Cadáveres en las calles, militares autoproclamándose salvadores de América y el país, una lágrima: Argentina a dos días del golpe Infobae

“Tiroteos entre policías y extremistas”, “Halláronse otros seis cadáveres”, “La búsqueda de acuerdos para hacer viable un plan económico”. “Leigh refirióse al papel de las FF. AA.”, “Asilados políticos en Montevideo”, “Detienen en La Plata a un dirigente gremial”. “Proponen al peronismo formar otro frente”. “Una propuesta para superar la crisis”, “Refirióse una entidad a la situación del país”. “Secuestraron en Córdoba a una mujer”.

Los titulares del diario La Nación del 22 de marzo de 1976, cuando solo faltaban dos días para que las Fuerzas Armadas lideradas por Videla, Massera y Agosti derrocaran a María Estela Martínez de Perón y embistieran a la democracia y a sus instituciones, daban pistas de que la olla a presión estaba a punto de estallar. Quizás no todos, o no muchos o muy pocos, o casi nadie sospechaba de que el Ejército, la Marina y la Fuerza Aérea estaban utilizando todo el aparato estatal para crear un submundo clandestino, el Upside Down infernal en el que desaparecerían a miles de personas de un país en llamas que empezaría a vivir entre la censura, la complicidad, el terror y la clandestinidad.

“Blanca y celeste aunque nos cueste”, atravesaba una doble página ese lunes una bandera argentina firmada por la Liga Pro Comportamiento Humano, mientras el periódico contaba que ese comportamiento no abundaba por esos días en este suelo, más bien todo lo contrario.

Durante la madrugada, en La Plata, habían resonado “dos violentos y prolongados tiroteos” entre la policía y miembros de las agrupaciones de lucha armada, llamadas por los medios hegemónicos —así lo harían durante todo el terrorismo de Estado— “elementos extremistas” —a veces “elementos subversivos”, a veces ambos—. Las noticias están repletas de “armas largas”, “ametralladoras”, “escopetas Ithaca”. Bombas que explotan frente a sitios que representan capitales extranjeros o nacionales o están envueltos en conflictos gremiales. Cadáveres cosidos a balazos en diferentes puntos del país.

El 22 de marzo traía cuerpos aparecidos en Bahía Blanca, en San Vicente, en el río Luján, en Don Torcuato, en Avellaneda. “Otro cuerpo acribillado”, “Uno más”, rezaban los subtítulos que informaban de los diferentes hallazgos. No hay responsables por estas muertes en las noticias: siempre tienen heridas de bala y “la policía está investigando” o “procura identificarlos”. Cuando alguien ve un poco más se lo llevan “individuos encapuchados”.

Mientras, en un Chile ya azotado por la dictadura, el comandante de la Fuerza Aérea y miembro de la Junta Militar de ese país, Gustavo Leigh, aseguraba que los gobiernos militares en la región surgían como “las fuentes últimas de reserva moral en sociedades que han visto descomponerse a la mayor parte de sus líderes naturales”. Y que “sobre los hombres de armas recae, pues, la responsabilidad de ser el soporte principal de la sociedad libertaria del futuro, en países hermanos que hoy debemos unir nuestro esfuerzo ante un adversario y un desafío que nos son comunes”. Poco antes, Pinochet había lanzado una arenga a las naciones del continente para que se le unieran en la lucha contra el comunismo.

En la Embajada de México de otra tierra vecina, en una Montevideo también maniatada por una dictadura, comenzaban a acumularse los exiliados argentinos que buscaban asilo político. A los que La Nación definía como “un número no precisado de personas, presuntamente de filiación comunista”. Y El país, de Uruguay, como “oportunistas” que aprovechaban la situación para decirse perseguidos y así viajar gratis con gastos cubiertos. Este diario también aseguraba que, según el Ministerio de Relaciones Exteriores, esas personas podían viajar libremente y circular por todo el territorio nacional sin necesidad alguna de asilo. Se les olvidó aclarar: “Si no eran secuestradas antes y sobrevivían”.

También mientras tanto, el peronismo era instado a formar una nueva alianza federal con partidos afines “para fortalecer su frente interno” y evitar “que esas estructuras políticas provinciales puedan ser copadas ‘en el orden nacional por grupos extremos o advenedizos’”, dado que “el FREJULI, como tal, prácticamente no existe”.

El oficialismo —lo que quedaba— se extinguía como Superman frente a una dosis de kriptonita. El equipo económico del Gobierno daba manotazos de ahogado e intentaba “elaborar un programa de saneamiento” para el que buscaba apoyo. El “plan viable” en medio de una situación inviable debía contener “severas medidas de austeridad; particularmente en el sector público pero en realidad en toda la actividad económica” y “paralelamente”, “como compensación”, “elementos de reactivación, como inversiones públicas seleccionadas”. Contemplando ajuste y a la vez una necesaria flexibilidad en las medidas para que no terminara de desbarrancar la sociedad ya pateando piedritas al abismo, proponían conformar, para fines de esa semana, una comisión con representantes de diferentes sectores que actuaría como una suerte de asesora del gabinete.

Aclaraba La Nación: “En el Gobierno se descuenta la cooperación de las Fuerzas Armadas en este intento (la sola enunciación del propósito, es obvio, descarta la tesis de una posible discontinuidad institucional), pero no existe idéntica certeza con respecto al apoyo sindical y empresario; se asegura, no obstante, que sectores amplios de uno y otro campo brindarían su asentimiento”. No llegarían. Poco importaría nada dos días después.

Así las cosas, cuando hasta el periodismo le soltó la mano y se anunciaba intimidado y amordazado por los restos del Ejecutivo. Cuando actores como Fernando De la Rúa, entonces senador nacional del radicalismo, decía en actos públicos que “el pueblo ni es culpable de la ineptitud de un Gobierno que lo defraudó ni de la corrupción que corroe la economía” y acusaba de esa corrupción a organismos estatales y acciones impulsadas por Isabel y su brujo fiel, López Rega, como la Cruzada por la Solidaridad —una organización creada con fines de beneficencia por la cual ambos fueron demandados en una causa de malversación de fondos—. Cuando enfatizaba: “Es increíble que la presidente que proclama su afición a los látigos, ni quisiera desmienta que su exministro y principal consejero, López Rega, siga alojado en su quinta madrileña, prófugo de la Justicia”. Cuando todo esto henchía al país como un globo en el límite de su capacidad, Isabelita asistía a misa en la capilla dentro de la residencia de Olivos. Quizás a darse baños de agua bendita para expiar sus pecados. Quizás a rezarle a sus santos o a sus brujos, quién sabe: a pedir que alguien la ayude. Que alguien la saque de allí.

Quizás nunca había oído el proverbio que advierte: “Cuidado con lo que deseas”.

“Halláronse otros seis cadáveres”

De todas las noticias que traía el diario el 22 de marzo de 1976, quizás la que debía ser una de las más impactantes, sino la más, los seis cuerpos hallados en diferentes puntos de la Provincia de Buenos Aires, era un hecho que, para entonces, se había vuelto tan usual como la crisis económica y la muerte del peronismo o del isabelismo en el poder.

Desde 1973, con el fin de la proscripción y, más aún, con la victoria de la lista encabezada por Perón - Martínez de Perón que había puesto a López Rega en el cargo de ministro de Bienestar Social y responsable de combatir y eliminar a la izquierda peronista y a la izquierda a secas, el brujo faldero de Isabelita había echado a andar un brazo parapolicial y paraestatal asesino: la Alianza Anticomunista Argentina (AAA). Eran los encargados, bajo sus órdenes, de practicar el gran truco de la desaparición y eliminación de personas.

Dos días después del triunfo peronista en las urnas, una célula de las Fuerzas Armadas Revolucionarias (FAR) había asesinado a José Ignacio Rucci, secretario general de la CGT. Perón llamó a una reunión con su gabinete, gobernadores, vices y otros miembros de su círculo. Hablaron de “agresiones marxistas” y de la infiltración que debían subsanar. Invitó a los militantes de derecha a “participar activamente” de esa lucha. Firmaron un documento como sello de ese pacto de caballeros. Y, a continuación, López Rega hizo lo suyo para poner la operación de exterminio en marcha.

Para eso contó con el apoyo de la CIA y de la logia anticomunista Propaganda Due, de la que era miembro —conocida como “P2” e integrada por personajes como Licio Gelli (un italiano que había apoyado a Mussolini, a Franco, y había vivido en Argentina) y el futuro dictador, Emilio Massera.

Con sede en el Ministerio de Bienestar Social —desde donde el Brujo desvió fondos para montarlo y equiparlo— el escuadrón encargado de aterrorizar, secuestrar y asesinar a toda persona a la que creyeran de izquierda, marxista, comunista o les cayera antipática operó “oficialmente”, con su firma, desde fines de 1973.

Dividida en células, y bajo las órdenes de López Rega y del comisario de la Policía Federal, Alberto Villar, la Triple A fue detrás de artistas, religiosos, intelectuales, políticos, estudiantes, trabajadores, sindicalistas.

Al comienzo solo operaban en grupos al mando de los hombres cercanos al ministro de Bienestar Social, como Villar y Rodolfo Eduardo Almirón. Después se reprodujeron por fuera de la Ciudad de Buenos Aires: se expandieron a la provincia y se crearon nuevos escuadrones, también bajo las órdenes de López Rega, en diferentes puntos del país.

En Córdoba, por ejemplo, actuaba el Comando Libertadores de América —llamado también Escuadrón Libertadores de América o Grupo Interrogador de Detenidos—. Esta célula era conducida por oficiales del Ejército y actuaba con los mismos objetivos y modos que la Triple A. Era, más bien, una extensión de este grupo. Sus miembros eran principalmente militares y, en menor medida, policías, delincuentes comunes y lúmpenes.

Capitaneado por Héctor Pedro Vergez y agentes de Informaciones de la Policía de Córdoba, el periodo de mayor crudeza y salvajismo de esta célula inició en la segunda mitad de 1975 y se extendería meses después del 24 de marzo del 76, con secuestros, torturas y muertes a mansalva.

Al comienzo, sus ataques y atentados regaban cuerpos en las calles y veredas de las ciudades cordobesas. Pronto contarían con su propio centro clandestino de detención a disposición, “La Perla”, el que sería el más grande de esa provincia. Una vez este sitio estuvo en actividad, los restos de sus víctimas ya no aparecieron.

Otro modo de extender el radio de acción de la Triple A y optimizar recursos, fue mediante la unión o el refuerzo de grupos parapoliciales ya existentes, brindándoles protección y facilitándoles la operación logística y de inteligencia. Ese fue el caso de la igualmente siniestra Concentración Nacional Universitaria (CNU), en Mar del Plata, comandada por personajes como Carlos Alberto Disandro, Patricio Fernández Rivero, Ernesto Piantoni, Raúl Viglizzo, Gustavo Demarchi y Héctor Corres.

La CNU había nacido en 1971, desde la derecha peronista. Con base en la Feliz y en la ciudad de La Plata. Se proclamaban fascistas, peronistas y en pie de lucha, al igual que las demás, contra la izquierda, el marxismo, el comunismo y todo lo que oliera o se viera parecido. Cuando apareció la Triple A, en el 73, sus miembros se fusionaron. Y a partir del 24 de marzo del 76 varios pasarían a integrar o colaborar con los grupos de tareas organizados por la dictadura. La CNU ejecutó asesinatos y ataques violentos, a punta de pistolas y fusiles, en las universidades.

Las células terroristas fueron mutando y añadiendo métodos a su menú de tortura y aniquilación. Muchas veces las personas eran arrestadas en su domicilio o en la vía pública por hombres que exhibían credenciales policiales, con o sin uniformes, para luego aparecer cosidas a balazos. En otras oportunidades eran trasladados, encapuchados y esposados, en camionetas que rezaban: “Ministerio del Interior” o “Sec. Inteligencia”. Los llevaban al Ministerio de Bienestar Social y allí los torturaban, los golpeaban o les aplicaban picana eléctrica. Estas técnicas, los secuestros y desapariciones forzadas, se volverían las estrategias represivas paradigmáticas y cotidianas a partir del golpe de Estado del 24 de marzo del 76.

En el repertorio también se incluyeron bombas, fusilamientos, violaciones y asesinato de las mujeres de los blancos principales. El exterminio de familias completas a modo de “escarmiento”. Era más que la entrada en calor para lo que vendría poco —muy poco— después.

Entre 1973 y 1976 estos escuadrones de la muerte asesinaron a mil o dos mil personas —no existe cifra exacta porque a nadie le interesó saber—. Los seis cadáveres que enumeraba La Nación el 22 de marzo bajo subtítulos como “Otro cuerpo acribillado”, “Uno más”, estaban entre ellos. Para decepción de todos, o de muchos, o de algunos, no era sorpresa de nadie, o de casi nadie.

Eran cinco hombres y una mujer, habían sido hallados “en las últimas horas”, eran “víctimas de atentados, en diversos lugares del Gran Buenos Aires”. En San Vicente, los cuerpos de dos hombres jóvenes aparecieron en un camino de tierra con “numerosas heridas de bala” y las manos atadas en la espalda. En Tigre, en una de las riberas del río Luján, un hombre de unos 45 años y una mujer de unos 25 con “varias heridas de bala de diversos calibres”. En Don Torcuato, entre la Panamericana y la calle Belgrano, un hombre joven “con heridas de escopeta Ithaca y en estado de descomposición”. En Avellaneda, en un baldío, un hombre “con numerosos impactos de bala”. En todos los casos “la policía procura identificarlos”. Lo que no dice el diario es que la policía hacía parte de los asesinos.

De esa nueva tanda de muertos encontrados, sobresale el último del que habla La Nación con el subtítulo: “Asesinan a un internado”. Lo que había sucedido en Bahía Blanca, una de las localidades en las que la represión cosechó fieles y operó con fiereza desatada y sobredosis de plomo, era esto: cinco “individuos” encapuchados —estos, para el diario, no eran extremistas, ni locos, ni elementos subversivos, solo individuos— entraron por la fuerza a un hospital, redujeron al personal de guardia y asesinaron a un hombre que estaba internado. Y, como estaba internado, acá sí hay nombre. La víctima era “Néstor Del Río, argentino, de 37 años, empleado no docente de la Universidad Nacional del Sur”. Estaba en el Hospital Municipal, malherido y convaleciente, porque días antes “un grupo de desconocidos intentó secuestrarlo en su domicilio del barrio Comahue”. Los vecinos habían salido a socorrerlo y evitaron que se lo llevaran, aunque no que antes lo golpearan y lastimaran. En la madrugada del 22, los matones del pueblo se metieron en el hospital para finalizar lo que habían empezado.

Los “individuos”, “desconocidos”, “encapuchados”, mataban a destajo: a quien quisieran, a los testigos casuales, a quienes les ordenaban y a quienes no pero ya que estamos, también. Después, sus colegas, a los que en muchos casos respondían, los integrantes de las Fuerzas Armadas, se paraban frente a los micrófonos y las cámaras a decir que eran la última reserva moral del continente, que el terrorismo y la violencia estaban descontrolados y que hacía falta tomar medidas drásticas. De hierro. Cortar de raíz.

El asesinato de Néstor Del Río a manos de la Triple A y una justicia que llegaría 36 años después

La madrugada del 17 de marzo de 1976 Pablo Del Río, hijo mayor de Néstor Del Río, se despertó sobresaltado, como arrancado de un sueño.

—Pedazo de hijo de puta.

El elogio era para su padre. Lo estaban secuestrando.

Mariela Andrea Del Río, la hija del medio, despertó con el sonido de una explosión, escuchó tiros, gritos, y vio la puerta de su casa rota y cómo su padre era llevado a la rastra mientras su madre y su hermanita de apenas meses, lloraban.

Desde 1974 Bahía Blanca era tierra caliente: sectores de la derecha peronista y de la Universidad Nacional del Sur (UNS) actuaban en colaboración con la Triple A y algunos sectores gremiales en la persecución de docentes, estudiantes y sindicalistas de izquierda, bajo el ala —de hecho, con el impulso— del Gobierno nacional.

Aquella madrugada había habido varias operaciones terroristas en la ciudad. Entre ellas, le había tocado el turno a los monoblok del barrio Comahue, donde vivían varios miembros de la comunidad universitaria. Después de ingresar a la fuerza al departamento de Carlos Gregorio Martiarena, licenciado en Economía y profesor de la UNS —quien no estaba en su casa— e irse dejando a su mujer aterrorizada, cerca de las 2:45, un grupo armado irrumpió en el número dos del monoblok 6, donde vivía la familia Del Río. Se identificaron como “personal de Interfuerzas” y arrancaron a Néstor de su cama y de su casa. Como oponía resistencia y el tole tole había empezado antes en el departamento del profesor, los vecinos salieron en su ayuda y lo protegieron. La patota no tuvo más opción que desistir. Lo tiraron en una zanja, inconsciente y malherido. Poco después era trasladado al Hospital Municipal, donde lo internaron en Neurocirugía.

Néstor Del Río trabajaba en la Universidad Nacional del Sur desde los 25 años. Había ingresado en 1964 como obrero y personal de maestranza del Departamento de Química e Ingeniería Química y, con los años, había desempeñado diferentes puestos. Además de su trabajo como no docente, en la universidad defendía los derechos laborales de sus compañeros y compañeras. Su participación en los paros, reclamos y actividades del gremio le habían valido apercibimientos en diferentes ocasiones.

Su compromiso con la actividad gremial lo condujo a integrar la Comisión Directiva de la Asociación de Trabajadores de la Universidad Nacional del Sur (ATUNS), lo que lo colocó en la mira de la Dirección de Inteligencia de la Policía de la Provincia de Buenos Aires (DIPPBA). Su nombre comenzó a aparecer, en los informes de este organismo, asociado a la Juventud Universitaria Peronista, a Montoneros y al Partido Comunista.

En abril de 1975 Néstor José Del Río, su mujer y medio centenar de trabajadoras y trabajadores no docentes fueron cesanteados de la universidad por una resolución del rectorado. Aunque gracias a la lucha de una nueva Comisión Directiva de ATUNS, apoyada por la CGT, lograron que en el mismo mes se los reincorporara. Del Río, como sus compañeros, ya estaba marcado.

Cuando llegó herido al Hospital Municipal el 17 de marzo del 76, después del intento de secuestro, lo revisó un médico policial bajo orden judicial: tenía un fuerte golpe en la cabeza causado “con un elemento contundente” y pérdida de conocimiento.

Cuatro días después, el 21 de marzo, cuando empezaba a reponerse de las heridas, dos personas con la cara tapada irrumpieron en el hospital a la madrugada, redujeron a los médicos y enfermeras de guardia, las obligaron a conducirlos hasta Néstor Del Río y a tirarse al piso. Después, el estruendo de las balas. La huida. Habían ido a terminar lo que los vecinos que lo protegieron no les habían permitido hacer días atrás.

La Policía hizo la mímica de actuar en consecuencia: redactó un sumario, lo trasladó al juez

en lo Penal, Francisco Bentivegna, quien caratuló la causa como “homicidio calificado, privación ilegítima de la libertad, intimidación pública, violación de domicilio y agresión”. A dos días del golpe el caso sería trasladado de tribunal y, poco después, con la dictadura reinando a punta de picana y bala, sobreseído de forma provisional, es decir: se detuvo dejando abierta la posibilidad de reabrirlo en algún momento.

Ese algún momento llegaría una década después. La justicia demoraría aún más.

En 1985, con la democracia de vuelta en este cielo, se reabrió la causa en el Juzgado Federal N°1, pero en 1987 el juez se declaró incompetente y la remitió al Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas, como lo estipulaban las leyes del Código de Justicia Militar.

Treinta y seis años después de su muerte llegaría la justicia real para Néstor José Del Río, cuando finalizó, en 2012, el primer juicio por delitos de lesa humanidad en Bahía Blanca.

La sentencia de la Causa N° 982, con carátula “Bayón Juan Manuel y otros s/privación ilegal de la libertad agravada, reiterada, aplicación de tormentos reiterada, homicidio agravado, reiterado a Bombara, Daniel José y otros en área del Cuerpo Ejército V”, condenaba al Jefe del Departamento III de Operaciones del Comando V de esa ala de la Fuerza, el teniente coronel Juan Manuel Bayón, a prisión perpetua por considerarlo “coautor mediato” de una larga lista de delitos —como “privación ilegal de la libertad agravada por el empleo de violencia con tormentos”— infligidos a una larga lista de víctimas. Y en el caso de Néstor Del Río —y otros— por “homicidio calificado por alevosía, haber sido cometidos con el concurso premeditado de dos o más personas y con el fin de lograr la impunidad”.

En ese juicio se investigaron los crímenes de lesa humanidad perpetrados a noventa personas en Bahía Blanca, la mayoría de ellos militantes de Montoneros, de la Juventud Peronista (JUP) y la Unión de Estudiantes Secundarios (UES). El tribunal que dictó sentencia condenó a once miembros del Ejército y a tres integrantes de la Policía Federal a cadena perpetua; y a 17 y 18 años de prisión a otros dos imputados por su responsabilidad en los delitos de privación ilegal de la libertad, aplicación de tormentos y homicidios.

Pero para el 22 de marzo de 1976 nada de esto —la causa, la justicia— había comenzado. La impunidad se relamía los bigotes mientras esperaba, ansiosa, otro comienzo.