Reaparece empresa felixista Sol Yucatán

• Un proveedor que operó durante el sexenio de Félix González Canto en Quintana Roo reaparece con una empresa de capital mínimo y antecedentes cuestionados. Fue contratado por el INCAY.

• Freddy Ismael Chan Dzib obtuvo en 2025 un contrato por 4.45 millones de pesos para reconstruir el camino Kambul–Mesatunich, obra anunciada por el INCAY y el gobernador, pero que hasta hoy no ha sido entregada ni formalmente concluida.

• El camino Kambul–Mesatunich sigue siendo, al menos en los papeles públicos, un camino fantasma.

Redacción/Sol Yucatán

Durante más de una década, el nombre de Freddy Ismael Chan Dzib permaneció fuera del foco público. Sin embargo, en 2025 volvió a aparecer en los registros oficiales, ahora en Yucatán, ligado a una obra carretera anunciada como emblema de desarrollo social, pero que, hasta la fecha, no ha sido formalmente entregada ni declarada concluida. No se trata de un personaje nuevo ni de una historia aislada, sino del reciclaje de un proveedor con antecedentes documentados en otra entidad y en otra época política.

Chan Dzib fue proveedor del Gobierno de Quintana Roo durante los años 2008 y 2009, periodo que coincidió con la administración del entonces gobernador Félix González Canto. En ese lapso firmó dos contratos que, en conjunto, superaron los 10 millones de pesos, ambos relacionados con el suministro e instalación de pendones. El dinero fue cobrado.

La evidencia pública de la entrega del material nunca apareció. Ese vacío marcó su paso por la nómina de proveedores de un sexenio ampliamente cuestionado por el uso discrecional de los recursos públicos y por la proliferación de contratos de difícil comprobación.

Tras ese episodio, el nombre de Chan Dzib desapareció del radar mediático. Años después, reapareció en Yucatán como socio mayoritario y administrador único de Construcciones Electromecánicas Magaña, S.A. de C.V., una empresa constituida en 2010 con un capital social mínimo de 50 mil pesos, pero con un objeto social tan amplio que le permite competir por prácticamente cualquier obra pública imaginable, desde caminos y carreteras hasta telecomunicaciones, fraccionamientos y estructuras metálicas.

Un perfil empresarial que especialistas en contratación pública suelen identificar como típico de compañías diseñadas para adaptarse al contrato disponible, no para desarrollar una especialidad técnica.

En septiembre de 2025, esa empresa fue beneficiada con el contrato GE-INCAY-OB-LP-JUR-012-2025, otorgado por el Instituto de Infraestructura Carretera del Estado de Yucatán (INCAY) para la reconstrucción del camino Kambul–Mesatunich, en el municipio de Motul. El monto ascendió a 4 millones 450 mil pesos, con un anticipo del 30 por ciento y un plazo de ejecución de 60 días naturales, del 19 de septiembre al 17 de noviembre de 2025.

El anuncio de la obra fue ampliamente difundido. El entonces director general del INCAY, Ángel Antonio Pérez Medrano, encabezó el anuncio oficial, mientras que el gobernador Joaquín Díaz Mena la presentó como una acción de justicia social para comunidades rurales históricamente rezagadas.

A la fecha no existe acta pública de entrega-recepción. No se ha difundido el finiquito de la obra, ni la estimación final, ni la bitácora de cierre. En términos administrativos, el expediente permanece abierto. En términos políticos, el silencio contrasta con la promoción inicial del proyecto. En términos financieros, la falta de documentos impide confirmar que el anticipo fue amortizado y que los trabajos se ejecutaron conforme a lo contratado.

El caso resulta especialmente incómodo cuando se observa en perspectiva. Durante el sexenio de Félix González Canto, los contratos por pendones firmados por Chan Dzib también fueron presentados como servicios cumplidos, pese a que nunca hubo constancia pública de su materialización.

Hoy, en Yucatán, el patrón se repite: un proveedor con antecedentes cuestionados, una empresa de capital mínimo, una obra anunciada que concluiría en 60 días y un expediente que no termina de cerrarse.

La reconstrucción del camino Kambul–Mesatunich fue planteada como una obra de impacto social. Sin embargo, la ausencia de documentos que acrediten su conclusión convierte el proyecto en algo más que una carretera pendiente. Se convierte en un símbolo del reciclaje de viejos nombres bajo nuevos gobiernos, de empresas que transitan de un estado a otro y de prácticas administrativas que sobreviven al cambio de discurso político.

En el sureste mexicano, los sexenios pasan, los colores cambian y los discursos se renuevan, pero algunos proveedores permanecen. Aparecen en una entidad, desaparecen durante años y regresan en otra, siempre ligados a contratos públicos, siempre envueltos en vacíos documentales. Freddy Ismael Chan Dzib es uno de esos nombres.

El camino Kambul–Mesatunich sigue siendo, al menos en los papeles públicos, un camino fantasma. No por su inexistencia física, sino por la ausencia de los documentos que deberían acreditar que el dinero público se transformó en obra terminada. Y cuando eso ocurre, el problema ya no es la carretera, sino el modelo que permite que historias del pasado regresen intactas al presente.

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