Reichsrat era el Consejo del Reich). Artículo 3) Las leyes emitidas por el gobierno del Reich deben ser promulgadas por el Canciller (Hitler) y publicadas en el diario oficial del Reich. Tales leyes entrarán en vigencia al día siguiente de la publicación salvo que se indicase una fecha diferente (…) Artículo 4) Los tratados celebrados por el Reich con estados extranjeros que afecten la legislación del Reich, no necesitarán la aprobación de las cámaras legislativas. El gobierno del Reich debe promulgar las reglas necesarias para la ejecución de tales tratados. Artículo 5) Esta ley entra en vigor el día de su publicación. Queda sin vigencia el 1 de abril de 1937, o si el actual gobierno fuese sustituido por otro”.

Eso era todo. La “Ley Habilitante” le daba a Hitler el poder de dictar leyes por encima de la Constitución de la República de Weimar, que moría así con pena y sin gloria ante el avance arrollador de los nazis. Era la dictadura. La nueva ley ponía en vigencia como tal el decreto de emergencia que anulaba las libertades individuales de los alemanes y permitía la detención sin acusación y la condena sin juicio de cualquier ciudadano.
El 23 de marzo, día en el que el Reichstag iba a sancionar la ley, Hitler la defendió con un discurso que duró dos horas y media. Había llegado a la Kroll Ópera de Berlín, que era donde funcionaba ahora el Reichstag, enfundado en su uniforme pardo y en medio de los vítores de los diputados nazis uniformados y de varios matones, armados, que seguían el debate desde los palcos. La cámara estaba dominada por una cruz esvástica gigante. Los legisladores nazis eran mayoría porque los ochenta y un diputados comunistas o bien estaban detenidos, o habían huido de Alemania. Para aprobar la ley sólo era necesaria una mayoría de dos tercios.
Hitler esbozó su plan de gobierno, prometió una “renovación moral de largo alcance”, apoyada “en el ámbito de la educación, los medios de comunicación y las artes”: una verdadera batalla cultural. Pidió a los jueces “más flexibilidad de juicio por el bien de la sociedad”, un ataque a los principios de la legalidad liberales; dijo que el mundo de los negocios sería obligado a servir al pueblo en vez de a los intereses del capital. Alabó al ejército, pero dijo que no tenía ninguna intención de aumentar su tamaño ni su armamento, si el resto del mundo iniciaba un desarme sustancial. Reseña Kershaw: “No corría peligro el Reichstag ni el Reichsrat. La posición y los derechos del presidente del Reich (que era Hindenburg) se mantendrían intactos. No se abolirían los Länder. Los derechos de las iglesias no se reducirían y no se modificarían sus relaciones con el Estado. Todas estas promesas no tardarían en romperse”. Por fin, con 441 votos a favor y los 94 votos de los socialdemócratas en contra, el Reichstag aprobó la “Ley Habilitante” y aprobó también su propia extinción como órgano democrático.

Kershaw resume el drama alemán en pocas líneas: “Al cabo de un mes, las libertades civiles, tal como estaban protegidas en la República de Weimar, habían quedado suprimidas. Al cabo de dos meses, con los adversarios políticos más activos detenidos o huyendo del país, el Reichstag cedió sus poderes, dando a Hitler el control de la capacidad legislativa. Al cabo de cuatro meses fueron disueltos los sindicatos, que tan poderosos habían sido. En menos de seis meses habían sido eliminados, o habían decidido desaparecer voluntariamente, todos los partidos de la oposición, dejando al NSDAP como el único partido subsistente. En enero de 1934 se abolió oficialmente la soberanía de los Länder, destruida ya en realidad en marzo anterior. Luego, en el verano, el 30 de junio de 1934, se eliminó implacablemente la amenaza creciente que acechaba dentro del propio movimiento de Hitler en la ‘Noche de los cuchillos largos’, en referencia al asesinato de la cúpula de las SA, los ‘camisas pardas’ que habían sido la fuerza de choque del nazismo. En 1937, el Reichstag, ya sin funciones efectivas de gobierno dictó la prórroga indefinida de la ‘Ley Habilitante’”.
Hitler tenía ahora todo el poder. El teórico, el organizador y el caudillo, reunidos todos en su persona, ya podían llevar a Alemania a la gloria.
Los historiadores gustan destacar una coincidencia que tal vez no sea tal. La “Ley de Habilitación” se aprobó el 23 de marzo de 1933. El día anterior, el 22, a veinte kilómetros de Múnich, en una antigua fábrica de pólvora, los nazis habían inaugurado el campo de concentración de Dachau.
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