FGR devolvió tres inmuebles a la “Reina del Pacífico”; se ubican en la CDMX Sol Yucatán
Redacción / La Opinión de México
La Fiscalía General de la República (FGR) devolvió a Sandra Ávila Beltrán, “La Reina del Pacífico”, tres inmuebles ubicados al sur de la Ciudad de México que le fueron asegurados en 2003 como parte de la averiguación en su contra por delitos contra la salud.
La FGR presentó ante el Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Penal en la Ciudad de México documentos que acreditan que canceló el aseguramiento de dichos inmuebles, identificados con los números 5, 6 y 35 del condominio de Puente Cuadritos 18, colonia San Nicolás Totolapan, alcaldía Magdalena Contreras.
Esto, derivado del amparo que la llamada “Reina del Pacífico”, vinculada al Cártel de Sinaloa, promovió contra la omisión de la FGR de dar cumplimiento a la diligencia de entrega decretada desde el 17 junio de 2014, en la que se estableció que a la brevedad se realizaran los trámites administrativos para cancelar cualquier situación que pesara sobre los inmuebles.
En julio de 2025, Ávila Beltrán recurrió al Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Penal en la Ciudad de México, encabezado por María del Carmen Sánchez Cisneros, contra la omisión de dar cumplimiento a la diligencia de entrega, sin embargo la jueza determinó sobreseer el asunto debido a que de los informes presentados por las autoridades responsables se desprendían acciones para dar cumplimiento a la resolución de junio de 2014.
Ante ello, Sandra Ávila Beltrán tramitó un recurso de revisión que revocó la resolución de la jueza Sánchez Cisneros y le ordenó la reposición del procedimiento en el juicio de amparo.
Como parte de la reposición, la Fiscalía Especial en Investigación de Delitos contra la Salud informó a la jueza Sánchez Cisneros “que las constancias remitidas con anterioridad son documentos que hacen prueba plena que se ha cancelado el aseguramiento de los inmuebles en comento…”.
Sandra Ávila Beltrán, la “Reina del Pacífico”, fue absuelta del delito de tráfico de cocaína en diciembre de 2010. Dos años más tarde, en 2012, fue entregada en extradición al gobierno de Estados Unidos para enfrentar cargos por posesión y tráfico de drogas. Se declaró culpable ante una Corte federal de Miami, que la condenó a 70 meses de prisión.
En 2013 fue deportada a México por las autoridades de Estados Unidos y recluida en el penal federal de Tepic, donde estuvo hasta febrero de 2015, luego de que un Tribunal Colegiado revocó la sentencia de cinco años que cumplía por el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita.
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