Hoy los glaciares, mañana la selva Infobae

Declarada Capital Nacional de la Biodiversidad por Ley Nacional 27.495, la provincia de Misiones ostenta una riqueza en materia de recursos naturales que en términos ambientales resultan tan estratégicos como los glaciares. Con más de 1,6 millones de hectáreas protegidas (incluyendo remanentes de selva paranaense), rodeada por ríos y atravesada por 900 arroyos internos, la biodiversidad misionera representa en sí misma una reserva de servicios ecosistémicos que el mundo entero mira con atención. En términos porcentuales, Misiones explica un 52% de la biodiversidad de la Argentina, aun cuando su extensión acapara apenas el 1% de la superficie total del país.

Ante este panorama, resulta una paradoja verdaderamente inentendible que los diputados y senadores nacionales por Misiones acompañen la reforma de la Ley de Glaciares impulsada por el oficialismo nacional. El proyecto de ley en cuestión limita la protección a los glaciares ya inventariados, excluyendo a los ambientes periglaciares y habilitando lo que hasta ahora estaba prohibido: las explotaciones mineras e hidrocarburíferas en zonas protegidas.

Bajo el argumento de que las provincias deben tener la potestad de decidir sobre sus recursos, se intenta romper un piso mínimo de protección ambiental que la Nación debe garantizar a todos los argentinos por igual. Es decir, no se discuten competencias jurisdiccionales, se exigen políticas ambientalmente estratégicas. Mientras el gobierno de Javier Milei debilita instituciones y flexibiliza normas bajo la promesa de inversiones que nunca llegan a las economías regionales, los legisladores misioneros parecen dispuestos a acompañar sin reparos medidas y proyectos que lesionan directamente a sus representados. Productores yerbateros, forestales y otros numerosos sectores productivos y laborales de Misiones vienen siendo afectados severamente por las políticas nacionales.

Esta actitud contradice incluso el marco legal e institucional misionero. En 2022, la provincia sancionó la primera Ley de Humedales del país, creando un registro provincial, estableciendo categorías de protección y reconociendo el valor estratégico de estos ecosistemas para la regulación del clima, la provisión de agua y la mitigación de desastres. También creó el área integral de conservación y desarrollo sustentable “Corredor verde de la provincia de Misiones” (LEY XVI -N.º 60) y un Sistema de gestión integrada de cuencas hidrográficas (LEY XVI – N.º 150).

Hablamos de la única provincia del país que cuenta con un Ministerio de Ecología y Recursos Naturales y un Ministerio de Cambio Climático, sin dejar de mencionar al Instituto Misionero de la Biodiversidad, un organismo de características únicas en el país. Se trata del ente que llevó a cabo el Primer Inventario de la Biodiversidad Misionera, que relevó 21.941 especies, triplicando los registros previos y reafirmando a Misiones como un hotspot mundial de biodiversidad.

Hablamos de una provincia que entiende que la conservación y el cuidado de sus recursos naturales también pueden constituirse en posibilidades de desarrollo económico. Dan cuenta de ello, las distintas iniciativas de uso sostenible de la biodiversidad, el pago de servicios ecosistémicos y herramientas de finanzas sostenibles que ponen a la jurisdicción a la vanguardia de cuestiones ambientales.

Este estatus se pone en riesgo cuando advertimos que los diputados misioneros – en sintonía con sus pares en el Senado – podrían votar a favor de una reforma que desprotege a nuestros glaciares. Porque si mañana alguien argumenta que los bosques nativos o los humedales son un freno para el agronegocio o que las cuencas hídricas pueden flexibilizarse en nombre de la inversión, ¿con qué autoridad moral podrá Misiones oponerse?

Al votar la reforma a la Ley de Glaciares, los representantes misioneros legitiman un mecanismo que tarde o temprano puede usarse contra su propia provincia. Porque la misma lógica que hoy desprotege glaciares para habilitar la minería en la cordillera es la que mañana puede desproteger la selva y los cauces hídricos misioneros para dar lugar a cualquier proyecto extractivista.

La coherencia en juego La Cámara de Diputados definirá en los próximos días el futuro de esta reforma. El oficialismo, en un gesto que debería alarmarnos, ha restringido las audiencias públicas: de los aproximadamente 60 mil inscriptos, apenas 200 podrán exponer de manera presencial o virtual. El resto deberá conformarse con enviar un video de cinco minutos o un texto por escrito. En estas condiciones se debate una ley que cuida las reservas de agua estratégicas para millones de argentinos.

Misiones puede ser coherente y sostener en el Congreso Nacional el modelo misionero que implica una trayectoria innegable en defensa de la biodiversidad. Es también una oportunidad para recordar la vigencia del Acuerdo de Escazú, exige participación pública, acceso a la información y a la justicia ambiental. Caso contrario, los legisladores misioneros demostrarán que están dispuestos a seguir siendo parte de un proyecto que, bajo la bandera de la desregulación, desmantela décadas de construcción institucional, con reformas que benefician a unos pocos a costa de todos. Los diputados misioneros tienen la palabra. Y los ciudadanos, la memoria.Porque si hoy son los glaciares, mañana puede ser la selva. Y pasado, todo lo que todavía creemos que está a salvo.