Un 0 km con fallas en el aire y un servicio técnico sin soluciones: la Justicia admitió la demanda de una familia Infobae
La Justicia civil y comercial de La Plata resolvió una demanda por daños y perjuicios que tuvo como eje central la venta de un automóvil cero kilómetro con fallas en el sistema de aire acondicionado. El fallo declaró la responsabilidad solidaria de las empresas involucradas y estableció el pago de indemnizaciones a favor de los compradores, quienes habían denunciado numerosos incumplimientos en la reparación del vehículo.
El caso se inició cuando una pareja adquirió en una concesionaria local un vehículo nuevo, entregando un automóvil usado como parte de pago y abonando la totalidad del monto exigido. La operación, que tuvo lugar en julio de 2022, incluyó la entrega de una factura oficial y la extensión de la garantía correspondiente por parte de la fabricante.
Según consta en el expediente, los compradores detectaron desperfectos en el aire acondicionado y en la cerradura del portón trasero apenas retiraron el vehículo. Estos problemas quedaron registrados tras las primeras revisiones realizadas en el servicio técnico autorizado, donde incluso se constató la ausencia de una pieza esencial del sistema de climatización.
Las revisiones técnicas, realizadas en distintas fechas entre agosto de 2022 y abril de 2023, no lograron solucionar los inconvenientes. Durante ese periodo, la garantía del vehículo se encontraba plenamente vigente. Los propietarios se vieron forzados a dejar el auto en el taller en reiteradas oportunidades, sufriendo molestias y gastos adicionales ante la falta de una respuesta definitiva por parte de las empresas vendedora, fabricante y de servicio técnico.
Uno de los episodios relatados en la demanda tuvo lugar en diciembre de 2022, cuando los defectos del aire acondicionado provocaron una situación de riesgo durante un viaje, al impedir desempañar los cristales del vehículo. La pareja sostuvo que estas circunstancias constituyeron un incumplimiento de las obligaciones de garantía, reparación e información, y reclamó una suma estimada en más de doce millones de pesos como resarcimiento.
En su presentación, los demandados rechazaron los hechos y negaron la existencia de desperfectos en el vehículo. Argumentaron que las intervenciones técnicas se realizaron conforme a los protocolos de la marca, y que el sistema de climatización fue reparado en abril de 2023. También señalaron que las demoras en la obtención de repuestos se debieron a restricciones impuestas a la importación de autopartes durante los años 2022 y 2023.
El expediente detalló que la concesionaria no respondió a la demanda en tiempo y forma, por lo que el tribunal aplicó la presunción legal que permite tener por ciertos los hechos pertinentes y lícitos invocados por los demandantes, salvo prueba en contrario. La causa recibió la intervención del Ministerio Público Fiscal, en resguardo de los derechos de los consumidores y usuarios.
El proceso incluyó la producción de prueba documental, testimonial y pericial. Entre las pruebas más relevantes se destacó un informe mecánico realizado por un ingeniero matriculado, quien inspeccionó el vehículo en agosto de 2024. El perito constató que el sistema de climatización funcionaba correctamente al momento de su intervención, pero también verificó la reiteración de ingresos al servicio técnico por el mismo desperfecto desde pocos días después de la entrega.
El fallo valoró el informe pericial y las audiencias testimoniales, en las que testigos acreditaron que el vehículo se utilizó exclusivamente con fines personales y familiares. El tribunal concluyó que el vínculo entre las partes configuró una relación de consumo, lo que habilitó la aplicación de la Ley de Defensa del Consumidor y la normativa provincial respectiva.
Con relación a la defensa basada en restricciones de importación, la sentencia determinó que no se acreditó de manera concreta que las demoras en la reparación fueran consecuencia directa de medidas oficiales inevitables. Las pruebas aportadas por las empresas, consistentes en artículos periodísticos y manifestaciones genéricas, no resultaron suficientes para eximirlas de responsabilidad.
El tribunal consideró que el incumplimiento de las obligaciones de garantía y servicio postventa quedó demostrado. La reiteración de fallas en el sistema de aire acondicionado y la falta de una solución eficaz durante la vigencia de la garantía afectaron el uso normal del bien y vulneraron los derechos de los consumidores.
El juez descartó la pretensión de resolución contractual solicitada por los demandantes, ya que el defecto fue reparado dentro del período de garantía y el vehículo mantuvo su funcionalidad. No obstante, admitió los reclamos de daño moral y daño punitivo, al entender que existió un incumplimiento parcial y temporario de las obligaciones legales y contractuales.
Para cuantificar el daño moral, el tribunal tuvo en cuenta las incomodidades padecidas por los demandantes, las gestiones administrativas y judiciales realizadas, y la afectación a la tranquilidad personal de los compradores. El monto de esta indemnización se fijó en quinientos mil pesos para cada uno de los accionantes, a valores actualizados a la fecha de la sentencia.
Respecto al daño punitivo, la sentencia aplicó una multa civil con fundamento en la Ley de Defensa del Consumidor. El criterio adoptado por el magistrado se basó en la finalidad sancionatoria de la norma y la existencia de incumplimiento comprobado, sin requerir la demostración de un grave reproche subjetivo. Se estableció una suma de dos millones de pesos, a razón de un millón para cada integrante de la pareja reclamante.
El daño punitivo es una pena civil prevista en la Ley de Defensa del Consumidor, aplicable cuando el proveedor incurre en una conducta grave y reprochable, con desprecio por los derechos del consumidor.
El fallo impuso a las empresas demandadas la obligación de abonar los montos fijados en concepto de daño moral y daño punitivo en un plazo de diez días desde que la resolución adquiera firmeza. Además, ordenó la aplicación de intereses y mecanismos de actualización monetaria, de acuerdo con la doctrina legal vigente en la provincia de Buenos Aires.
En cuanto a los accesorios, la sentencia dispuso que sobre el monto correspondiente al daño moral se aplicará una tasa pura del seis por ciento anual, desde la fecha de entrega del vehículo hasta el dictado de la sentencia, y luego la actualización conforme al coeficiente de estabilización de referencia más una tasa adicional de igual porcentaje hasta el pago efectivo.
Sobre el daño punitivo, se determinó que los intereses correrán desde el eventual incumplimiento del pago, con la tasa pasiva más alta en operaciones a treinta días del Banco de la Provincia de Buenos Aires. El tribunal reservó la regulación de honorarios y la eventual aplicación del artículo 730 del Código Civil y Comercial de la Nación para etapas posteriores.
El proceso judicial incluyó la intervención de diversos testigos y peritos, así como la producción de informes de organismos y empresas vinculadas con el sector automotor. Algunas de las pruebas ofrecidas no llegaron a incorporarse al expediente por falta de impulso de las partes o por desestimación judicial.
La sentencia, firmada por el titular del Juzgado en lo Civil y Comercial n.° 9 de La Plata, puso fin a una controversia que se extendió durante más de tres años y atravesó distintas instancias procesales. El fallo remarcó la importancia de garantizar los derechos de los consumidores frente a incumplimientos en la cadena de comercialización y posventa de bienes.
El juez fundamentó su decisión en principios constitucionales y en la normativa específica de protección al consumidor, otorgando especial relevancia al deber de información, la garantía de idoneidad del bien y la obligación de brindar una respuesta adecuada en tiempo y forma ante los reclamos de los usuarios.